Expoliados de la nacionalidad nicaragüenses, y expulsados del país, testimoniaron en la ONU

Entre las 316 personas privadas de la nacionalidad nicaragüense que debieron exilarse en 2023 para escapar de la represión desplegada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, 3 de ellas presentaron sus casos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El Alto Comisionado, Volker Turk, calificó esos hechos de «muerte civil». Asistieron al debate diplomáticos de todo el mundo, y estuvo presente la embajadora de Nicaragua.

La revocación de la nacionalidad es una de las herramientas represivas más atroces empleadas contra la sociedad civil de Nicaragua, desde que estallaran las protestas de la población contra las reformas a la seguridad social del 2018, cuya represión por la policía causara 330 muertos. Se sumaron, entre otros flagelos, el cierre de 3338 organizaciones de la sociedad civil. Para resguardar sus vidas, 600 mil nicaragüenses han debido buscar refugio en el extranjero.

«Soy Ernesto Medina, fui Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad Americana. En febrero fui despojado de mi nacionalidad y de todos mis derechos, incluyendo mi pensión de jubilación». Así se presentó esta víctima ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para pedir justicia y reparación, quien ha debido refugiarse en Alemania.

Asumió que «junto a Aula Abierta, organizaciones estudiantiles y sociales nicaragüenses documentamos la represión contra los estudiantes, académicos y universidades. Denunciamos las reformas de 2022 a varias leyes que han puesto el fin de la Autonomía Universitaria y la libertad académica, abriendo las puertas al cierre arbitrario y a la confiscación de más de 25 universidades, incluyendo a la Universidad Centroamericana, UCA, que funcionaba desde 1960».

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Reveló que «miles de jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios y a salir del país. La mayoría no ha podido reanudarlos porque no cuentan con la documentación necesaria para inscribirse en una nueva Universidad o no disponen de recursos económicos». Añadió «las repercusiones de esta situación en la falta de una educación adecuada para los pueblos indígenas y afrodescendientes».

Solicitó finalmente «que se exija al Estado nicaragüense cesar los ataques contra universitarios y las universidades, restituir las personerías jurídicas de las universidades que han sido sancionadas y devolverlas a sus legítimos dueños, exigir a las autoridades universitarias que entreguen el expediente académico a todos los estudiantes que lo soliciten, e investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos».

Por su parte, Volker Turk destacó que la «escalada» se ha ensañado con la Iglesia Católica, la cual deplora el cierre de 12 medios de comunicación asociados, y el allanamiento de la Parroquia de Jesús de la Divina Misericordia, en Sebaco, Matagalpa, en supuesta búsqueda de equipos de una emisora de radio. Fueron entonces reprimidos con gases lacrimógenos, dejando a los feligreses encerrados durante 3 días sin comida ni electricidad, con 1 herido grave. De hecho, los juicios de 5 sacerdotes, 2 seminaristas y 1 videógrafo, violaron las normas del debido proceso, todos condenados a 10 años de prisión.

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El Obispo Rolando Álvarez, se negó a subir al avión de los 222 deportados a Estados Unidos, del 19 del agosto de 2022. En 2023, «fue condenado sin juicio a 26 años de cárcel, e inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de la ciudadanía de por vida». Lo acusaron de «atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas y obstrucción de funciones agravada, desobediencia y desacato a la autoridad», definiéndolo como «traidor a la patria», afirmó Turk.

Manifestó, también, que «un sacerdote panameño fue deportado en ausencia del debido proceso, al parecer por predicar a favor del obispo Álvarez durante sus homilías». Sostuvo asimismo que «la expulsión de miembros de la Iglesia percibidos como críticos con el Gobierno, así como la negativa de dejarles entrar en Nicaragua, se han convertido en una práctica habitual, con un total de 42 casos desde agosto de 2022».

Precisó a su vez que «entre el 21 y 23 de mayo de 2023, 4 sacerdotes y 8 empleadas de la Iglesia», fueron detenidos arbitrariamente». Ninguno a recuperado plenamente la libertad. Días después «la Policía Nacional emitió un comunicado en el que afirmaba que se estaba investigando a la Iglesia Católica por blanqueo de capitales, lo que llevó a congelar las cuentas bancarias de 3 de sus 9 diócesis».

«En Nicaragua hay una guerra del régimen en contra de un pueblo desarmado, se encarcela al margen de los derechos constitucionales. Si eres disidente, las opciones son: la muerte, la cárcel o el exilio forzoso», abrevió Haydee Castillo, al iniciar su intervención en la ONU. «Soy defensora de derechos humanos, excarcelada, exiliada y despojada de mi nacionalidad. Miembro de la Coalición Nicaragua Lucha», quien agradeció a «Solidaridad internacional Galicia y a PADF, facilitar» su presencia en Ginebra.

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«Hay campesinos durmiendo en el monte por la persecución, en los pueblos indígenas se violenta el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la puerta giratoria de hombres y mujeres encarcelados políticos en todo el país no se detiene. Las presas políticas», acaban de iniciar «una huelga de hambre ante tanta violación a sus derechos», exhumó Hayde Castillo.

«La juventud fue despojada de la educación de calidad. La población es como un río forzado al exilio. Quienes defendemos derechos somos desprestigiados fomentando odio y violencia política hacia nosotras», detalló. Y agregó: «Ninguna persona secuestrada se libra sola de su secuestrador, el régimen controla todo: las instituciones del Estado, el dinero recaudado con el terrorismo fiscal, los préstamos de la banca internacional, de los tratados de libre comercio, remesas y la cooperación internacional».

Fernanda Daniela Martínez Morales, de la Red de Mujeres Pinoleras, dijo en la ONU ser una de las mujeres nicaragüenses «exiliadas y obligadas a desplazarnos de manera forzada a partir de 2018». Enfatizó «la abrumadora realidad que vivimos, desprotegidas ante la violencia institucional y de género». Consignó que el gobierno abolió la personería jurídica «de más de 300 organizaciones que trabajaban en pro de los derechos de las mujeres, niñez y juventud, dejando un vacío de prevención de la violencia y el acompañamiento integral de mujeres y niñas víctimas».

Concluyó que «desde hace 5 años, cientos de miles de mujeres hemos tenido que salir del país para salvaguardar nuestras vidas y no ser apresadas, pero la persecución no cesa y las que a pesar del riesgo deciden levantar la voz, son detenidas, perseguidas y encarceladas. Ahora hay 16 mujeres presas políticas, 4 de ellas detenidas el último mes, por ser defensoras de derechos humanos: Adela Espinoza, Gabriela Morales, Mayela Campos, y Damaris Hernández». Pidió al Consejo, y a la «Comunidad internacional», obrar para la liberación de todas las presas políticas.