Cancelación de la libertad religiosa y prohibición de ejercer la profesión de abogado, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, se destacan en la ola represiva de los últimos 2 meses desencadenada por el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, denunció la ONU en Ginebra. Argentina y Chile subrayaron denuncias.
La Alta Comisionada adjunta para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, enumeró 63 detenciones arbitrarias de personas relacionadas con la Iglesia Católica, entre abril y mayo pasados, perseguidos por "conspiración para atentar contra la integridad nacional" y "difusión de noticias falsas". Diez creyentes fueron expulsados del país o detenidos en 2023. Entre ellos figura el Obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, sin juicio. Las cuentas bancarias de al menos 3 diócesis fueron congeladas, acusadas de "lavado de dinero".
La prohibición de ejercer la abogacía afecta a 26 profesionales, por "traición a la patria", de los cuales 15 integran la lista de 222 prisioneros políticos liberados el 9 de febrero último para ser expulsados a Washington, perdiendo la nacionalidad nicaragüense, convertidos en apátridas. Otros 94 opositores, anteriormente refugiados en países vecinos, fueron asimismo despojados de la nacionalidad, derechos cívicos, bienes privados, pensiones y cuentas bancarias. "Más de 300 personas han sido privadas de la nacionalidad, así como sus familiares".
La ONU refuerza investigaciones en Nicaragua sobre derechos humanos
Entre el 2019 y el 2022, cerca de 600 mil nicaragüenses abandonaron el país. A 6 de entre ellos que intentaron volver, les negaron la entrada. Se multiplican los obstáculos para obtener pasaportes nacionales "de familiares de cualquier persona que se oponga o perciba que se opone al Gobierno". El escarmiento de las "protestas" del 2018, originadas por la oposición popular a las reformas de la seguridad social dispuestas por el gobierno, causaron 300 muertos.
"Los pueblos indígenas continúan" siendo objeto "de ataques y hostigamiento, según informes" recabados por la ONU. "El 11 de marzo, 5 personas fueron asesinadas en la comunidad Mayangna Wilú", además de "un líder de la comunidad Alal, en el resguardo de Bosawas, el 24 de abril" siguiente. "Unas 60 familias" de estas poblaciones "abandonaron sus hogares…El gobierno no ha condenado" estos hechos, ni informado "sobre las investigaciones". Perdura de hecho la impunidad en torno a "los ataques y asesinatos de indígenas de la Costa Caribe".
Para "poner fin y revertir todas las medidas vigentes que están erosionando el estado de derecho, el espacio cívico y los derechos humanos", la ONU insta a Nicaragua a "liberar de inmediato y sin condiciones a los detenidos arbitrariamente…y restaurar los derechos de las personas privadas de su nacionalidad". Al tiempo, suspender "la persecución contra la Iglesia Católica y los actores de la sociedad civil". Y restablecer la "personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades disueltas arbitrariamente desde el 2018".
La ONU también reclama a Nicaragua "garantizar la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos, en línea con los principios de participación y transparencia", de las violaciones pasadas y presentes, "para preservar el camino hacia un dialogo nacional, inclusivo y participativo". Le encomia aprovechar la oportunidad de la convocatoria para octubre venidero, a comparecer ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer".
De los países de la región, que intervinieron en el debate sobre el agravamiento de violaciones a las libertades fundamentales en Nicaragua, celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina manifestó su "preocupación" por las denuncias ventiladas en Ginebra, "que continúan agravándose", según el balance de la Alta Comisionada Adjunta. Puso como ejemplo el cierre "de más de 3.200 organizaciones de la sociedad civil en menos de un año, la clausura de medios de comunicación", y la confiscación de propiedades de "disidentes".
Chile afirmó compartir "las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y el aislamiento internacional de ese país". Alentó a que las autoridades en Managua dieran acceso a la Oficina del Alto Comisionado al territorio nicaragüense "para iniciar diálogos con los mecanismos internacionales de derechos humanos". En particular señaló preocupación "por los retrocesos en los derechos de las mujeres y la igualdad de genero".
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