La causa $LIBRA entró en una fase más incómoda para el Gobierno. A las nuevas revelaciones del expediente se sumó un dato que empieza a alterar el tablero: Diputados afina dos denuncias contra el fiscal que investiga el caso y se reactivan contactos en el exterior por la causa que tramita una denuncia colectiva en Estados Unidos, en medio de los cuestionamientos sobre el rumbo de la investigación en la Argentina.
Según pudo saber PERFIL, los diputados que integraron la comisión investigadora ultiman los detalles para presentar al menos dos denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano ante la Procuración General de la Nación que encabeza Eduardo Casal. Una de ellas apunta a un presunto entorpecimiento del trabajo del Congreso, luego de que el fiscal rechazara pedidos para que funcionarios del Poder Ejecutivo fueran llevados a declarar por la fuerza pública e impidiera que esos legisladores pudieran acceder al expediente con las pruebas que ahora se hicieron públicas. La otra, más grave, lo acusa de un posible encubrimiento de funcionarios, en referencia al presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y otros integrantes del entorno presidencial.
El malestar con la actuación judicial se profundizó tras la difusión de nuevos elementos del expediente, entre ellos registros de comunicaciones entre el empresario cripto Mauricio Novelli y funcionarios de primera línea del Gobierno. En ese contexto, dentro de la oposición sostienen que la causa no tuvo avances sustantivos desde su inicio: no hubo citaciones a indagatoria ni testimoniales, pese a la acumulación de pruebas.
Las críticas no son nuevas, pero escalaron en los últimos días. Durante el trabajo de la comisión investigadora, legisladores ya habían advertido dificultades para acceder al expediente y cuestionado la falta de articulación entre el Poder Judicial y el Congreso. Ese diagnóstico ahora se transforma en acción directa contra el fiscal a cargo de la causa.
El frente internacional se reactiva
De acuerdo a fuentes parlamentarias, los legisladores retomaron contactos con abogados que intervienen en causas vinculadas al caso en Estados Unidos. Ese vínculo, que se había enfriado en los últimos meses, volvió a activarse tras las filtraciones, aunque con un manejo reservado y sin una hoja de ruta pública sobre los próximos pasos.
El objetivo, según explican en la oposición, es doble. Por un lado, seguir de cerca la evolución del frente judicial en el exterior, que podría escalar a instancias penales a partir de nuevas pruebas, como la filtración de un contrato por cinco millones de dólares vinculado al desarrollo del token. Por otro, intentar delimitar responsabilidades para evitar que una eventual denuncia alcance al Estado argentino. Sin embargo, ese diagnóstico no es un dato confirmado sino una evaluación política de los propios legisladores, en medio de un escenario todavía incierto.
En ese marco, los diputados avanzan en el envío de documentación a querellantes extranjeros, incluida una copia del informe final de la comisión. Los contactos habían sido revelados por La Política Online y automáticamente desmentidos por algunos de los diputados de la comisión. "No quita que podamos retomar el contacto", habían advertido a este medio. Horas después, otros protagonistas de la causa parlamentaria terminaron reconociendo los acercamientos a PERFIL.
Milei en el centro de una cripto estafa
La reactivación de estos movimientos coincide con un endurecimiento del posicionamiento político sobre el caso. En las conclusiones difundidas recientemente, los legisladores sostuvieron que el presidente Milei tuvo un rol central en los hechos investigados, al punto de considerarlo “partícipe necesario” de la maniobra.
Esa definición retoma lo planteado en el informe final aprobado en noviembre del año pasado, que ya había advertido sobre la posible responsabilidad política de funcionarios del Ejecutivo en el lanzamiento del token.
Sin embargo, más allá de las definiciones políticas, el foco inmediato está puesto en el rumbo de la causa judicial. La eventual salida de Taiano aparece como un punto de inflexión para un sector de la oposición, que busca reencauzar la investigación en el ámbito local mientras se prepara para un escenario en el que el caso $LIBRA termine dirimiéndose, al menos en parte, fuera del país.
En paralelo, en el Congreso persisten las dificultades para avanzar con nuevas medidas —como una segunda etapa de la comisión investigadora o interpelaciones a funcionarios— ante la resistencia del oficialismo y sus aliados. El caso, lejos de cerrarse, entra en una fase más compleja: combina presión política, incertidumbre judicial y un frente internacional que empieza a asomarse.
JD / ds
