Sumó un capítulo clave la investigación judicial por presuntas maniobras irregulares y cobro de coimas vinculadas al antiguo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y a diversas agencias de cambio. Ante la falta de respuestas contundentes por parte del entre recaudador, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de medidas de alto impacto que incluyen citaciones a altos funcionarios y el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de los principales empresarios y sociedades salpicadas en el expediente.
La decisión de avanzar con estas medidas se aceleró luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitiera informes que la fiscalía consideró “insuficientes” para esclarecer el funcionamiento del andamiaje aduanero. Por este motivo, la Justicia citó a declarar como testigos a dos subdirectores de ARCA, quienes deberán explicar bajo juramento la operatoria interna del sistema de comercio exterior y el rol exacto de los agentes encargados de aprobar o trabar los trámites de importación. En la misma línea, fueron convocados los despachantes de aduana involucrados en las operaciones bajo la lupa.
La fiscalía apunta directamente a desarmar la estructura financiera de la presunta red ilegal. Para ello, Picardi solicitó formalmente al juez del caso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo —así como los alcances previstos en la Ley de Lavado de Activos— sobre figuras centrales y de alto perfil vinculadas a las entidades financieras investigadas.
Entre las personas alcanzadas por la solicitud se encuentran Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra. La misma medida patrimonial fue requerida para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados en la causa como supuestos responsables de “acelerar” de manera irregular los permisos SIRA a cambio del cobro de comisiones ilegales.
Asimismo, el pedido de apertura de cuentas y registros impositivos recayó sobre la firma Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en escuchas y chats de la causa en relación con el armado de una presunta “cuenta espejo” utilizada para desviar fondos.
El avance judicial busca también reconstruir el circuito físico del dinero y los reportes diarios de las operaciones. En ese marco, los tribunales convocaron a declarar a una empleada de la firma Arg Exchange S.A., sospechada de enviar informes periódicos con el detalle de las operaciones de divisas a Martín Migueles, uno de los nombres clave del expediente. Para dar volumen técnico a la sospecha de delitos financieros, la fiscalía amplió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El organismo tendrá la tarea de auditar los sumarios cambiarios del Banco Central, reconstruir el perfil patrimonial y transaccional de los imputados, rastrear el origen de los fondos mediante agentes de bolsa e identificar a los beneficiarios finales de las maniobras.
