Vladimir Putin aprendió a evitar un golpe de Estado a su régimen de 18 años sin hacer demasiadas concesiones a las normas democráticas. En un inusual discurso a la nación el miércoles, dedicado a una muy impopular reforma de pensiones, el presidente ruso ofreció una clase magistral en el arte de la supervivencia política.
Los planes para aumentar la edad de jubilación desde los 55 hasta los 63 años para las mujeres y desde los 60 a los 65 para los hombres, se anunciaron en junio, cuando Rusia estaba sumida en la euforia de la Copa Mundial. Y ni siquiera eso sirvió, ya que los índices de aprobación de Putin, incluso los publicadas por los encuestadores pro-Kremlin, cayeron bruscamente. La oposición fragmentada de Rusia recibió repentinamente una agenda que generaría protestas, y algunos miembros prominentes del partido gobernante Rusia Unida y líderes regionales se rebelaron.
Después de haberle dado tiempo a la oposición y a los rebeldes para desahogarse durante la temporada de vacaciones, Putin acudió a la televisión nacional el miércoles para ofrecer un compromiso ingeniosamente diseñado y, al mismo tiempo, hacerse cargo de un tema que considera importante para su política de garantizar resistencia y estabilidad macroeconómica a casi cualquier precio.
Las mujeres recibieron una concesión. Para ellas, la edad de jubilación solo aumentará a 60, y se reducirá en un año para las que tienen tres hijos, y en dos para las que tienen cuatro. Dado que el 61 por ciento de los votantes de Putin en las elecciones presidenciales de este año fueron mujeres, claramente está jugando en su base.
Putin se encargó de responder a las quejas de sus oponentes que fueron relativamente fáciles de abordar. Muchos se quejaron de que probablemente morirían antes de poder jubilarse, ya que la esperanza de vida en muchas regiones rusas está por debajo del promedio nacional, de 66 para los hombres y 77 para las mujeres. Putin respondió con una propuesta que permitirá a las mujeres jubilarse anticipadamente después de 37 años de trabajo, en comparación con los 40 años en la actualidad. A los hombres se les permitirá lo mismo después de 42 años, respecto de los actuales 45 años.
Otra queja generalizada fue que la reforma no generará ningún aumento en los pagos de pensiones, a pesar de que el Kremlin ofreció esa promesa para justificar la medida impopular. Putin sugirió que los aumentos específicos –mencionó el aumento de la pensión mensual promedio a 20.000 rublos (US$294) de los 14.144 rublos actuales en un plazo de seis años– deben incluirse en el proyecto de ley que se presentará ahora ante el parlamento ruso.
Al responder al argumento recurrente de que en Rusia la discriminación por edad es tan generalizada que es casi imposible para las personas mayores de 50 obtener un trabajo, Putin prometió fortalecer la legislación antidiscriminatoria y prohibir a los empleadores despedir a los trabajadores que están a menos de cinco años de la edad de jubilación. Esta es una intervención estatal potencialmente peligrosa para el mercado laboral, pero también un cebo para los muchos votantes de Putin que trabajan en el sector público.
La oposición, por supuesto, exigió más. Vladimir Milov, el ex viceministro de Energía que se alió con el político opositor que lucha contra la corrupción Alexey Navalny, argumentó que aumentar la edad de jubilación solo tiene sentido económico dentro del actual sistema de jubilación de Rusia, en el cual los trabajadores activos financian las jubilaciones a través de los impuestos a la nómina.
Debido a que la población de Rusia envejece rápidamente, este mecanismo requiere subsidios presupuestarios en constante aumento, que solo son posibles cuando los precios de la energía están altos. El miércoles, Putin argumentó que no quería que el sistema de pensiones dependiera de la volatilidad del mercado petrolero.
Milov, sin embargo, propone una reforma completa del sistema de pensiones: quiere un fondo de inversión creado en semejanza al fondo de pensiones gubernamental de US$1 billón de Noruega. Se formaría a partir de las participaciones del gobierno ruso en compañías controladas por el estado y usaría sus ingresos de inversión en lugar de capital para financiar el sistema de pensiones.
Navalny y sus partidarios subrayan que los activos estatales obtienen muy pocos ingresos para el gobierno, y que los ingresos petroleros se gastan en proyectos gigantescos y llenos de corrupción como los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, así como en guerras extranjeras, mientras que a los futuros jubilados se les dice que se ajusten los cinturones.
Putin no tiene una buena respuesta a estas afirmaciones, que son, en su mayor parte, verdaderas. Tampoco tiene ningún interés en hacer una revisión a la forma en que su gobierno maneja la economía del país, en un momento en que el futuro de los mercados energéticos es incierto y Estados Unidos amenaza a Rusia con sanciones económicas que en realidad pueden afectar.
Putin tampoco abordó otras de las principales objeciones de sus oponentes: las reformas no afectarán a los militares ni a los funcionarios de las fuerzas del orden, quienes, en algunos casos, pueden jubilarse antes de los cuarenta años de edad. Las mujeres pueden ser importantes para el líder ruso como votantes, pero los primeros son aún más importantes para el mantenimiento del sistema de poder que Putin ha construido.
Las concesiones que el presidente ofreció muestran a los rusos que comparte sus preocupaciones sin socavar el objetivo económico de la reforma. Según las nuevas edades de jubilación, el número de jubilados en Rusia llegará a 37 millones en 2035, en comparación con 42,5 millones en el sistema actual. Eso es un gran alivio financiero para el gobierno.
En términos políticos, las concesiones son tan importantes para evitar cualquier protesta relacionada con las pensiones como el encarcelamiento de Navalny durante 30 días por liderar una manifestación no autorizada en enero. Un tribunal de Moscú aprobó un fallo dos días antes del discurso de Putin, asegurando que el principal oponente del presidente no pueda encabezar personalmente una protesta planeada para el 9 de septiembre.
Esta política de la zanahoria y el palo debería permitirle a Putin evitar una escalada de protestas y esquivar cualquier desafío a su poder dentro de la élite rusa.
Su respuesta ilustra cómo el régimen se ha mantenido por tanto tiempo: no es completamente insensible a la opinión popular, pero es intolerante con el tipo de disidencia que exige cualquier tipo de cambio radical y, por lo tanto, representa una amenaza. Esta táctica solo puede dejar de funcionar cuando la mayoría de los rusos vea el cambio como una necesidad, y no solo una opción perseguida por un puñado de idealistas o políticos que persiguen su propio beneficio.
