Según casi todos los cálculos, la reestructuración de la deuda de Argentina por US$65.000 millones será aprobada por un amplio margen este fin de semana. Pero los inversores están en alerta por un bajo riesgo de que algunos holdouts puedan complicar las cosas.
Si bien existen pocos riesgos para el plan general de que la mayoría de los acreedores acepten nuevos bonos del canje valorados en un promedio de 55 centavos por dólar, algunas notas podrían quedar fuera del acuerdo. Los instrumentos emitidos en 2005 y 2010 tienen reglas que facilitan que una minoría de inversores trate de esperar términos más generosos.
La idea de los holdouts trae dolorosos recuerdos a los inversionistas argentinos que vivieron una década de batallas judiciales luego del default del país en 2001, una disputa que dejó a los activos argentinos vulnerables a incautación y que excluyó a la nación de los mercados internacionales de deuda. Evitar el drama esta vez reforzaría la confianza de que el Gobierno tiene una carga crediticia manejable y que puede enfocarse en reparar una economía que se encamina hacia una contracción por tercer año consecutivo.
“Hay tantos bonos argentinos por ahí, que hay una posibilidad distinta de cero de que haya algún fondo de cobertura que posea muchos de ellos, y es posible que haya una serie que no se reestructure”, dijo Jared Lou, administrador de fondos de William Blair Investment. “Sigue siendo un riesgo bajo. Creo que es probable que se apruebe este acuerdo”.
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Los acreedores argentinos tienen hasta el final del día de hoy para aceptar el trato, y el Gobierno podría anunciar los resultados el 31 de agosto. El plan cuenta con el apoyo de tres importantes grupos de acreedores, con miembros como BlackRock Inc., Fidelity Investments y Monarch Alternative Capital, que dicen que ofrece una compensación justa para los inversores junto con la mejor oportunidad para que Argentina se recupere.
Para que la carga crediticia del país sea sostenible, Argentina deberá revertir tres años consecutivos de contracción económica, incluida la caída de 13,5% que JP Morgan pronostica para este año, en medio de la cuarentena por el coronavirus. El peso se ha debilitado 75% desde fines de 2017, el peor desempeño entre más de 100 monedas seguidas por Bloomberg, a pesar de que ha estado bajo controles de capital desde septiembre.
Aproximadamente dos tercios de los US$65.000 millones en deuda externa que Argentina busca reestructurar se emitieron después de que la nación regresara a los mercados internacionales de capital en 2016. Se rigen por reglas que obligan a todos los tenedores a aceptar una reestructuración si dos tercios de todos los inversores y al menos la mitad de los propietarios de cada serie individual de bonos votan a favor de ella.
El principal riesgo de holdouts proviene de algunos valores emitidos con anterioridad, que tienen un umbral más alto de reestructuración. Para estos instrumentos, conocidos como Bonos de Intercambio, el Gobierno necesita que 85% de todos los inversores y al menos dos tercios de los dueños de cada serie acepten la propuesta.
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La serie más pequeña podría ser especialmente vulnerable, ya que una participación de bloqueo no requeriría tanto capital y algunos fondos de cobertura podrían unirse para formar una coalición. Muchos de los titulares también están muy dispersos por todo el mundo, lo que dificulta la obtención de los votos necesarios para aprobar un acuerdo.
Pero debido a que el plan ha recibido un soporte lo suficientemente amplio, es poco probable que los acreedores que se resisten a él reciban el apoyo de quienes han negociado durante meses para llegar a un acuerdo con Argentina, según Anna Gelpern, profesora de derecho en la Universidad de Georgetown.
“Por definición, existe el riesgo de un fracaso. Aquí hay muchas emociones y alguien podría actuar precipitadamente”, dijo Gelpern. “Pero no veo cómo alguien podría estar interesado en hacer que el acuerdo fracase”.
