Amnistía Internacional censura a la presidenta de Perú por muertes de manifestantes
Dina Boluarte tiene parte de la culpa de la muerte de decenas de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, afirmó la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard.
President Dina Boluarte Holds Press Conference |
Photographer: Fabiola Granda/Bloomberg
Marcelo Rochabrun
La presidenta peruana, Dina Boluarte, tiene parte de la culpa de la muerte de decenas de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, ha afirmado Amnistía Internacional.
“Ella no puede eludir su responsabilidad en el derramamiento de sangre”, dijo a Bloomberg la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, en una entrevista en Lima después de que la organización publicara un nuevo informe sobre los actos violentos.
Boluarte no logró evitar que la Policía y el Ejército cobraran vidas de manifestantes entre diciembre y febrero, según el informe, mientras Perú sufría su peor episodio de malestar social en décadas. Boluarte asumió el cargo en diciembre luego de que su antecesor fuera destituido, en hechos que desencadenaron desórdenes masivos y bloqueos de carreteras que paralizaron la economía.
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Tan pronto como asumió, enfrentó protestas que exigían su renuncia, lo que provocó casi 50 muertes de civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Esas muertes abarcaron un período de dos meses, con dos protestas significativas que terminaron con la muerte de ocho personas en la ciudad de Ayacucho el 15 de diciembre y 17 en la ciudad de Juliaca el 9 de enero.
Investigación de homicidio
Nadie ha sido acusado aún por las muertes, aunque la propia Boluarte enfrenta una investigación por homicidio.
“Que ella deba ser investigada por homicidio es absolutamente lógico”, dijo Callamard.
Boluarte niega cualquier responsabilidad y dice que si la Policía o el Ejército cometieron abusos fue por su cuenta, porque ella no controla sus operaciones. Anteriormente ha felicitado a las fuerzas de seguridad por su manejo de las protestas.
Los asesinatos “se dieron en un período de tiempo, es decir (Boluarte) tenía la información, que podía haber usado para exigir una respuesta diferente a las protestas y no la tuvo”, dijo Callamard. “Entonces hay una responsabilidad porque ella no tomó medidas para evitar actos violentos repetidos... o porque ella misma ordenó ese nivel de represión”.
“Creo que pudimos demostrar de manera bastante concluyente que fueron ejecuciones extrajudiciales”, agregó Callamard.
Las conclusiones de la organización son más sólidas que los informes anteriores de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hallaron que Perú “probablemente” había llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales en su manejo de los manifestantes.
