Mantener los argumentos y abogados, clave en la resolución del fallo de YPF

La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska en contra de la expropiación de YPF y sentenció a favor de Argentina. Así, el efecto inmediato es que el país no deberá pagar US$ 16 mil millones que se habían impuesto inicialmente por la jueza neoyorkina, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario, y un revés para la empresa de financiación de litigios Burford Capital, cuya acción en la bolsa se hundió más de un 40%.

La decisión de la Justicia de Estados Unidos estuvo dividida y resultó dos a uno a favor de la postura argentina. Los jueces revocaron la decisión del tribunal de distrito por dos razones. En primer lugar señalaron que en el derecho argentino “los estatutos no crearon promesas bilaterales que generaran una obligación contractual por parte de la república frente a los demás accionistas de YPF, incluidos los demandantes”.

“Segundo, aun suponiendo que los Estatutos crearan un contrato bilateral, las reclamaciones de los demandantes por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato están excluidas por la ley pública de la República que rige la expropiación”, agregó el fallo.

Sebastian Maril, abogado de Latam Advisor y especialista en litigios internacionales, comparó en redes sociales la postura del gobernador bonaerense Axel Kicillof en aquel momento y que coincide con el argumento del fallo que se conoció ayer acerca que el estatuto de una empresa, en este caso YPF, “no puede estar por encima de la Ley Pública”.

El abogado Sebastián Soler expresó a Modo Fontevecchia que “este gobierno ha hecho una cosa que está bien: cuando llega, decide mantener el estudio jurídico que había sido elegido por el gobierno anterior para defendernos, que está haciendo un buen trabajo, el estudio Sullivan & Cromwell, mantener la conducción técnica de la Procuración —la directora nacional y la subdirectora siguieron siendo las mismas—, y mantener los argumentos de defensa”. El exsubprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández agregó que “Kicillof tenía razón” sobre el caso. Cabe recordar, que el actual equipo jurídico tomó la defensa argentina en 2020.

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. De esta manera, sostienen que Preska interpretó erróneamente la ley argentina.

“La Constitución argentina establece desde 1853 que la expropiación por razones de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada es un límite razonable a la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Existían razones de utilidad pública para expropiar YPF en 2012 mediante la sanción de la ley 26.741? Sin lugar dudas por una cuestión de soberanía en materia de hidrocarburos y el posterior desarrollo de Vaca Muerta es el mejor ejemplo de esto”, sostuvo el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez.

Pablo González, expresidente de YPF durante la gestión anterior, dijo a PERFIL que la Justicia estadounidense sostuvo que estuvo bien realizada la expropiación, “conforme a derecho”. “Fue la decisión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof recuperar la petrolera. Eso permitió desarrollar Vaca Muerta”, agregó.

Al respecto de la importancia de la expropiación de YPF,  el exministro de Economía, Martín Guzmán, expresó por redes sociales: “Sin capacidad soberana no hay política industrial. Y sin política industrial, Argentina no puede prosperar. La evidencia es clara: a partir de YPF se desarrolló Vaca Muerta. La balanza energética mejoró en casi US$ 15 mil millones en los últimos 13 años”. “Es muy valioso que el Estado argentino haya sostenido la misma postura en el juicio a lo largo de distintos gobiernos: la nacionalización (vía expropiación) se ajustó a derecho. La ley está por encima de los estatutos de una empresa”, concluyó.