Los conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros deberán obtener una licencia profesional y pagar seguros

Un sorpresivo fallo de la Justicia porteña movilizó a los conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, DiDi y Cabify, quienes ahora deberán obtener una licencia profesional y pagar seguros, con el objetivo de regular la actividad y equiparar las obligaciones con los taxistas.

El fallo histórico fue resuelto por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un conflicto entre el Sindicato de Peones de Taxis, el gobierno porteño y representantes de conductores y usuarios de Uber.

Transporte: los costos subieron 2,42% en abril, pero desaceleraron tras el pico de marzo

La resolución de la Justicia porteña pone en peligro a los choferes de las aplicaciones de transporte, dado que, hasta el momento, los conductores y usuarios alegaban que era un "transporte privado" regido por el Código Civil y Comercial, por lo que no debía adherir a las regulaciones del transporte público.

La Cámara porteña rechazo la postura de las aplicaciones de transporte y determinó que, frente a la ausencia de una regulación específica, la actividad de viajes por plataformas digitales constituye un tipo de transporte de pasajeros, por lo que debe cumplir con las normativas indicadas para el rubro.

Desde la Justicia se definió a la actividad de las plataformas digitales como el traslado de personas mediante un vehículo a cambio de una prestación económica, por lo que se definió que esta puede encuadrarse dentro de las definiciones del Código de Tránsito y Transporte de CABA.

Los jueces que dictaron el fallo citaron jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual indicó que Uber forma parte de un servicio global de transporte y no es solo una aplicación o servicio de la "sociedad de la información".

"La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y sostuvo que la actividad desarrollada por Uber y otras plataformas constituye mientras no exista una regulación específica- un verdadero servicio de transporte de pasajeros sujeto al poder de policía local", se indicó en el fallo.

El objetivo de la decisión de la Justicia porteña es para equiparar los requerimientos del servicio a las exigencias que tienen los taxis y remises, de modo que las aplicaciones no operen en un vacío legal que les permita eludir los estándares de seguridad que deben presentar servicios similares.

Cómo ahorrar en el transporte público en mayo: los descuentos de la Red SUBE tras los aumentos

"No puede admitirse que taxis y remises soporten fuertes cargas regulatorias -licencias profesionales, seguros especiales, habilitaciones y controles- mientras las plataformas operen 'de facto' sin cumplir ninguno de esos requisitos, generando una afectación al "equilibrio" entre los distintos prestadores del servicio", se remarcó.

Según lo decidido por el tribunal, hasta que no haya una nueva regulación, los conductores de plataformas deberán contar con licencia de conducir tipo profesional y seguros específicos para el vehículo, el conductor, los pasajeros y responsabilidad civil, al igual que lo indica el sistema vigente para taxis y remises.

Los jueces cuestionaron el gobierno porteño por permitir una "apariencia de regularidad" en las plataformas, argumentando que estas operan sin control sobre los prestadores y que tuvieron una conducta contradictoria al permitir publicidad de Uber en espacios públicos luego de haberla calificado de aplicación "clandestina".

Qué se le exige ahora a los conductores de Uber y otras aplicaciones de transporte de pasajeros

Dado que la Cámara dictó el fallo alegando que se afectaba el derecho a la igualdad de los taxistas, ante la falta de una legislación específica, la sentencia impuesta abarca tres cuestiones clave dentro del conflicto.

En primer lugar, mientras persista el desequilibrio, el tribunal definió que el gobierno porteño no podrá cobrar aranceles por trámites locales que los taxistas necesiten para operar regularmente, tales como renovaciones de licencias o transferencias.

Según la decisión de la Justicia, el Gobierno de la Ciudad deberá iniciar los procedimientos administrativos necesarios para determinar y perseguir el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas de transporte de pasajeros, dado que actualmente no están inscriptas ni pagan impuestos locales.

En el último punto los jueces determinaron que la administración porteña deberá fiscalizar la publicidad de las plataformas, como así también realizar campañas de difusión indicando que podrían estar viajando con conductores sin licencia profesional o sin los seguros obligatorios con los que cuentan los taxis y remises.

AS.