La ONU pide cambios urgentes a Perú para garantizar derechos humanos
El Alto Comisionado Volker Turk critica al gobierno del Perú por no respetar los derechos humanos, y uno de los abogados defensores del ex-Presidente Pedro Castillo, encarcelado desde hace un año, el letrado argentino Guido Leonardo Croxatto, pide a la ONU que ordene su liberación.
La ONU pide cambios urgentes al Peru para garantizar derechos humanos |
AFP
Desde Ginebra, Juan Gasparini
El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Turk exhortó a las autoridades peruanas a "emprender reformas significativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones, continuar los esfuerzos de rendición de cuentas y permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo", según un informe publicado en Ginebra.
El documento analiza "la conducta de las fuerzas de seguridad durante las protestas a escala nacional, centrándose en las que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023", y resume que el gobierno de Dina Boluarte "restringió indebidamente los derechos humanos de las y los manifestantes".
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"Las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos", denunció Turk. Lamentó que "el uso de armas menos letales, incompatibles con las normas internacionales … causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes".
Al respecto la ONU "registró 50 personas muertas y 821 heridas en el contexto de las protestas del 7 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad". Añadió que "208 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos". Y dijo le consta la apertura de "investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones", sin dejar de tomar nota que se han archivado "221 por falta de pruebas», incluyendo a 192 «detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima el 21 de enero".
"Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos", subrayó Volker Türk. Insistió que "la rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral». Informó que su Oficina colabora con las autoridades peruanas, en "45 expedientes", abiertos, sobre todos "los muertos y heridos en las protestas", y presta apoyo económico "a unas 266 personas hasta la fecha".
A su vez Turk abundó que "el 19 y el 31 de julio de 2023 se produjo otra oleada de manifestaciones en todo Perú, en las que resultaron heridos 64 manifestantes y 12 agentes de policía. Las comunidades indígenas también fueron objeto de múltiples actos de discriminación y restricciones al derecho de reunión pacífica".
Ante las oleadas represivas del gobierno de Dina Boluarte, el Alto Comisionado lanzó más iniciativas "para promover cambios estructurales y reformas que garanticen el derecho de reunión pacífica y aseguren que todo uso de la fuerza debe ser compatible con el derecho internacional de los derechos humanos".
También recomendó "reforzar los mecanismos internos de rendición de cuentas, garantizar investigaciones centradas en las víctimas, imparciales y efectivas, y abordar los problemas sistémicos y profundamente arraigados de racismo y discriminación contra los pueblos indígenas y los campesinos, que constituían la mayoría de las y los manifestantes".
Concluyó que "es primordial se aborden las quejas y preocupaciones de todo el espectro de la sociedad peruana. Es necesario un diálogo nacional inclusivo. Es la única manera de avanzar. Todo el mundo necesita sentirse escuchado y representado en la sociedad para poner fin a las interminables crisis políticas y sociales", manifestó Türk, junto a la esperanza de "seguir cooperando con las autoridades peruanas y la sociedad en general para estos fines".
"El presidente Castillo está secuestrado"
Por otra parte, el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto, quien participa en la defensa del ex-Presidente del Perú, Pedro Castillo, destituido en las circunstancias que terminaran engendrando las olas represivas antes consignadas, dio a conocer que el caso ha sido presentado ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que vigila en Ginebra el cumplimiento del Pacto internacional en la materia, compuesto por 18 expertos independientes elegidos por el voto secreto de los 173 países que lo han ratificado, para que condene al Perú, y ordene la liberación del ex-mandatario encarcelado.
"La destitución de Pedro Castillo violó el reglamento del Congreso y la Constitución peruana. Se llevó adelante de manera inconstitucional e ilegal. La vacancia es nula. Por ende el Presidente Castillo está secuestrado. Después de un año en prisión sin condena no han encontrado ni una sola prueba en su contra", afirmó el letrado, consultado telefónicamente.
"Es una detención arbitraria, ademas de una destitución ilegal. No dejan que se comunique ni con sus abogados ni con su hija menor exiliada en Mexico. Por todo eso hicimos la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y también ante el Comité contra la Tortura de la ONU", finalizó el abogado Guido Leonardo Croxatto.
