La Corte de Provincia de Buenos Aires ordenó analizar un posible caso de eutanasia
El caso de María del Carmen Ludueña será derivado al Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes, donde se evaluará la documentación médica, los informes clínicos y las pericias que acreditan la gravedad y cronicidad de sus padecimientos.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio un paso histórico al ordenar que la presentación judicial de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años que pide acceder a la eutanasia, sea finalmente analizada por la Justicia.
Desde hace siete años, María permanece postrada en su cama por una artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en curso grave, una enfermedad autoinmune que le causa dolores crónicos e insoportables.
Su caso había sido rechazado en primera y segunda instancia bajo el argumento de que no existe una legislación vigente que regule la eutanasia en el país. Sin embargo, el máximo tribunal bonaerense ordenó revertir esa postura y dispuso que el expediente sea examinado en profundidad, considerando las circunstancias personales y el sufrimiento extremo de la solicitante.
En su fallo, la Corte destacó que “las especiales y desdichadas circunstancias que rodean al caso comprometen prerrogativas constitucionales de primerísimo orden que hacen al derecho a la vida, a la autonomía de la voluntad y a la dignidad humana”. Además, señaló que negar la apertura de la jurisdicción de forma liminar constituye una violación al acceso a la justicia y al debido proceso.
El caso de María será derivado al Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes, a cargo del juez Luis Oscar Laserna, quien deberá evaluar toda la documentación médica, los informes clínicos y las pericias que acreditan la gravedad y cronicidad de sus padecimientos. También se prevé la declaración de médicos, familiares y especialistas en bioética.
Por primera vez, la Justicia podrá escuchar el testimonio de la propia María, ya que el tribunal ordenó que el juez se acerque a su domicilio para conocer de primera mano su voluntad.
Es la primera vez que el máximo tribunal provincial ordena analizar un pedido de asistencia médica para morir, sentando un precedente que podría repercutir en todo el país.
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