Los ciberacosadores en Japón ahora podrían enfrentar hasta un año de prisión, a medida que el Gobierno toma medidas enérgicas contra el abuso en línea luego del suicidio de una luchadora profesional y estrella de reality shows de 22 años que fue acosada en las redes sociales.
El jueves entraron en vigor nuevas sanciones por abuso público como parte de una ley modificada, que permite multas de hasta 300.000 yenes (US$2.200 dólares) frente a una multa anterior de 10.000 yenes y sentencias de prisión de hasta 12 meses en comparación con los 29 días anteriores.
“Es importante tratar de erradicar el tipo de insultos crueles que a veces incluso han llevado a la gente a la muerte”, dijo el ministro de Justicia, Yoshihisa Furukawa, a periodistas el martes. “La revisión de la ley no limita injustamente la libertad de expresión”.
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La Federación de Colegios de Abogados de Japón se opuso a la modificación de la ley argumentando que podría amenazar la crítica justificada y la libertad de expresión.
El Ministerio de Justicia dijo en una sesión de preguntas y respuestas en su sitio web que la ley no se usaría para castigar las críticas públicas a los políticos. También dijo que las medidas más estrictas no afectarían su definición de abuso: “mostrar desprecio por alguien, sin base de hecho, de una manera que podría llegar a conocimiento de un número no especificado o de un gran número de personas”.
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Hana Kimura, luchadora profesional, murió en 2020 luego de que se publicaran comentarios de odio en su cuenta de Twitter tras un incidente en el que perdió los estribos con un compañero de elenco en el reality show “Terrace House”. Al menos dos personas, ambos hombres, fueron remitidos a los fiscales por el incidente, y uno de ellos recibió una multa de 9.000 yenes después de instarla repetidamente a morir.
En otro caso este año, un hombre fue acusado del abuso en línea de Takuya Matsunaga, quien se convirtió en una figura pública en un caso judicial contra un conductor anciano que golpeó y mató a su esposa y su hijo pequeño. Los procedimientos judiciales para identificar a los abusadores anónimos se simplificaron con un cambio legal el año pasado, dijo el periódico Mainichi.
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