Hoy se cumple un año desde que Perú sorteó el mayor desafío a su democracia en años. Los meses siguientes sólo han demostrado que el país todavía está profundamente dañado.
El intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo se produjo en un momento en que la nación sudamericana ya era vulnerable tras años de caos político que habían comenzado a eclipsar su potencial como potencia minera y agrícola. Ahora, bajo la presidencia de Dina Boluarte, está sumido en la recesión más dura en dos décadas, excluyendo la pandemia. Todos los estamentos del Gobierno están en crisis y los expertos están activando las alarmas, no solo respecto de su economía, sino también de la salud de sus instituciones democráticas.
La nación está buscando formas de hacer que su Gobierno sea más establee después de pasar por siete presidentes en ocho años. Pero no ha encontrado una solución y los inversionistas lo saben. La confianza empresarial está cerca de mínimos históricos y lograr que la economía recupere su crecimiento de antaño será un desafío. Para un país que promedió un crecimiento del 4,8% durante casi 20 años consecutivos este siglo, ahora se espera que su economía se contraiga un 0,6% en 2023.
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“Son como los costos ocultos de la inestabilidad política que a veces uno subestima, pero que en la práctica son muy importantes”, dijo Álex Contreras, ministro de Economía y Finanzas de Perú, a Bloomberg en una entrevista realizada la semana pasada. “Creo que se requiere restablecer el principio de equilibrio de poderes hacia adelante”, añadió, refiriéndose al sistema político único de Perú, donde el Congreso puede destituir fácilmente al presidente.
Todo esto sirve como advertencia en un mundo donde la política se ha vuelto cada vez más polarizada. La experiencia de Perú muestra que la volatilidad política tiene un costo real, incluso para los más vulnerables. El nivel de pobreza en Perú alcanza el 27,5% de la población, el mismo nivel que en 2011, lo que echa por tierra más de una década de crecimiento que se suponía que sacaría a la gente de su situación de vulnerabilidad. Es más, el Gobierno reconoce que volverá a subir este año. El desempleo también está aumentando debido a la recesión.
Boluarte y el Congreso se enfrentan a índices de aprobación de un solo dígito. Los fiscales alegan que su propio fiscal general conspiró con los legisladores para intercambiar votos a cambio de impunidad. Los jueces del Tribunal Constitucional están desafiando los compromisos del país ante los organismos internacionales. Decenas de personas perdieron la vida en protestas antigubernamentales durante el Gobierno de Boluarte, pero nadie ha sido acusado por dichas muertes.
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“La democracia es como un muerto viviente, pero no hay sangre, no tiene pulso”, dijo Denisse Rodríguez-Olivari, politóloga peruana del Instituto Universitario Europeo en Italia. “Parece que estamos en democracia. Parece que todo está bien, pero no está bien”.
La economía del país solo pudo superar sus problemas políticos durante un tiempo gracias a la estabilidad de su banco central y su Ministerio de Economía. Tiene un déficit manejable, una deuda baja y no tiene necesidades de liquidez inmediatas. Lo que hunde al país son, en general, sus interminables crisis políticas.
Una encuesta del banco central muestra hasta qué punto esa percepción se ha arraigado. En octubre, la autoridad monetaria preguntó a los propietarios de empresas cuáles eran los factores que más limitaban el crecimiento. Las dos respuestas principales (inestabilidad política y malestar social) simplemente no existían la última vez que el banco publicó la misma encuesta en 2015.
Fuga de capitales
La clase empresarial de Perú ha respaldado a Boluarte, quien inicialmente fue elegida vicepresidenta en 2021 bajo el Gobierno de Castillo. Según una encuesta, solo el 1% de los directores ejecutivos peruanos aprobaba el liderazgo de Castillo, pero el 79% aprueba a Boluarte.
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Esos resultados se reflejan en las encuestas nacionales, donde los índices de aprobación de Boluarte entre los ricos son más del doble que entre los pobres. La errática campaña de Castillo para la presidencia se centró en alzar a los pobres. Si bien Castillo no la ayudó en su causa, Boluarte se ha posicionado más cerca de la pequeña élite empresarial.
Las muertes ocurridas al comienzo de su presidencia todavía pesan sobre su popularidad y sus perspectivas pospresidenciales. Perú es conocido por haber encarcelado a más expresidentes que cualquier otro país del mundo —el mismo Castillo está en prisión por su fallida toma de poder— y recientemente Boluarte se ha visto afectada por una denuncia constitucional que la acusa de ser responsable del “homicidio” de las vidas perdidas.
Castillo era popular exactamente donde Boluarte no lo es. Los casi 50 ciudadanos que murieron en las protestas bajo el Gobierno de Boluarte procedían mayoritariamente de entornos rurales y pobres que probablemente hubieran apoyado a Castillo, lo que aliena significativamente a ese sector de la población. La región más pobre del Perú, Puno, sufrió la mayoría de las muertes y Boluarte no ha visitado la región ni una sola vez durante su presidencia.
Aun así, cuando Boluarte asumió el cargo en 2022, parte del daño económico ya había comenzado su curso.
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El partido marxista-leninista de Castillo asustó tanto a las élites del país que desencadenó la mayor fuga de capitales en la historia de Perú (US$17.000 millones) en 2021. Desde entonces, se han producido episodios similares de fuga de capitales en Chile y Colombia.
Y al final de la presidencia de Castillo, la inversión privada había comenzado a caer y la confianza empresarial era tan baja como ahora. Su Gobierno fue tan caótico que en un momento nombraba un nuevo ministro cada seis días. Si bien los temores de un giro a la izquierda radical y una reescritura de la Constitución resultaron ser exagerados, ya que nunca se implementaron, simplemente agravaron las preocupaciones entre los inversionistas que ya estaban nerviosos a raíz de la pandemia.
Esa confianza en la economía nunca se recuperó y la fuga de capitales se reanudó: US$1.900 millones abandonaron el país en el tercer trimestre de este año, según datos del banco central. Esa es la mayor cantidad en más de un año.
Guardar las apariencias
En público, los líderes empresariales han tratado de ser optimistas sobre la economía de Perú.
El mes pasado, los grupos industriales más grandes del país organizaron una conferencia centrada en promover la confianza en la economía y el compromiso de volver a un crecimiento económico.
En la conferencia, el presidente del Consejo de Ministros de Boluarte, Alberto Otárola, culpó a Castillo de las dificultades económicas y prometió un rápido cambio de rumbo bajo un Gobierno favorable a las empresas.
“Tenemos tres años para gobernar de manera conjunta”, dijo a los presentes, en referencia al tiempo que le queda al mandato de Boluarte.
Los líderes empresariales ciertamente consideran a Boluarte una mejora con respecto a Castillo.
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“Yo sí soy optimista, creo que la tormenta ya pasó y ha sido una tormenta bien fuerte. Las nubes negras están relacionadas con El Niño”, dijo Luis Enrique Romero, presidente de Credicorp Ltd., a Bloomberg. Credicorp, propietario del banco más grande de Perú, advirtió que se está preparando para una mayor morosidad en los préstamos debido a la débil economía y las inminentes lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño. Pero una vez que esto termine, Romero dice que el país debería volver a crecer.
El ministro Contreras se refirió a algunos aspectos positivos. Por ejemplo, el Congreso ha aprobado preliminarmente agregar una Cámara de Senadores y permitir la reelección de los legisladores, lo que, de ser confirmado, podría limitar la volatilidad política. Otra nota positiva es tácita, dijo, porque Boluarte no va a presionar para volver a redactar la Constitución, una preocupación clave del Gobierno de Castillo que nunca se puso en marcha.
Baja confianza
A pesar de todo el optimismo público, los indicadores económicos y los comentarios privados apuntan a una perspectiva diferente.
La economía de Perú se ha contraído por cinco meses consecutivos, la inversión privada se ha desplomado durante cuatro trimestres seguidos y el empleo ha comenzado a caer. Es más, los ingresos fiscales están muy por debajo de las expectativas, lo que ha ampliado el déficit fiscal.
La calificación crediticia que Fitch Ratings y S&P Global Ratings asignan a Perú se mantiene dos niveles por encima del grado especulativo, pero su perspectiva ha sido negativa durante más de un año. La calificación que Moody’s Investor Service otorga al país se encuentra tres niveles por encima del nivel basura y su perspectiva ha sido negativa durante cerca de un año.
“Con las agencias calificadoras, sí, los indicadores de gobernanza nos han jugado en contra”, afirmó Contreras.
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Las acciones y los bonos del país están a la zaga del repunte general del mercado este año. El índice bursátil de referencia ha subido sólo un 5,4%, en comparación con un aumento promedio del 15% en toda América Latina. Y el rendimiento del 6,4% generado por sus bonos denominados en dólares está por debajo del rendimiento promedio del 10,7% de la deuda gubernamental latinoamericana, según un índice de Bloomberg.
El Ministerio de Economía y Finanzas apuesta a que la economía pueda crecer un 3% el próximo año, un objetivo prácticamente inalcanzable incluso si se beneficia de una base de comparación baja este año.
Pero hay un problema mayor a la vista: los economistas no creen que Perú pueda seguir creciendo a un ritmo acelerado. Un regulador fiscal estima su PIB potencial en un 2,6% anual y Contreras proyecta un 3%. Ninguno de los dos es suficiente para restaurar la preeminencia de Perú entre las principales economías de América Latina ni para generar muchos cambios en su estado actual.
“Lo que estamos tratando de hacer ahora es revertir este bajo crecimiento potencial”, afirmó Contreras.
Traducido por Paulina Steffens.
