La Comisión de la Verdad mexicana creada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, alegó el mes pasado que un coronel del Ejército ordenó el asesinato de seis de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Luego, esta semana se filtraron documentos a la prensa que describían detalles macabros sobre cómo un grupo criminal intentó deshacerse de los cuerpos de los estudiantes, lo que sugiere que las tropas ayudaron a ocultar algunos de sus restos.
Ocho años después de la desaparición de los estudiantes de la escuela de maestros en la localidad de Ayotzinapa, las nuevas revelaciones impactaron a la nación y provocaron algunas protestas en México durante la semana pasada. López Obrador ha tenido dificultades para lograr un equilibrio entre cumplir su promesa de sacar a la luz la verdad sobre el caso y no desacreditar al Ejército, un aliado importante cuyo papel ha ampliado extensamente para diseñar la mayoría de sus proyectos clave de infraestructura y hacerse cargo de aduanas y puertos.
En la investigación “vienen cinco miembros del Ejército, los de más jerarquía”, dijo esta semana AMLO, como se conoce al presidente, refiriéndose en parte al arresto de un general retirado. “Esto no significa querer manchar al Ejército. Si este grupo se aplicó en estas acciones criminales, ellos deben de asumir su responsabilidad, eso no significa que es toda la institución la responsable”.
El presidente se puso aún más a la defensiva después de que El País informara que la Fiscalía General de la República había cancelado las órdenes de aprehensión de 21 de los 83 sospechosos presuntamente involucrados en las desapariciones, 16 de las cuales corresponden a personal militar. Un fiscal especial que investiga el caso de los estudiantes emitió esas órdenes en agosto.
México declara “crimen de Estado”, el caso de “los 43”, y ordena cientos de arrestos
“Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”, señaló AMLO, refiriéndose al informe de la Comisión de la Verdad de su Gobierno. “Y esto no significa que se cierra la investigación”.
Al día siguiente, el fiscal especial a cargo del caso renunció. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha trabajado estrechamente con los padres de los estudiantes desaparecidos, dijo en un comunicado que esta situación es “en extremo preocupante” para seguir adelante con el proceso de justicia.
Los críticos han dicho que su renuncia, junto con la cancelación de las órdenes de aprehensión, daba la impresión de que el Gobierno estaba tratando de evitar que saliera a la luz el alcance total de la participación militar en el caso de los estudiantes desaparecidos.
Niveles de aprobación
Javier Martín Reyes, experto político y jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el Ejército es una organización muy jerárquica y que es muy probable que los altos mandos estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo.
Señaló que es posible que este episodio específico solo tenga un impacto marginal en la aprobación del Ejército por parte de la población general, pero que, a más largo plazo, a medida que el Presidente siga asignando a los militares nuevas funciones que no les corresponden, esto podría afectar sus niveles de aprobación.
AMLO ha presionado para que se realice una consulta pública a principios del próximo año sobre si la presencia militar en las calles debería extenderse hasta 2028 para hacer frente a los violentos ataques de los narcotraficantes y otros grupos criminales, luego del fracaso de una propuesta similar en el Congreso.
También ha luchado para que la Guardia Nacional, que se inició bajo su Administración, esté bajo el control de la Secretaría de Defensa Nacional. Previamente en su Gobierno, AMLO había criticado el papel de los militares en la lucha contra los cárteles durante las administraciones de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
