Por 21 votos a favor, 5 en contra y 21 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió en Ginebra prolongar por 2 años el mandato del Grupo de 3 Expertos independientes sobre los Derechos Humanos en Nicaragua. De América Latina y el Caribe, votaron a favor Argentina, Chile, Costa Rica, México y Paraguay. Se abstuvieron Honduras y Bolivia. Y se opuso Cuba.
Maximo órgano de la ONU en la materia, a este Consejo lo integran 47 países, cuyo tercio se renueva anualmente mediante el voto secreto de los 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, según una representación pactada por regiones del mundo, también decidida por dicha Asamblea, el parlamento de la ONU. Este año, por la región latinoamericana, forman parte de este Consejo, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Honduras, Paraguay, Costa Rica y México.
El informe de los Expertos, quienes no son funcionarios de la ONU y actúan en base a su conciencia, no cobran sueldo, sólo viáticos para sus misiones, los cuales han visto renovados sus mandatos por 2 años más, fue presentado a comienzos del mes pasado. Consignó la tragedia que vive Nicaragua, reflejada en la resolución ahora adoptada. Resume el «retroceso democrático y la crisis sociopolítica y de derechos humanos, así como la erosión del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la separación de poderes, y su impacto multidimensional en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales».
También se enumeran «continuas denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos» y «la falta de rendición de cuentas y de investigaciones independientes, transparentes e imparciales desde abril de 2018». Asimismo, «con respecto al asesinato de al menos 300 personas, las persistentes prohibiciones de manifestaciones publicas y el uso desproporcionado y letal de la fuerza y los actos de intimidación y hostigamiento por parte de la policía para reprimir protestas pacíficas », junto a incursiones violentas "por parte de grupos armados, incluso contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe».
Al respecto, se citan además ejemplos de represalias contra el partido político indígena Mayangna Sauni As, y del pueblo Yatama. De esta última comunidad es originaria la dirigente Anexa Alfred Cunningham, designada para integrar el «Mecanismo de Expertos» sobre derechos de los Pueblos indígenas, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a quien las autoridades de Managua le impidió regresar a su país en 2022, no pudiendo embarcar en un vuelo de retorno a Nicaragua, al finalizar una reunión de Naciones Unidas en Ginebra.
El entonces Presidente del Consejo, el embajador argentino Federico Villegas, y la diplomacia helvética, debieron emplearse para expatriar de Nicaragua a los hijos de Cunningham, de modo que junto a su madre, pidieran el asilo político en Suiza.
En el contexto de la catástrofe radiografiada por los expertos, al cabo del «periodo previo y durante las elecciones municipales celebradas en noviembre del 2022», el Consejo consideró que el gobierno de Daniel Ortega no ha «implementado reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones libres y justas, llevadas a cabo de manera transparente». En cambio percibe restricciones para que los ciudadanos participaran «en el proceso» electoral, con exclusión de partidos políticos», detenciones arbitrarias de opositores, «intimidación para coaccionar a los votantes», y la «violencia política generalizada durante todo el proceso».
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El Consejo cuestiona las «enmiendas a algunas disposiciones del Código Penal y la Promulgación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, la Ley de Delitos Cibernéticos, la Ley 977 sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucciones Masiva, la Ley 1055, sobre los Derechos de los Pueblos a la Independencia, Soberanía, y Autodeterminación para la Paz, la Ley 1115, la Ley General de Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, Ley 1145 sobre la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense y la enmienda al artículo 21 de la Constitución Nacional», todas disposiciones contrarias «al derecho internacional de los derechos humanos».
La resolución que se viene de adoptar condena «nuevas detenciones» en perjuicio de «empresarios, periodistas, lideres religiosos, campesinos y estudiantiles, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, miembros de la sociedad civil y familiares de disidentes reales o presuntos». Dichas personas son sometidas al avasallamiento de «su integridad, trato y condiciones de detención», se subraya los perjuicios para «la salud», toda vez que tales hechos «pueden constituir tortura o tratos o penas crueles inhumanos o degradantes», y «reconociendo las dificultades particulares que enfrentan las personas mayores y enfermas, y las mujeres y niñas, detenidas».
A su vez, la ONU se alarma de «los continuos informes sobre juicios de personas detenidas arbitrariamente, que se han celebrado sin respetar garantías procesales jurídicas, incluidos los derechos a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, (y) a una audiencia justa y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar defensa».
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Finalmente, la ONU rechaza «en los términos más enérgicos la decisión», que desde el gobierno en Managua, se revocara «arbitrariamente la nacionalidad nicaragüense de los 222 presos políticos deportados el 9 de febrero de 2023, de las 94 personas adicionales el 14 de febrero de 2023 y de otros presos políticos que permanecen en el país, en contravención de su derecho humano a una nacionalidad y que, como apátridas, los expone a más violaciones y abusos de los derechos humanos». La resolución denuncia «la confiscación arbitraria de bienes pertenecientes, entre otros, a personas que han sido arbitrariamente despojadas de su nacionalidad».
En cuanto a las ONG, Gaia Helti, de «Raza e Igualdad», declaró que la prolongación de este mandato «significa un reconocimiento internacional de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Refleja la solidaridad para con las víctimas. Denota un compromiso para evitar que estos actos inéditos sigan ocurriendo. Valoramos la inclusión del enfoque de las violaciones a pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes, que no solo esperamos se vea reflejada en el mandato, sino también en el trabajo temático de los órganos de derechos humanos».
Raphaël Viana David, del «Servicio Internacional de Derechos Humanos», denunció que «600.000 personas han tenido que huir del país ». Consideró que la resolución amplia el alcance del trabajo de los expertos, dando una mayor atención a la violencia y abusos contra indígenas, afrodescendientes, personas despojadas de su nacionalidad, y a la violencia sexual, deportaciones forzosas, y persecución por motivos políticos de disidentes. Estos graves abusos han sido ejecutados por las autoridades de todas las ramas del gobierno y a todos los niveles, incluidos el Presidente Ortega y la Vicepresidente Murillo».
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