Lemoine al frente de Juicio Político: Karina Milei asegura el control en comisiones clave

La Libertad Avanza se prepara para cerrar una pieza clave de su tablero interno en la Cámara de Diputados: Lilia Lemoine aparece como la elegida del oficialismo para presidir la Comisión de Juicio Político, el ámbito encargado de investigar al Presidente, ministros y jueces de la Corte.

La designación, que podría formalizarse en la reunión convocada para el próximo martes, no es un movimiento aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para blindar las comisiones sensibles del Congreso en un momento atravesado por la investigación del caso $LIBRA y con una oposición que perdió capacidad de daño parlamentario.

“Sería un honor. Estaré como siempre, a disposición. Pero yo no hablaría de la presidencia de una comisión no constituida (no soy como Pagano)”, respondió Lemoine a PERFIL, en una frase que no sólo confirma su disponibilidad sino que reactiva la interna que dejó en suspenso a la comisión durante dos años.

Un blindaje con mayoría propia

Más allá del nombre que encabece la comisión, el dato estructural es otro: el oficialismo tiene el control de las comisiones y puede bloquear cualquier iniciativa opositora allí.

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Según el reparto actual, la comisión —que tendrá 31 integrantes— cuenta con 13 diputados de La Libertad Avanza, 12 de UxP y al menos dos del PRO, además de aliados de bloques provinciales. Incluso con un miembro aún sin designar, fuentes parlamentarias confirmaron a este medio que el oficialismo va a alcanzar una mayoría de 16 votos, suficiente para manejar dictámenes y bloquear cualquier iniciativa adversa.

En ese esquema, nombres como Cristian Ritondo o Alejandro Finocchiaro se integran a un armado que, en la práctica, garantiza que ningún intento de juicio político avance sin el aval del Ejecutivo.

Un legislador opositor reconoció a PERFIL que el escenario es claro: las comisiones “ya no son un ámbito donde pueda prosperar una agenda alternativa” y cualquier iniciativa que no cuente con respaldo del Gobierno “queda paralizada desde el inicio”.

Esa lógica no se limita a Juicio Político. El oficialismo también retendrá la Comisión de Libertad de Expresión —que durante el último año tuvo escasa actividad pese a la acumulación de expedientes— y ahora quedaría en manos de un dirigente alineado con la Casa Rosada, en continuidad con el control que ejercía Emilia Orozco.

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El antecedente Pagano y una comisión en suspenso

La decisión de avanzar ahora con Lemoine también busca cerrar un capítulo abierto desde 2024. Ese año, en medio de tensiones internas, un sector de la oposición impulsó la designación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión con el respaldo del entonces jefe de bloque libertario, Oscar Zago. La maniobra derivó en una ruptura dentro del oficialismo y en un conflicto institucional que nunca se resolvió.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, desconoció esa reunión al sostener que había sido suspendida minutos antes, mientras que Pagano insistió en diálogo con PERFIL en que su designación estaba “reconocida por todos los miembros firmantes”.

El resultado fue una comisión que, en los hechos, nunca funcionó durante los dos primeros años de gestión. El reglamento, que no fija plazos para su constitución, le permitió al oficialismo sostener ese limbo institucional hasta contar con una correlación de fuerzas más favorable.

LIBRA, la presión opositora y el límite político

El relanzamiento de la comisión ocurre además en un contexto sensible: la investigación por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a funcionarios del Gobierno.

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Dentro de Unión por la Patria, algunos sectores impulsaron desde el inicio una estrategia de juicio político para determinar responsabilidades, aunque esa postura nunca fue unánime. Desde otros bloques opositores, en cambio, cuestionan esa decisión: “tuvieron la oportunidad de avanzar y no lo hicieron”, deslizan.

Lo cierto es que, más allá de esas diferencias, el escenario actual vuelve prácticamente inviable cualquier intento de avanzar en ese sentido.

Con más de un tercio de la Cámara y una red de aliados consolidada, el oficialismo no sólo puede bloquear una eventual acusación en el recinto —donde se requieren dos tercios—, sino también evitar que el proceso se active desde su etapa inicial en comisión.

JD / DCQ