La Administración Trump está contratando empresas privadas para localizar a migrantes deportados que, según afirma, deben al gobierno de EE.UU. cientos de millones de dólares en multas impagadas. La medida pondrá a prueba hasta dónde puede extender su ofensiva migratoria más allá de las fronteras del país.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) afirma que intenta recuperar unos US$423 millones en multas y tasas de más de 66.300 personas expulsadas del país. El mes pasado, la agencia acordó pagar hasta US$36 millones a cuatro empresas para localizar en México, Honduras y Guatemala a personas con deudas pendientes, según un anuncio publicado en un sitio web de contratación pública.
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La iniciativa amplía considerablemente los esfuerzos del presidente Donald Trump para controlar la inmigración, al extender el alcance del gobierno a personas que ya han sido expulsadas de EE.UU. Sin embargo, cobrar las multas podría resultar complicado. No está claro si EE.UU. puede exigir legalmente el pago a personas que ya fueron deportadas. El anuncio del contrato tampoco explica cómo podría obligarlas a pagar ni qué papel, si alguno, desempeñarían los gobiernos de México, Honduras y Guatemala.
Tampoco está claro que los deportados tengan capacidad para pagar lo que EE.UU. afirma que deben. Muchos podrían tener recursos limitados o carecer de acceso a una cuenta bancaria en EE.UU., necesaria para pagar las multas según los métodos descritos en los documentos federales. En casos anteriores, EE.UU. ha advertido que las multas impagadas podrían afectar futuros trámites migratorios.
Según los documentos del contrato, los contratistas podrían fotografiar viviendas u obtener facturas de servicios públicos, expedientes laborales o documentos judiciales para localizar a los deportados y determinar su capacidad de pago.
Según los registros federales, la CBP adjudicó el mes pasado contratos de dos años a Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Inc. y Response AI Solutions. Cada acuerdo tiene un valor máximo de US$9 millones. Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La cantidad que la CBP intenta recaudar representa solo una pequeña parte de las sanciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS). Desde el regreso de Trump al cargo el 20 de enero de 2025 hasta el 16 de julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el brazo ejecutor del DHS, impuso más de 103.000 multas civiles por un total de más de US$84.000 millones, según el departamento. Al 16 de julio, el gobierno solo había recaudado US$1,2 millones.
“Nuestro mensaje es claro: los extranjeros que se encuentran en el país de forma ilegal deben marcharse ahora o afrontar las consecuencias, incluidas las sanciones económicas”, afirmó el DHS en un comunicado.
Las multas se basan, en parte, en una disposición de una ley de inmigración de 1996 que permite al gobierno imponer sanciones diarias a determinadas personas que se niegan a marcharse tras haber recibido una orden de deportación.
Esta facultad apenas se había utilizado hasta el primer mandato de Trump, cuando su administración envió cuantiosas facturas a familias de inmigrantes. La anterior administración del presidente Joe Biden puso fin a esa medida en 2021, alegando que había resultado ineficaz y desviaba recursos de otras prioridades en materia de aplicación de la ley.
Trump ha reactivado estas sanciones a una escala mucho mayor. Algunos inmigrantes pueden recibir multas de casi US$1.000 por cada día que permanezcan en el país después de recibir una orden de deportación. Las multas pueden acumularse hasta alcanzar cientos de miles, o incluso millones, de dólares.
Multas de US$1 millón
Las multas forman parte de una estrategia más amplia destinada a hacer que permanecer en EE.UU. sea cada vez más difícil y costoso. La administración ha presentado demandas para cobrar las multas impagadas, ha embargado devoluciones de impuestos y ha retenido dinero de los salarios. Algunos inmigrantes que siguen tramitando recursos legales para permanecer en EE.UU. han recibido multas de US$1 millón o más.
Al mismo tiempo, el gobierno ofrece incentivos a quienes aceptan marcharse. Los inmigrantes que se registren a través de “CBP Home”, una aplicación para teléfonos móviles utilizada para gestionar las salidas voluntarias, pueden recibir el viaje pagado y dinero en efectivo del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que también podrían condonarse ciertas multas pendientes.
Algunos deportados ya están recibiendo notificaciones de pago. Ciudadanos mexicanos deportados este año han recibido cartas de cobro de la CBP en sus direcciones en México, según Juan Cuéllar Torres, director de defensa de la Kino Border Initiative, una organización humanitaria que trabaja en la frontera entre EE.UU. y México.
Las multas, que suelen rondar los US$250, iban acompañadas de una advertencia de que podrían acumular intereses si no se pagaban, añadió. Las notificaciones señalaban además que las deudas impagadas podrían tenerse en cuenta en futuros procedimientos migratorios en EE.UU., una consecuencia potencialmente significativa para los deportados que más adelante quieran solicitar una visa o permiso para regresar. También advertían que las deudas podrían transferirse a una agencia privada de cobro.
David Leopold, abogado especializado en inmigración de Cleveland, calificó esta iniciativa en el extranjero de innecesariamente punitiva.
“Ir a estos países y perseguir a personas que han sido deportadas no es más que un paso más para aterrorizar a la gente sin motivo alguno”, afirmó Leopold. “Es la cereza en el pastel de la crueldad”
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