Nicaragua registrará su caída más profunda desde la década de 1980 debido a la violencia política y la represión del gobierno ahuyentan a inversionistas y turistas. De acuerdo con la Cepal, la economía del país más pobre de América después de Haití se contraerá 4,1 por ciento este año, lo que sería el mayor descenso desde 1988 cuando el gobierno estaba en guerra con los "Contra" financiados por Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional y Fitch Ratings pronostican una cifra negativa de 4 por ciento.
El gobierno del presidente Daniel Ortega eliminó este mes el estatus legal de varios grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, allanó las oficinas del periódico Confidencial y encarceló al fundador del canal 100% Noticias.
Intento desesperado
Con el caos en su punto más alto, tiendas, restaurantes y hoteles cierran sus puertas mientras los manifestantes bloquean carreteras, impidiendo que los bienes lleguen a los puertos. El indicador M3 que mide la oferta monetaria se contrajo 16 por ciento en noviembre respecto al año anterior puesto que la gente retiró depósitos de los bancos, según el Banco Central.
Las violentas protestas callejeras estallaron en abril cuando el gobierno de Ortega buscó aumentar las contribuciones al sistema de seguridad social y reducir los beneficios. Pese a que el gobierno abandonó rápidamente esos planes, los manifestantes permanecieron en las calles exigiendo elecciones anticipadas. Más de 300 personas han sido asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, promulgó la semana pasada la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, que pretende imponer sanciones adicionales a funcionarios del gobierno y condicionar los préstamos multilaterales a la nación centroamericana. Ortega y su esposa, quien es la vicepresidenta, "continúan degradando las instituciones de su país en un intento desesperado de mantenerse en el poder", declaró el vocero adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., Robert J. Palladino, el 13 de diciembre.
Los manifestantes acusan a Ortega, quien se encuentra ahora en su cuarto mandato de cinco años, de ser un dictador, en tanto que el mandatario respondió acusando a la agencia de desarrollo estadounidense USAID de financiar intentos de golpe de Estado. Ortega, aliado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó el mes pasado que "los intervencionistas yanquis" buscan "recolonizar a nuestra gente y reesclavizar a nuestras naciones".
C. P.