El Senado realizará este jueves a las 11 una sesión maratónica para tratar una larga lista de proyectos. Tres de ellos podrían convertirse en ley: el de discapacidad, el de propiedad privada, que vuelve de Diputados con cambios, y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). También se votará la “Ley Joaquín”, sobre seguridad en espacios deportivos, y la apertura del cabotaje marítimo y fluvial.

Se trata de la primera de las tres sesiones que el oficialismo prevé en el Senado durante las últimas dos semanas del período ordinario. La segunda será el 25 de noviembre, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presente su informe de gestión. La tercera, el 26, cuando el Gobierno espera conseguir la media sanción de la reforma electoral. 

Uno de los ejes centrales va a ser la ley de discapacidad, que impulsó la oposición y después lo tomó el oficialismo, que además confirmó que se eliminaron del Presupuesto 2027 los artículos que afectaban al sector. Repite en gran parte los beneficios de la Ley 27.793, pero deja de lado su carácter de emergencia y transitorio, por lo que esas medidas pasan a ser permanentes.

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En cuanto a las pensiones, establece una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima. Para acceder será necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Quienes la cobren podrán mantenerla aunque tengan un empleo formal o estén inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. También tendrán acceso a la cobertura médica básica a través del programa Incluir Salud. Además, se fija un sistema para recuperar las pensiones que fueron suspendidas.

Para los prestadores, que venían reclamando por la falta de pagos, el proyecto crea un listado único de prestaciones y aranceles, que se actualizará de forma automática según la movilidad jubilatoria. Para las deudas que haya al momento de aprobarse la ley, se deberá fijar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y pagarlas en un plazo de 90 días.

El presupuesto del Ministerio de Salud para el área queda detallado, y el Tesoro deberá cubrir la diferencia si los fondos no alcanzan. El Gobierno también se compromete a que el ingreso de cada beneficiario no pierda poder de compra de un año a otro. Por otra parte, la Agencia Nacional de Discapacidad deberá hacer controles periódicos cruzando datos con ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. Podrá suspender de forma preventiva los beneficios ante incumplimientos claros, con aviso previo y restitución provisoria.

Con el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , consiguió un dictamen de mayoría sin modificaciones y dejó la ley lista para tratarse este jueves. Se espera que se apruebe con amplio apoyo, como ocurrió en Diputados. Durante la sesión habrá una movilización de personas con discapacidad frente al Congreso.

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El otro proyecto relevante es el de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que vuelve al Senado después de los cambios que le hizo Diputados. En agosto generó fuertes tensiones por la discusión sobre la ley de Tierras y la de Manejo del Fuego.

Finalmente, se descartaron las versiones anteriores del Senado, que primero permitían una venta casi libre de tierras a extranjeros y después la limitaban al 25%. También se eliminaron los cambios a la ley de Manejo del Fuego. El texto vuelve a la norma de 2011: un límite del 15% para las tierras rurales en manos de extranjeros, un máximo del 30% para una misma nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

En cuanto a las expropiaciones, establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva”, es decir, que solo se podrá usar ese argumento en casos muy puntuales. Además, la expropiación deberá ser adecuada, necesaria y proporcional. También fija un máximo de 90 días para que el Estado ocupe de manera temporaria una propiedad privada.

El dueño recibirá una compensación por el valor de mercado del bien y por los daños directos e inmediatos. No se pagará el valor sentimental ni las ganancias supuestas. Las ganancias que el dueño deje de percibir solo se compensarán si se prueban con elementos concretos, y no podrán superar el 30% del daño real, salvo que el propietario demuestre un perjuicio mayor.

El proyecto también incluye cambios para inquilinos y ocupantes. Quienes vivan en una propiedad urbana como única vivienda permanente podrán acceder a beneficios después de 10 años de ocupación pacífica y continua. En los desalojos por falta de pago, se deberá enviar una intimación con al menos 10 días para pagar.

Otro de los proyectos a tratar es el  tratado de patente que busca simplificar los primeros pasos para registrar inventos en otros países. La adhesión es uno de los requisitos del acuerdo comercial con Estados Unidos y también está vinculada a los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y la EFTA.

Los laboratorios nacionales son los principales críticos del tratado. Advierten que podría permitir que se extiendan las patentes con cambios menores y que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pierda poder de decisión. También cuestionan que se usen informes técnicos hechos por oficinas extranjeras para analizar nuevos inventos.

A su vez, se abordará la “Ley Joaquín”  que lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero de 2026 en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, le cayó encima un arco de fútbol que no estaba anclado. La ley obliga a tomar medidas de seguridad en los equipamientos deportivos y en los juegos de plazas, en espacios públicos y privados, con normas de estabilidad, anclaje y protección.

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Los senadores también tratarán un proyecto que abre el cabotaje marítimo y fluvial, es decir, el transporte de cargas y pasajeros entre puertos del país. Busca sumar nuevos operadores, simplificar trámites y aprovechar los puertos argentinos para bajar los costos de transporte y mejorar la competitividad de las economías regionales. La iniciativa recibió críticas de los sindicatos del sector y de las empresas navieras, que reclaman más beneficios impositivos para poder competir.

Por su parte, el bloque kirchnerista intentaría llevar al recinto el proyecto contra la ludopatía que llegó de Diputados. Otro tema pendiente es el Consejo de la Magistratura. La UCR ya designó a Maximiliano Abad para uno de los cuatro lugares, mientras que los otros tres están en disputa entre el kirchnerismo, que tiene una leve ventaja numérica, y La Libertad Avanza, que pretende quedarse con dos.

Ademas, la sesión también será el primer paso para designar a las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el organismo que controla la situación en los lugares de detención y el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Los candidatos propuestos por el Congreso son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. Por su parte, Leonardo Szuchet representará a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

El nombre de Zarabozo generó cuestionamientos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en un comunicado sobre su “falta de antecedentes, idoneidad e independencia”. El organismo sostuvo que su designación “pondría en riesgo la independencia” del Comité, porque “su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar”.

El CELS recordó que desde 2024 trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y explicó: “Su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones judiciales que se les dirigen, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es la inversa”.

Movilización frente al Congreso

El tratamiento del proyecto estará acompañado por una movilización frente al Congreso. La convocatoria es del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que llamó a organizaciones, prestadores, trabajadores, familias y a toda la sociedad a concentrarse desde las 11. Aún no se sabe en qué momento de la sesión se tratará la ley, ya que el temario incluye varios proyectos.

“Garantizar los derechos de las personas con discapacidad exige decisiones políticas, recursos suficientes y un compromiso efectivo del Estado. La continuidad de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema son condiciones indispensables para asegurar la autonomía, la calidad de vida y el ejercicio de derechos”, sostuvo el Foro en su convocatoria.

La organización también recordó las palabras que el papa León XIV pronunció durante su visita al país: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidad”.