La vigilancia de Javier Milei y Jorge Macri: tecnología, millones y control del espacio público

La sintonía entre el gobierno de Javier Milei y el de Jorge Macri va más allá de una posible alianza electoral. A pesar de los roces políticos que hubo entre La Libertad Avanza y el PRO en territorio porteño, en materia de seguridad hubo una convergencia ideológica con la decisión de vigilar cada vez más el espacio público. Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, tanto el Estado Nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires estructuraron de manera conjunta reformas normativas y millonarias contrataciones de tecnología para impulsar un denso aparato de control y supervisión ciudadana. 

No se trata de interpretaciones, sino de un dato que se desprende del último informe de Amnistía Internacional. A través de pedidos de acceso a la información pública y del análisis de las adjudicaciones publicadas en los portales oficiales ComprAR y BA Compras, la organización concluyó que, en los últimos dos años, el Ejecutivo Nacional gastó al menos US$1,2 millones de dólares en la adquisición de tecnología para la vigilancia (software de rastreo de redes, reconocimiento facial y drones), mientras que el gobierno porteño destinó cerca de US$48 millones para robustecer la infraestructura física de su red de captación de imágenes públicas. 

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El informe, titulado “Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina”, advierte sobre los riesgos de implementar herramientas invasivas de control sin marcos normativos claros o auditorías independientes y transparencia. No solo se trata de dispositivos que no operan de forma neutral y que atentan contra la privacidad, la presunción de inocencia y el derecho a la igualdad, sino que también consolidan lo que se conoce como chilling effect (efecto inhibidor), una intimidación silenciosa que empuja a los activistas, a los periodistas y a los ciudadanos a la autocensura y al repliegue del espacio público por temor a ser identificados y perseguidos. 

En diálogo con PERFIL, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, sostuvo que “no se trata solo de decisiones separadas, sino que funcionan como un rompecabezas”. Cada contrato, cada adjudicación y cada decisión parece ir en un mismo camino: reforzar la vigilancia ciudadana. Según la experta, el avance sin control de estas iniciativas funciona como un “cheque en blanco” para el Estado y para las empresas, que tienen cada vez más cantidad de datos personales y biométricos de los ciudadanos. 

Los vigilantes: los funcionarios que más invirtieron 

Los "vigilantes" están concentrados en las áreas de seguridad e inteligencia. Según el informe, el Ministerio de Seguridad de la Nación es el principal comprador de este tipo de tecnologías. Adquirió de forma directa licencias de la plataforma de rastreo digital Maltego, 69 drones DJI (modelos Matrice 30 y Mavic 3T), 11 estaciones terrestres de control y servicios de información crediticia y patrimonial de la empresa NOSIS. La actual ministra Alejandra Monteoliva continuó los pasos iniciados por su sucesora, Patricia Bullrich. 

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En la órbita del ministerio, y bajo el mando de Antonio Javier Maza, funciona la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos (DCAC). En esta área se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), un organismo transversal diseñado para realizar patrullajes en plataformas digitales, procesar datos masivos y aplicar algoritmos de aprendizaje automático para la predicción de conductas delictivas. 

La Policía Federal Argentina (PFA), cuyo jefe es Luis Alejandro Rollé, funciona como la principal fuerza operativa nacional: a través de la reforma de su estatuto por decreto, se incorporaron nuevas estructuras de investigación y se la facultó oficialmente para realizar tareas de prevención en espacios públicos digitales y redes sociales abiertas sin necesidad de autorización judicial previa. Además de operar con drones compactos en las manifestaciones, según reveló el informe, los oficiales utilizan equipamiento que permite un zoom de alta definición para el posterior procesamiento y cotejo facial de las personas registradas. 

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), conducida por Cristian Auguadra, tiene un papel significativo en este esquema. La reforma del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) habilitó a la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) a llevar adelante una centralización masiva de datos personales entre agencias estatales bajo una estricta regla de secreto. 

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En suelo porteño, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Horacio Alberto Giménez, enfocó sus inversiones millonarias en sistemas para el registro visual de las calles. El organismo adquirió servicios de conectividad y la instalación de 850 puntos de captura (que sumaron 3.400 nuevas cámaras fijas y domos móviles de resolución 4K) y las autoridades declararon haber alcanzado una cobertura territorial del 82% en julio de 2025. 

La Policía de la Ciudad, además, cuenta con el Escuadrón de Drones del Departamento de Aviación Policial, el cual utiliza aeronaves como el DJI Matrice 200, equipado con un sistema de seguimiento automático para registrar y acompañar de forma remota los desplazamientos de vehículos o personas en la vía pública. El actual jefe de la fuerza es Diego Ariel Casaló.

De manera independiente a la administración central de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires adquirió en junio de 2025 sus propias licencias de Clearview AI mediante una contratación directa. 

Más que advertencias 

El Ministerio de Seguridad de la Nación adquirió Clearview AI de forma directa en octubre de 2025 por un monto de US$33.500 bajo el amparo del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC) y la Ciudad contrató el servicio en noviembre de ese mismo año dentro de un paquete de licencias de fortalecimiento forense digital y por el monto de US$828.916. 

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Ante la consulta de Amnistía, las autoridades porteñas alegaron que el programa "no se encuentra actualmente en uso" debido a las restricciones judiciales vigentes sobre el reconocimiento facial en la vía pública. 

El sistema Clearview AI ha sido cuestionado en múltiples países, acumula multas millonarias y órdenes de cese de operaciones en naciones europeas como Francia, Italia, Grecia, Austria y los Países Bajos por la explotación masiva e indiscriminada de datos biométricos sin consentimiento. 

La plataforma, que alimenta su algoritmo extrayendo más de 70 mil millones de imágenes de redes sociales, medios de comunicación y portales de internet, ha sido denunciada por facilitar detenciones arbitrarias (como el arresto de estudiantes en protestas de Estados Unidos) y por operar de manera transfronteriza y opaca. 

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En la Argentina, la utilización de bases de datos por parte del Estado fue objeto de distintas controversias. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, con el suspendido Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) (que funcionó entre 2019 y 2020). En el marco de un amparo colectivo impulsado por el CELS y el ODIA, una pericia informática constató que el gobierno porteño realizó casi 10 millones de consultas biométricas al ReNaPer, a pesar de que la base de datos de prófugos autorizados apenas contaba con unos 40 mil registros. El peritaje confirmó que 15.459 personas sin requerimiento judicial fueron incorporadas ilegalmente al motor de búsqueda del software, lo que derivó en múltiples detenciones erróneas de ciudadanos.

Frente a este escenario de creciente digitalización y opacidad, García Rey advierte que el peligro principal no radica en la incorporación de las herramientas técnicas, sino en el desmantelamiento de los límites legales e institucionales. "El problema real no es la tecnología, sino cuando le removés todos los resortes institucionales", sostiene. 

cp