Mediante tres intervenciones orales ante los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para las poblaciones indígenas, la abogada peruana Karina Baca Gómez Sánchez, planteó en Ginebra la terrible situación de muchas comunidades campesinas de los pueblos originarios quechua en su país. Dijo que están bajo amenaza de ser desalojados o despojados de sus propios territorios ancestrales, por sentencias judiciales a favor de hijos de hacendados que están reclamando les restituyan supuestas tierras de sus parientes de la época colonial. (1)
Responsable de la Asociación Nacional de Pueblos Indígenas en el Perú, letrada especializada en la defensa de indigenas, Karina Baca Gómez Sánchez se hizo eco de las denuncias que las víctimas de esta expoliación han venido haciendo públicas desde tiempo atrás, sin conseguir un reconocimiento definitivo de la justicia peruana, ni tampoco el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano competente de la OEA, que no ha dispuesto medidas cautelares. Por eso ahora recurren a la ONU.
La justicia peruana no ha emitido sentencias que garanticen los títulos de propiedad de los territorios de estos quechuas, quedando desamparados a merced de la presente violencia neo-colonial. La conquista les arrebató las tierras y se instalaron haciendas donde los indigenas trabajaron como pongos o esclavos hasta la reforma agraria, cuando se les devolvieron las tierras, se reconoció la comunidad y se inscribieron sus títulos oficialmente, afirmó Karina Baca Gómez Sánchez.
Sin embargo, en el caso Tancalla del 2005, una demanda por no haberse notificado a los ex hacendados de la perdida de la propiedad asignada inicialmente por los continuadores del colonialismo, se ha impuesto judicialmente de hecho, ante la indefensión de los quechuas, quienes no pudieron defenderse en igualdad de condiciones ante los presuntos descendientes de los colonizadores, por condiciones de pobreza, exclusión y discriminación severa, subrayó Karina Baca Gómez Sanchez.
Recalcó a su vez que la figura de la usurpación viene siendo utilizada para la criminalización de la defensa de las geografía de los pueblos originarios, reconocida por el estado peruano, cuestionamiento esgrimido también por ex-hacendados para el desposeimiento de las propiedades de las comunidades campesinas por quienes cuentan con poder económico y acceso a la justicia ordinaria. Detalló que la igualdad sin discriminación por etnia es todavía ajena a las poblaciones originarias del Perú.
Agregó que el procedimiento judicial en el Perú se desarrolló en un Juzgado Mixto de Santiago, fuera de su ámbito, con una jueza que fue separada por corrupta por la Junta nacional de Justicia, cuestionando quechuas que inscribieron las tierras hace 20 años, a quienes jamas les hicieron ningún control de convencionalidad. No obstante se los obliga ahora a desalojar sus tierras, ocupadas por viviendas y servicios sociales, bajo intimidación de derribar las construcciones y lanzar la intervención policial, con facultades de detener a quienes se opongan.
Karina Baca Gómez Sánchez justificó su iniciativa ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitando la «inejecutabilidad de la sentencia de inconvencionalidad y vulneración de la jurisdicción comunal» de la sentencia contra los quechuas residentes en las tierras hoy cuestionadas por nostálgicos del colonialismo. Lo fundamentó porque la ONU es «instancia supranacional» para el Peru en cuanto a la aplicación de la normativa internacional sobre pueblos indigenas ratificada por el país.
En particular recordó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza la propiedad y posesión de las tierras por los pueblos que las ocuparan tradicionalmente, y que «deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar la reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados», instrumento ratificado por el Perú, cuyos derechos han sido confirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia legislación interna del Perú,
(1) Puso como ejemplo los casos de las comunidades campesinas de Tantacalla, Patabamba, Incacona, Sihuina, Urinsaya Ccollana Huarondo, Usi y otros de la región del Cusco (principalmente) conformantes de los pueblos originarios quechua en las provincias de Anta, Calca, Espinar y Paruro en el Peru.
