Catar revocó una carta firmada por docenas de países que expresan su apoyo al historial de derechos humanos de China, a pesar de la creciente condena internacional por su detención de hasta dos millones de musulmanes uigures.
Catar informó al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Coly Seck, de su decisión retirar su respaldo a la carta del 12 de julio, firmada mayormente por naciones de mayoría musulmana, según una copia de la correspondencia vista por Bloomberg. Varias llamadas y correos electrónicos a la oficina de comunicaciones del gobierno de Catar y a la misión de la ONU no obtuvieron respuesta.
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"Teniendo en cuenta nuestro enfoque en el compromiso y la mediación, creemos que la coautoría de la mencionada carta pondría en peligro nuestras prioridades clave de política exterior", escribió el 18 de julio el embajador Ali Al-Mansouri, representante permanente de Catar ante la ONU en Ginebra. "En este sentido, deseamos mantener una postura neutral y ofrecemos nuestros servicios de mediación y facilitación". Su firma también apareció en la carta del 12 de julio en apoyo a China.
No estaba claro qué provocó el cambio de opinión. Catar, el mayor exportador mundial de gas natural licuado, no estaría dispuesto a dañar sus lazos con China, que fue el tercer socio comercial del país en 2018 con unos US$13.000 millones del total del comercio, según datos compilados por Bloomberg.
El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, visitó Pekín en enero, momento en que el presidente chino, Xi Jinping, se dirigió a él como un "viejo amigo y un buen amigo", según los informes.
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Pero después de más de dos años de un embargo diplomático y económico de una coalición de cuatro naciones, encabezada por Arabia Saudita, Doha también ha enfatizado su deseo de forjar lazos con Occidente, incluidas las naciones europeas y EE.UU.
Treinta y siete países, entre ellos Arabia Saudita y Pakistán, firmaron la carta para defender al gobierno de Xi y desestimar su represión actual contra los uigures en la región occidental de Xinjiang.
La carta fue enviada después de que 22 países, mayormente occidentales, montaran la primera crítica global colectiva de la política de China hacia los uigures. Instaron a Pekín a poner fin a las detenciones masivas y expresaron preocupación por "la vigilancia y las restricciones generalizadas" a los uigures en una declaración el 8 de julio a otro organismo de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Los campos de reeducación en Xinjiang, una región que alberga a unos 10 millones de uigures, han generado solicitudes de aplicación de sanciones contra Pekín por parte de legisladores estadounidenses, defensores de los derechos humanos y grupos religiosos. El Departamento de Estado dice que hasta dos millones de uigures están detenidos en los campos, un número que China rebate a pesar de que no ha revelado una cifra oficial.
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El gobierno de Xi defendió la represión como necesaria para combatir el terrorismo y ha utilizado a Xinjiang como laboratorio para su sofisticado sistema de vigilancia masiva, desde la tecnología de reconocimiento facial hasta los controles de seguridad en los mercados.
Catar ya había estado en la mira de la ofensiva de los uigures anteriormente.
A principios de este año, un grupo de activistas colaboró para frenar la deportación del defensor uigur Ablikim Yusuf desde Catar a China, lo que le permitió partir hacia Estados Unidos. Yusuf había publicado un video en línea desde el aeropuerto internacional de Doha en el que pedía ayuda para evitar ser enviado a casa, donde enfrentaría un castigo por su defensa en nombre de otros uigures.
