Estados Unidos advirtió contra el "continuo retroceso" en materia de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En línea con los "gobiernos autoritarios" (según su definición) que mueven los hilos de los países latinoamericanos se registraron ejecuciones arbitrarias, desapariciones y torturas hacia opositores políticos.
Este lunes 20 de marzo Washington publicó el "Informe sobre derechos humanos", una tradicional investigación que lleva a cabo el Departamento de Estado desde los años setenta. El documento recaba el estado de los derechos civiles, individuales, políticos y laborales reconocidos a nivel internacional en 2022, con base en "información fáctica y objetiva" de diplomáticos, oenegés y activistas de derechos humanos, funcionarios locales y periodistas de 198 países.
El encargado de anunciar los hallazgos del 2022 fue el secretario de estado de Joe Biden, Antony Blinken. En una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia norteamericana apuntó contra los países enemistados con Estados Unidos, entre ellos los regímenes cubano, nicaragüense y venezolano, a los que acusó de encarcelar, torturar y ejecutar a sus ciudadanos.
En tanto, el anuncio de Blinken coincidió con la visita del presidente chino Xi Jinping a su homólogo ruso Vladimir Putin, en lo que fue el gesto de mayor apoyo desde la guerra en Ucrania. Ambos fueron otro de los focos de críticas por parte del funcionario, quien insistió en que los informes afectan tanto "a socios y aliados" de Estados Unidos como a sus "rivales" (en alusión a una presunta imparcialidad), pero no a Washington. "Aunque este informe mira hacia países de todo el mundo, sabemos que Estados Unidos enfrenta su propio conjunto de desafíos en materia de derechos humanos", señaló al respecto.
Presos políticos en Nicaragua
Estados Unidos definió a Nicaragua como "un estado autoritario" que está en manos de Daniel Ortega, uno de los regímenes que Washington condena a nivel regional. "Sigue deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas", afirmó Blinken este lunes en referencia al mandatario centroamericano.
Según el informe, el gobierno nicaragüense es responsable de "no tomar medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones", tras las violentas protestas de 2018 en las que miles exigieron del eterno mandatario del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En ese sentido, el escrito resalta que el cuestionamiento al presidente por haber encarcelado a 40 figuras de la oposición, por cometer fraude en las elecciones de 2021 que lo perpetraron en el poder. En ese sentido, señala que Ortega "reforzó la impunidad" de ciertos funcionarios que cometieron abusos o violaciones a los derechos humanos pero que le fueron "leales".
Entre ellos, funcionarios y efectivos parapoliciales, quienes además llevaron a cabo una "campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los supuestos enemigos del régimen, como exprisioneros políticos y sus familias, activistas campesinos, grupos de oposición a favor de la democracia, defensores de derechos humanos, líderes del sector privado. y clérigos, otros actores religiosos y grupos de la sociedad civil afiliados a la iglesia".
Cuba, entre "sentencias draconianas" y ejecuciones arbitrarias
"Cuba es un estado autoritario", dictamina el informe, seguido de una crítica implícita al régimen de partido único que impera en el país. La isla caribeña tuvo mención especial de Blinken, quien afirmó que el informe "no es para sermonear ni avergonzar" sino para resaltar los abusos que, en este caso, son principalmente contra opositores al gobierno de Díaz Canel.
Entre los "numerosos abusos" que señala el informe se destacan las "ejecuciones ilícitas o arbitrarias", "torturas y tratos crueles" a disidentes políticos y presos. "Los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos", denunció Blinken.
El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en centenares de localidades de Cuba en unas protestas que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y más de mil detenidos, según varias oenegés. Según cifras oficiales, al menos 490 manifestantes fueron condenados, algunos a hasta 25 años de prisión.
En la interminable lista figuran también las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; represión transnacional contra individuos en otro país; serios problemas con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, la censura, los arrestos o enjuiciamientos injustificados de los periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales contra la difamación.
La persecución política en Venezuela
Al igual que en los casos anteriores, el informe sobre Venezuela fue contundente en relación a las violaciones a los derechos humanos "por motivos políticos" presuntamente perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos la "privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegítimos".
"Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población", detalla.
Además, destaca un informe de la ONU de septiembre de 2022 que apunta contra el uso sistemático de las fuerzas de inteligencia venezolanas para "intimidar y controlar" a los políticos opositores. En ese sentido, la Casa Blanca denunció que el Ejecutivo y otras instituciones de gobierno fueron cómplices de estos atropellos al no haber tomado "acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción".
"Los datos de Foro Penal reportados entre enero de 2014 y noviembre de 2022 mostraron que 15.777 personas fueron detenidas por motivos políticos y 875 civiles fueron procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar", indica el documento. Luego cita otra fuente, Foro Penal, que registró que más de 9.400 personas permanecían "sujetas a procesos penales arbitrarios por medidas cautelares de motivación política".
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En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, existen "numerosos informes" con base en oenegés que dan constancia de ello, pese a que no existe información oficial. Entre los ejemplos figura el asesinato de cuatro dirigentes de pueblos originarios de la comunidad yanomamis en el Amazonas por Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ocurrido en marzo de 2022.
De acuerdo con el informe y apoyado en los datos de la ONG Espacio Público, en 2022 se reportaron 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, incluyendo censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos. A modo de ejemplo cita el caso de Olga Mata y Florencio Gil, arrestados en abril luego de criticar a Diosdado Cabello y Cilia Flores (la esposa de Maduro) en las redes sociales. Ambos fueron acusados por el fiscal general de "instigar el asesinato de figuras públicas", en virtud de la polémica "ley contra el odio" de 2017.
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