La muerte llegó rápido para las abejas melíferas de Aldo Machado. Menos de 48 horas después de que la primera apis mellifera mostrara síntomas de enfermedad, decenas de miles yacían muertas, sus cuerpos amontonados en montículos. "Tan pronto como las abejas sanas comenzaron a sacar a las abejas moribundas de las colmenas, se contaminaron", señaló Machado, vicepresidente de la asociación de apicultura de Rio Grande do Sul en Brasil. "Comenzaron a morir en masa".
Cerca de 500 millones de abejas murieron en cuatro estados del sur de Brasil en los primeros meses del año. El suceso puso en el tapete cuestionamientos sobre el océano de pesticidas usados en la agricultura del país, en momentos en que el gobierno considera permitir más. La mayoría de las abejas muertas tenían rastros de Fipronil, un insecticida proscrito en la Unión Europea y clasificado como posible carcinógeno humano por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
Desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo en enero, Brasil permitió ventas de un récord de 290 pesticidas, un 27% más que en el mismo periodo del año pasado, y un proyecto de ley ingresado al Congreso reduciría los estándares aún más.
La nación está inundada de productos químicos. El uso de pesticidas en Brasil se disparó un 770% entre 1990 y 2016, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El Ministerio de Agricultura dice que Brasil ocupa el puesto 44 en el mundo en el uso de pesticidas por hectárea y que al ser un país tropical es "incorrecto" comparar sus prácticas con las de las regiones templadas.
Aún así, en su último informe de seguridad alimentaria, el regulador del sector de salud de Brasil, Anvisa, reveló que el 20% de las muestras contenían residuos de pesticidas por encima de los niveles permitidos o pesticidas no autorizados. Ni siquiera analizó el glifosato, el plaguicida más vendido en Brasil, que está prohibido en la mayoría de los países.
Las colmenas silenciosas, según los críticos, son una advertencia. "La muerte de todas estas abejas es una señal de que estamos siendo envenenados", afirmó Carlos Alberto Bastos, presidente de la Asociación Apícola del Distrito Federal de Brasil.
La agricultura es el mayor contribuyente al crecimiento de Brasil, ya que compone alrededor del 18% de la economía. Su poder, desde la cultura pop a la política, es inigualable. Los principales productores patrocinan grupos de samba y son posiblemente la agrupación más influyente en el Congreso.
Al igual que el presidente de EE.UU., Donald Trump, Bolsonaro fue elegido con un fuerte apoyo de la agroindustria y ha expresado su desdén por las inquietudes ambientales. Alrededor del 40% de los pesticidas de Brasil son "altamente o extremadamente tóxicos", según Greenpeace, y el 32% no está permitido en la Unión Europea. Mientras tanto, las aprobaciones se están agilizando sin que el gobierno contrate suficientes personas para evaluar las solicitudes, denunció Marina Lacorte, coordinadora de Greenpeace Brasil. "No hay otra explicación para eso, aparte de la política", indicó.
Facilitar la aprobación de plaguicidas fue un compromiso de campaña para Bolsonaro. El sector agrícola se ha quejado durante años de lentitud. Aproximadamente la mitad de las aprobaciones corresponden a ingredientes, no productos finales, explicó Andreza Martínez, gerente de regulación de Sindiveg, un grupo que representa a productores de pesticidas. Variar productos químicos es importante ya que las plagas desarrollan resistencia a las fórmulas, acotó.
"Da más herramientas a los agricultores, pero eso no significa un aumento en el uso de productos en los campos", planteó. La variedad, sin embargo, alarma a los toxicólogos. "Cuanto mayor es el número de productos, menores son nuestras posibilidades de [garantizar] seguridad, porque no se puede controlar a todos", dijo Silvia Cazenave, profesora de toxicología de la Pontificia Universidad Católica de Campinas.
El Ministerio de Salud de Brasil reportó 15.018 casos de envenenamiento por plaguicidas agrícolas en 2018, aunque reconoció que es probable que haya habido más casos. Una de las víctimas fue Andresa Batista, de 30 años y madre de tres hijos. En marzo de 2018, comenzó a trabajar recolectando soja en una de las plantaciones que rodean a la capital, Brasilia. Pronto comenzó a sentirse mareada y con náuseas y luego se desmayó.
Más de 40 campesinos enfermaron ese día, según Batista, tantos que fueron divididos en tres grupos y llevados a diferentes hospitales. El primer equipo médico que asistió a Batista también se empezó a sentir mal, lo que provocó que el hospital destruyera su ropa, incluida su ropa interior. Así y todo, Batista y la mayoría del resto fueron autorizados a volver al trabajo dos días después. Apenas comenzaron, colapsaron.
Ha pasado más de un año y Batista todavía no puede trabajar. Tiene dificultad para comer sin vomitar, no puede ir al baño sin medicamentos, no pude exponerse al sol sin que su piel se hinche y ha perdido alrededor del 30% de su vista. Los médicos no pueden darle un pronóstico debido a la incertidumbre sobre el tipo de pesticida que la envenenó. "Ese día nuestras vidas terminaron", lamentó. "No somos las mismas personas que éramos antes".
Documentos judiciales muestran que Dupont do Brasil, la compañía a cargo de la plantación, acordó pagar 50.000 reales (US$13.000) en daños y perjuicios a uno de los colegas de Batista ese día. Batista dijo que la compañía le pagó 40.000 reales como parte de un acuerdo extrajudicial. La oficina de prensa de Dupont respondió que no podía comentar sobre el caso debido a restricciones legales.
El gobierno expresó que se debe investigar todo caso de intoxicación y que se debería introducir un decreto para fortalecer el proceso de supervisión y capacitación para el manejo de pesticidas. Pese a tales testimonios, el Congreso puede acelerar aún más las aprobaciones, cambiar la marca de los pesticidas y considerarlos "defensas agrícolas" y sustituir el requisito para identificar el daño potencial con un simple análisis de riesgo.
El Instituto Nacional del Cáncer de Brasil argumentó que la medida permitiría pesticidas con "características cancerígenas, poniendo en peligro a la población". Pero Alceu Moreira, presidente del Frente Parlamentario Agropecuario de la Cámara Baja, está seguro de que se convertirá en ley. "Existe la necesidad de crear este discurso internacional que dañe la imagen de la agricultura brasileña, como si estuviéramos usando niveles excesivos de pesticidas", aseveró. "No es así".
Puede que los brasileños estén en desacuerdo. Carrefour Brasil, una cadena de supermercados, planea aumentar su oferta de productos orgánicos en un 85% en 2019. Tatiana Carvalho, una joven de 31 años que administra un pequeño servicio de entrega de productos orgánicos en Brasilia, dice que las ventas han aumentado constantemente desde que comenzó hace cuatro años, pese a la profunda recesión del país. Atribuye su éxito a dos cosas: una mayor conciencia de los consumidores y la decisión del gobierno de autorizar cada vez más pesticidas.
