Moody’s Investors Service prevé una situación fiscal más complicada para México en comparación con el año pasado e incluso con principios de este año, mientras intenta decidir qué hacer con la calificación soberana de la nación este trimestre.
Moody’s ha mantenido su calificación para México en Baa1 con perspectiva negativa desde que rebajó en abril de 2020 su calificación soberana en un escalón, tres niveles por encima del umbral del grado de inversión.
Es probable que la calificadora decida cómo “resolver” la perspectiva negativa este trimestre, dijo el lunes Renzo Merino, analista soberano de Moody’s para México, en una entrevista, lo que indica que se acerca una decisión sobre si rebajar su calificación o regresarla a estable.
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El panorama fiscal del país se ha visto afectado por la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de los precios internacionales del petróleo, que, si bien reducen parte de la presión sobre México para financiar la deuda de la estatal Petróleos Mexicanos, también han elevado el costo de las importaciones de combustible y perjudicado las perspectivas de crecimiento de México, señaló Merino.
“El panorama no era muy bueno a principios de año, pero sin duda se ha vuelto más complicado debido a los recientes impactos”, sostuvo Merino. “El conflicto Rusia-Ucrania, y lo que eso ha significado para los precios de los productos básicos y las presiones inflacionarias y limitaciones de suministro para México, han complicado el panorama mucho más de lo que habíamos anticipado hace un año”.
Merino señaló que cualquier decisión sobre la calificación soberana será tomada por el comité.
Rigidez fiscal
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a hacer que México sea autosuficiente en energía para mantener bajos los precios para los mexicanos comunes. Sus objetivos de política monetaria han resultado en que México utilice la ganancia inesperada de los mayores ingresos por el petróleo para mantener bajos los precios del combustible para los consumidores en las estaciones de servicio.
A lo largo de la pandemia, López Obrador siguió un camino de austeridad fiscal a diferencia de muchos pares regionales, negándose a endeudarse para inyectar estímulo.
Al mismo tiempo, el presidente está canalizando fondos a sus principales proyectos de infraestructura, como una nueva refinería, la compra de la refinería Deer Park en Texas y la construcción del Tren Maya en el sureste de México. Estos proyectos son parte de un patrón de “rigidez fiscal”, que podría impedir que el presidente modifique su presupuesto en caso de déficit de ingresos, dijo Merino.
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“Para mantener el déficit fiscal, el Gobierno debe reacomodar su presupuesto ya sea recortando gastos o recibiendo mayores ingresos, y eso es más difícil debido a su actual rigidez fiscal y la respuesta de política monetaria al aumento en los precios de los combustibles”, indicó Merino.
Moody’s redujo recientemente su pronóstico de crecimiento del PIB para México del 3% a principios de año a 1,1% debido al aumento de la inflación y los efectos indirectos esperados de la guerra en Ucrania, que afectan negativamente al consumo de los hogares. Eso es un tercio de la estimación actual de crecimiento del 3,4% del Gobierno para este año.
En lo que va del año, las cuentas fiscales de México aún no muestran tensión. El Gobierno registró un déficit de 170.000 millones de pesos (US$8.400 millones) en los primeros dos meses del año, menos de los 204.000 millones de pesos previstos en el presupuesto. La relación entre la deuda y el PIB cayó al 50,1% en 2021 frente al 51,7% en 2020, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
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Otra preocupación, dijo Merino, es que las recientes propuestas del Gobierno de López Obrador para modificar las leyes de electricidad del país están perjudicando la confianza empresarial en el país debido a una mayor incertidumbre regulatoria.
Un proyecto de ley para modificar la Constitución para cambiar la ley de electricidad fue rechazado por el Congreso este mes, pero otra ley permanece en un limbo legal luego de que la Suprema Corte de Justicia de La Nación no la rechazara por completo, la inversión privada en energía en el país se ha estancado.
Si bien es posible que los índices generales de deuda no muestren un deterioro, dijo Merino, están surgiendo problemas subyacentes con respecto a “la estructura de gastos y la base de ingresos que podrían complicar la gestión fiscal en el futuro”.
