Italia ha adoptado medidas aparentemente draconianas para detener el brote de COVID-19 que, hasta el momento, ha matado a 366 personas en el país y forzado a otras 650 a unidades de cuidados intensivos.
Unos 17 millones de personas ahora están en cuarentena en la región norte de Lombardía y en otras 14 provincias, incluida Venecia. El gobierno, además, cerró espacios públicos como gimnasios y piscinas en estas áreas, y restringió duramente el uso de bares y restaurantes. Teatros, cines y museos permanecerán cerrados en todo el país.
Estas iniciativas, que siguen a una decisión anterior de cerrar las escuelas en todo el país, son las más severas en Europa, lo que refleja la magnitud del brote en Italia. Sin embargo, aún no se comparan con las medidas que China tomó en enero para contener un brote en la ciudad de Wuhan y la región circundante de Hubei. Esto muestra los límites de hasta dónde puede llegar un estado democrático para restringir las libertades de sus ciudadanos al tratarse de una emergencia médica y plantea preguntas sobre cuán efectivas serán las medidas.
El gobierno italiano emitió un decreto este fin de semana que señalaba que las personas que viven en un área que se extiende por el norte y el centro del país deben permanecer dentro de la zona hasta el 3 de abril. A estos ciudadanos se les ha dicho que se queden en casa y que solo salgan a trabajar o cumplan con sus necesidades básicas. Las tiendas pueden permanecer abiertas, al igual que las oficinas públicas, pero deben asegurarse de que haya espacio suficiente para que las personas se mantengan lo más alejadas unas de otras.
La razón principal de estas medidas apunta a ralentizar y contener el virus, que ha infectado a más de 7.000 personas. El brote está ejerciendo una gran presión sobre los hospitales y, en particular, las unidades de cuidados intensivos en Lombardía, que tiene uno de los mejores sistemas de salud del país. El temor es que la magnitud de la epidemia sea imposible de manejar y que el brote se traslade decididamente hacia el sur, donde los hospitales están menos equipados. La esperanza es replicar el éxito de China, que logró limitar la propagación de COVID-19 en Wuhan gracias a una serie de medidas extremadamente estrictas. Estas incluían restricciones de viaje muy severas y limitaciones de movimiento dentro de la ciudad.
Sin embargo, los pasos de Italia son menos limitantes de lo que uno podría haber anticipado. El gobierno permite que las personas se muevan por las áreas afectadas, e incluso las dejen, por razones relacionadas con el trabajo o la salud. Roma dice que multará o arrestará a quienes infrinjan las reglas, pero será difícil patrullar un área tan vasta. Las personas solo necesitarán una declaración por escrito para demostrar que viajan por trabajo, un sistema abierto al abuso.
Estas dificultades apuntan al problema fundamental de controlar una epidemia tan peligrosa en un país democrático que valora las libertades fundamentales como la libertad de traslado. El gobierno también quiere proteger la economía de la nación, que ya sufre una fuerte contracción en la demanda interna y extranjera, de ahí la apertura a los viajes de empleo y la decisión de dejar que las personas sigan trabajando como siempre.
El decreto parece ser más bien un instrumento para tratar de persuadir a las personas para que encuentren formas de quedarse en casa el máximo tiempo sea posible, en lugar de una lista de prescripciones obligatorias. Esto lo hace muy diferente, y potencialmente mucho menos efectivo, que la represión de China en Wuhan.
A medida que el brote afecta a otros países occidentales, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, estos también se enfrentarán al mismo dilema que Italia. A pesar de todas sus facultades persuasivas, los gobiernos necesitarán la colaboración sustancial de sus ciudadanos para poder frenar el virus y volver a una vida normal. Las democracias confían en sus ciudadanos, ahora es el momento para que nos ganemos esa confianza.
