En el Gafi, organismo antilavado

Mahiques y Lijo en París: un viaje signado por la rosca y el rediseño de la Justicia

El ministro de Justicia y el juez federal, que debe definir en una de las causas que involucran al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, formaron parte de las jornadas del GAFI, el principal organismo antilavado. Se conocieron hace tiempo en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. El magistrado fue uno de los candidatos del oficialismo a la Corte Suprema, pero su pliego no avanzó en el Senado. Hoy tramita dos de los expedientes judiciales que más dolores de cabeza le generan al Gobierno.

En Francia. Mahiques y Lijo acompañados, entre otros, por Sebastián Casanello, Tomás Rodríguez Ponte y el titular de la UIF, Matías Álvarez. Foto: cedoc

Recepciones diplomáticas, reuniones técnicas y cenas en París. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, compartió durante toda la semana alojamiento y agenda en la capital francesa con el juez federal Ariel Lijo, el magistrado que debe definir en las próximas semanas si avanza o no con una investigación incómoda para el Gobierno: la posible citación a indagatoria del jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del crecimiento exponencial de su patrimonio. En la delegación también estuvieron el juez Sebastián Casanello, el funcionario judicial Juan Tomás Rodríguez Ponte -que concursa para ser magistrado en Lomas de Zamora y está a cargo de las escuchas judiciales de la Corte- y otros once integrantes. 

El juez debe definir si cita a Adorni por el crecimiento exponencial de su patrimonio

La delegación compartió hotel en la Avenue Marceau en París, ciudad a la que llegaron para participar del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo del G7 que busca combatir el lavado de activos y evitar el financiamiento del terrorismo.

Mahiques y Lijo se conocen desde hace tiempo de trabajar en los tribunales de Comodoro Py, espacio que también transitó el viceministro de Justicia, Santiago Viola. Pero el vínculo no se queda ahí: Lijo fue el candidato del Gobierno a la Corte Suprema, aunque luego no logró los votos para aprobar su pliego en el Senado. Su postulación se presentó el 15 de abril de 2024 y casi un año después, el 3 de abril de 2025, la Cámara alta lo rechazó. El Ejecutivo decidió atar la suerte de Lijo a la del otro candidato, Manuel García Mansilla, un académico que generó reticencias en los distintos sectores de la oposición. Al final, desde la renuncia de Juan Carlos Maqueda el Máximo Tribunal quedó con tres integrantes, y el oficialismo no volvió a presentar pliegos con sus nombres.

En una foto institucional difundida por el Ministerio de Justicia de una actividad en Paris que los reunió este miércoles posan, además de Mahiques, Lijo y Casanello; el embajador de Argentina en Francia, Ian Sielecki; el nuevo presidente del GAFI, Giles Thompson; Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial; y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.

Además de las reuniones de esta semana en la capital de Francia y el vuelo de regreso, Mahiques y Lijo compartirían un deseo: ocupar la silla del Procurador General, jefe de los fiscales, que desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, ocupa “interinamente” Eduardo Casal. Para nombrar procurador, así como jueces de la Corte, se requiere una mayoría calificada: dos tercios de los votos en el Senado.

Lijo, además, está al frente del juzgado donde tramitan dos de las causas que más dolores de cabeza le generan al oficialismo: la que investiga la presunta trama de corrupción en torno a la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estaba a cargo de Diego Spagnuolo, y el expediente que investiga por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni, cada vez con menos apoyos en el oficialismo.

Ambos comparten un deseo: ocupar la silla del Procurador General, jefe de los fiscales

Mahiques viajó a París con una victoria en su haber: hace 10 días se aprobaron más de 70 pliegos judiciales en el Senado para integrar un Poder Judicial que tiene un 30% de sus cargos vacantes, entre juzgados, fiscalías y defensorías.

Este miércoles, el ministro se reunió en una bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028. “Se destacó la participación de representantes del Poder Judicial en la delegación argentina ante el GAFI y el valor que pueden aportar jueces y funcionarios judiciales para fortalecer la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas”, aseguró el comunicado que difundió el Ministerio de Justicia.

Una fuente cercana a la delegación que ya viajó en otras oportunidades a estos encuentros, señaló a PERFIL que “es importante mostrar que hay una política de Estado (sin distinción de gobierno) comprometida en respetar los estándares internacionales en el combate del lavado de activos”.

Según el parte oficial del ministerio, Mahiques, durante esta semana en París, “reafirmó el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, así como con la profundización de la cooperación internacional y la articulación interinstitucional”.

El ministro viajó con una victoria en su haber: hace 10 días se aprobaron más de 70 pliegos

También firmó un convenio con la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia (ENM) para “promover el desarrollo de capacidades técnicas, el intercambio de experiencias sobre la implementación del sistema acusatorio y la capacitación de operadores judiciales en áreas como ciberdelito, delincuencia económica y financiera, lavado de activos y crimen organizado transnacional”. 

Mantuvo reuniones con Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, para hablar del proceso de adhesión de la Argentina al organismo y de “los avances” en la evaluación del Grupo de Trabajo sobre Soborno Transnacional de la OCDE y con 

Olivier Christen, Procurador Nacional Antiterrorista de Francia y titular del Parquet National Antiterroriste (PNAT), sobre la cooperación entre ambos países en la persecución del terrorismo. La delegación argentina además, mantuvo una reunión con la Presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo.

La Argentina fue sometida a una evaluación integral a fines de 2024. Dentro de las observaciones realizadas por el GAFI figuraba la necesidad de fortalecer las investigaciones vinculadas al lavado de activos, especialmente aquellas relacionadas con hechos de corrupción, movimientos financieros informales y operaciones sospechosas en el mercado inmobiliario. 

En esta ocasión el GAFI no evaluó a la Argentina, que solo participó como país miembro

También se señaló la baja cantidad de condenas obtenidas en comparación con los riesgos detectados. Temas que hoy sacuden al gobierno.

Fuentes cercanas a la delegación nacional informaron a PERFIL que en este plenario en particular no se evaluó a la Argentina, sino que el país participó de las exposiciones y debates como miembro del GAFI.

 

Críticas a la limitación en la elección de jueces

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hijo y hermano de integrantes del Poder Judicial, está impulsando cambios fuertes en el sistema de administración de justicia. Este martes firmó junto al presidente Javier Milei un decreto que limita, para la elección de jueces de la Corte Suprema, el escrutinio público sobre los candidatos y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer magistrados.

El decreto modifica el 222/2003 firmado por Néstor Kirchner a pocos días de asumir la presidencia, que obligaba al Gobierno a publicar los antecedentes de los candidatos a la Corte Suprema y abrir un período para que ciudadanos, organizaciones y universidades presenten apoyos u objeciones. Para el Ejecutivo, ese procedimiento “que incluye la publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas (...) ha devenido en una duplicación de instancias”, según el decreto 467/2026.

Diferentes ONG denunciaron que esta medida es un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la calidad democrática. “Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”, reclamaron en un comunicado conjunto Amnistía, el CELS, ACIJ e INECIP, entre otras organizaciones de la sociedad civil.