"Leé el reglamento, Patricia": el durísimo cruce de Di Tullio con Bullrich por los discursos leídos del oficialismo
El debate por la reforma penal juvenil arrancó con un fuerte cortocircuito institucional. Mientras el libertario Gonzalo Guzmán Coraita defendía la baja de imputabilidad como un "régimen moderno", la oposición frenó la sesión para denunciar que el oficialismo no estudia las leyes y se ampara en guiones escritos.
"Patricia, leé el reglamento". Con esa frase, Juliana Di Tullio subió la temperatura del recinto y apuntó directamente contra Patricia Bullrich en medio del debate por la reforma penal juvenil. La senadora opositora interrumpió la sesión al observar que el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita leyó casi la totalidad de su discurso, una práctica prohibida por la normativa interna del Senado. Mientras sacaba un ejemplar del reglamento y la Constitución Nacional, Di Tullio le gritó a Bullrich que el incumplimiento de las formas constituye una violación a las reglas institucionales.
El cruce estalló cuando la jefa del bloque oficialista intentó quejarse fuera de micrófono por la interrupción. Di Tullio no cedió y redobló la apuesta: "Dentro de las prohibiciones está la lectura. El reglamento tiene rango constitucional. No viole más el reglamento porque está violando la Constitución", disparó. Acto seguido, exigió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que ejerciera su autoridad para hacer cumplir las previsiones del debate y evitar que la jornada se transformara en lo que calificó como "una vergüenza".
La legisladora acusó al bloque libertario de falta de preparación técnica para defender el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Sostuvo que es fundamental "estudiar las leyes" y no simplemente repetir hojas escritas que impiden transmitir al pueblo argentino lo que realmente se busca con la reforma. "Alguno debe tener la capacidad de estudiar el tema. No pueden ampararse en meras hojas para no decir de verdad lo que quieren", sentenció Di Tullio, tras señalar que Guzmán Coraita pronunció el 98% de sus palabras basándose en el papel.
Por su parte, Guzmán Coraita intentó retomar el hilo de su argumentación asegurando que la reforma es un avance necesario para la seguridad nacional. El senador oficialista defendió la baja de la edad de imputabilidad al considerarla un "régimen moderno, integral y especializado" que no implica una regresión en materia de derechos humanos. Según su visión, los pilares de la iniciativa son la protección de los adolescentes que delinquen, la prevención del delito y la tutela judicial efectiva para las familias de las víctimas.
Pese al escándalo reglamentario, el oficialismo ratificó que se trata de una "jornada histórica" para derogar una ley que rige desde hace 46 años. El legislador de LLA insistió en que el nuevo sistema garantiza el debido proceso, mientras que desde la vereda de enfrente, Di Tullio mantuvo su postura de que la "capacidad de estudiar" es un requisito innegociable para cualquier representante que pretenda modificar el Código Penal. El debate quedó así empantanado entre la discusión de fondo y la pelea por la legalidad de las formas parlamentarias.
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La defensa técnica de la reforma
Guzmán Coraita remarcó que el proyecto busca una "justicia real" y un equilibrio entre los derechos de los menores y la protección de la sociedad en su conjunto. Para el oficialismo, la normativa actual es obsoleta y el nuevo régimen "propuso pilares claros de responsabilidad penal juvenil". El senador justificó la importancia de la ley al señalar que Argentina necesita herramientas modernas para enfrentar la criminalidad adolescente con garantías procesales sólidas.
El reclamo de Di Tullio se basó en el argumento de que las reglas que ordenan el debate en el Senado no son meras sugerencias, sino que tienen fuerza de ley constitucional. Al exhibir ambos libros en el estrado, la senadora buscó dejar en claro que la prohibición de lectura tiene como fin asegurar que los legisladores conozcan los temas que tratan. La denuncia por "violación a la Constitución" elevó el conflicto de una simple falta administrativa a una crisis de legitimidad del bloque oficialista.
El pedido de intervención a Victoria Villarruel no fue casual, sino que formó parte de una presión sistemática de la oposición para que la Presidencia de la Cámara no permita flexibilizar las normas ante la falta de oratoria de los libertarios. Di Tullio advirtió que no se cansará de pedir que se haga cumplir el reglamento, marcando que el "vicio de lectura" desvirtúa la esencia del intercambio legislativo y oculta las verdaderas intenciones del Gobierno detrás de cada proyecto.
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