La repentina muerte de un concejal de la oposición suscitó la condena internacional del Gobierno venezolano, que lo tenía bajo custodia policial. Estados Unidos fue el último en unirse a un coro de críticas. La Casa Blanca condenó la Administración del presidente Nicolás Maduro por su tratamiento de los llamados presos políticos y prometió aumentar la presión por presuntos abusos de derechos.
"La Administración Trump continuará incrementando la presión sobre el régimen de Maduro y sus integrantes hasta que se restablezca la democracia en Venezuela", según un comunicado difundido el miércoles. En tanto, Brasil, la Unión Europea y las Naciones Unidas criticaron al Gobierno de Venezuela por la muerte de Albán. Es necesario que haya una "investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias", dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en un comunicado el martes.
El concejal Fernando Albán murió el lunes mientras era interrogado por agentes de inteligencia de Venezuela por su presunto papel en una trama frustrada para asesinar a Maduro con drones explosivos en agosto. Su muerte abrupta provocó una protesta generalizada por parte de gobiernos regionales y opositores políticos que sospechan tortura o acto criminal. Las autoridades venezolanas niegan las acusaciones y dicen que Albán se suicidó durante el interrogatorio.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el miércoles que las acusaciones de tortura eran una "mentira podrida" e insistió en que el prisionero murió cuando corrió hacia una ventana panorámica y se lanzó al vacío desde el décimo piso del cuartel general de la policía de inteligencia en Caracas.
