El expresidente del banco central de Bolivia y otros tres antiguos altos cargos del banco central fueron detenidos el martes por presuntas operaciones de canje de bonos infladas que le costaron al Estado US$142,3 millones.
Estas detenciones de alto perfil se producen en un momento en que Bolivia se enfrenta a una crisis económica caracterizada por una grave escasez de dólares y de combustible subvencionado, que el presidente Rodrigo Paz atribuye a la corrupción acumulada durante dos décadas de gobierno socialista.
Los cuatro sospechosos, entre ellos el exdirector del banco Edwin Rojas, niegan haber cometido ningún delito, según sus abogados defensores.
La fiscalía investiga a un total de siete personas.
En junio y julio de 2024, después de que la junta del banco central modificara las normas internas, los funcionarios realizaron siete operaciones de canje de deuda con entidades financieras locales a precios inflados, según el viceministro de Transparencia, Yamil García.
García afirmó que los registros de los precios de las operaciones fueron posteriormente alterados siguiendo instrucciones enviadas a través de correos electrónicos internos para ocultar la supuesta sobrevaloración. No especificó quién dio la orden ni quién modificó los datos.
Roger Banegas, que ocupó el cargo de director del Banco Central entre 2019 y 2020 y no participó en las transacciones, afirmó que las operaciones tenían como objetivo canjear deuda en moneda extranjera por deuda local, pero que resultaron en pérdidas al pagar precios superiores a los del mercado a las contrapartes locales.
Entre las contrapartes se encontraban el Banco Mercantil Santa Cruz, el Banco Bisa, La Vitalicia Seguros y Reaseguros y La Boliviana Ciacruz, una filial de Zurich Allied AG, según declaró el miércoles el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo. Ninguna de las instituciones respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El Banco Central no ha emitido un comunicado oficial y no respondió a las solicitudes de comentarios para aclarar detalles sobre las operaciones bajo investigación.
Las autoridades también tomarán declaración a los ejecutivos de las entidades financieras involucradas y podrían citar al exministro de Finanzas Marcelo Montenegro, entre otros, añadió Cardozo.
García afirmó que el caso salió a la luz en una auditoría realizada por la nueva administración del Banco Central y publicada en marzo. Añadió que se están llevando a cabo auditorías adicionales sobre una posible mala gestión en operaciones con la administradora estatal de fondos de pensiones Gestora Pública, incluida una transacción de bonos soberanos por valor de US$250 millones en 2024 y ventas a plazo de 6,6 toneladas de oro realizadas por el Banco Central en 2025.
