La migración y la corrupción son dos de los problemas más grandes que enfrenta América Latina hoy en día, desafiando a la política y a las sociedades y, en el caso de la segunda, envolviendo a los mismos gobiernos.
La administración del presidente Donald Trump estuvo del lado equivocado en ambos temas. También fue inquietantemente lento para nombrar funcionarios de alto rango enfocados en América Latina. Al renunciar al liderazgo regional, Estados Unidos corre el riesgo de tener consecuencias potencialmente desastrosas, no solo por el esfuerzo para enfrentar estos desafíos hemisféricos, sino también para las relaciones entre EE.UU. y América Latina mucho más allá del mandato de Trump.
Los latinoamericanos se están moviendo cada vez más, a medida que millones de personas huyen de la violencia, la represión, la sequía y la pobreza extrema, y buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Desde el comienzo de la década, más de medio millón de centroamericanos han huido de sus países, la mayoría de los países del Triángulo del Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los nicaragüenses ahora se están uniendo al éxodo, impulsados por el régimen cada vez más represivo del presidente Daniel Ortega.
El éxodo de los venezolanos está abrumando a la región. Se estima que 2,3 millones abandonaron el país en los últimos cinco años, y esta crisis de refugiados a gran escala está empeorando. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que 5.000 personas abandonan sus países diariamente; a este ritmo, otro millón aproximadamente dejará sus países en los próximos seis meses.
A pesar de los costos financieros, sociales y políticos, los países latinoamericanos en general recibieron con compasión a estas personas desesperadas. Colombia otorgó residencia temporal a unos 450.000 venezolanos, Brasil ha incrementado el apoyo en sus estados fronterizos, y Uruguay y Argentina simplificaron los requisitos de visa.
Sin embargo, EE.UU., le dio la espalda. Redujo los cupos anuales de asilo a un mínimo histórico de 30.000, menos que el número de solicitantes solo de Venezuela. En total, ha ofrecido algo más de US$100 millones en ayuda para los esfuerzos de la ONU y las naciones que reciben a estos refugiados, muy por debajo de los miles de millones que se necesitan.
Para los centroamericanos, la línea de EE.UU. ha sido aún más dura. Las nuevas directrices del Departamento de Justicia decretan que las amenazas de violencia de pandillas y abuso doméstico ya no cuentan entre los temores razonables de persecución, lo que inhabilita a decenas de miles de personas que solicitan asilo. Después de que los tribunales detuvieron la separación forzosa de las familias solicitantes de asilo bajo la "política de tolerancia cero" de la administración, se propusieron regulaciones que permitirían la detención a más largo plazo. También ordenó la salida de otros 200.000 salvadoreños en septiembre próximo, dando término a sus casi 20 años de Estatus de Protección Temporal, y a 90.000 hondureños a principios de 2020.
La lucha contra la corrupción fue otra fuerza definitoria reciente en América Latina
Gracias a un mayor acceso a la información y una prensa más libre, periodistas, reformistas, fiscales y ciudadanos comunes han estado descubriendo y combatiendo la flagrante mala conducta. En Brasil, esta cruzada ha dado lugar a acusaciones contra más de un centenar de políticos y líderes empresariales de alto rango, y multas récord para las empresas que han incurrido en la malas prácticas.
En Guatemala y Perú, precipitó la caída de dos presidentes. En Argentina, podría poner en riesgo el regreso político de la expresidenta Cristina Kirchner. La ira de los votantes por la corrupción está cambiando el curso de las elecciones, incluida la histórica victoria en julio pasado del mexicano Andrés Manuel López Obrador, y abriendo un espacio mayor para las figuras percibidas como ajenas al sistema.
El gobierno de EE.UU. ha apoyado históricamente esta lucha contra la corrupción. El Departamento de Estado ha financiado la profesionalización de la policía, la reforma judicial y el desarrollo institucional. El Departamento de Justicia ha trabajado en estrecha colaboración con los fiscales de la región para establecer los casos y capacitar a abogados y jueces. Y EE.UU. fortaleció a organismos internacionales como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y la a Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), patrocinada por la OEA.
Durante más de una década de trabajo, la CICIG ha investigado el lavado de dinero, la extorsión y el asesinato, y ha impulsado reformas al sistema de justicia penal de Guatemala. Las investigaciones más recientes de MACCIH en Honduras han generado acusaciones y condenas de alto perfil por tráfico de influencias, malversación de fondos, lavado de dinero y fraude.
Sin embargo, ahora que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, está tratando de expulsar al comisionado colombiano de la CICIG y poner fin al mandato de la comisión, EE.UU. guardó silencio. Cuando los vehículos del Ejército se alinearon afuera de la sede de la comisión, el secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, tuiteó: "Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en materia de antinarcóticos y seguridad". En la ONU, cuando las naciones europeas, Canadá y el secretario general, Antonio Guterres, expresaron su preocupación, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, no dijo mucho.
En Guatemala, miles de estudiantes, agricultores y líderes religiosos llenaron las calles para rechazar el control del poder de Morales, al igual que la Corte Constitucional. Sin embargo, la actitud distante de EE.UU. puede condenar los esfuerzos de una de las entidades más exitosas de lucha contra la corrupción en la región y los esfuerzos de consolidación institucional. Esto hará las cosas más difíciles para los reformadores locales contra la corrupción, y esta postura da una imagen poco favorable de EE.UU., colocándolo en el lado de la fuerza más que en el de lo correcto.
Las relaciones entre EE.UU. y América Latina siempre tuvieron sus tensiones
Los gobiernos de la región a menudo son aprensivos frente a las acciones de EE.UU. y, justificables o no, las críticas juegan un buen papel político. Pero a pesar de la recriminación a menudo reflexiva sobre el alcance de EE.UU., los latinoamericanos también admiran a la nación y sus ideales. EE.UU. ha sido un refugio para los que huyen de dictadores, desastres naturales y la pobreza; es un lugar donde millones de personas talentosas pero sin conexiones han creado una vida mejor para ellos mismos. En sus mejores momentos, el gobierno de EE.UU. ha defendido los derechos humanos y la democracia, y ha luchado con muchos países de la región contra el crimen organizado y para establecer un estado de derecho más fuerte.
Sin embargo, las encuestas muestran que la buena voluntad que los latinoamericanos sintieron hacia su vecino del norte está tambaleando. La dura postura migratoria de EE.UU. y el retroceso en la lucha contra la corrupción, entre otras cuestiones, están menoscabando su posición en todo el hemisferio. Hace solo tres años, dos de cada tres latinoamericanos tenían una opinión favorable de EE.UU., hoy en día eso llega a menos de la mitad.
Esto ocurre en un momento en que China está teniendo un mayor impulso financiero y comercial en la región, ofreciendo una alternativa frente al comercio y la inversión de EE.UU.. Además, la región finalmente se está involucrando con la migración y la corrupción, se está adaptando para ser ellos mismos países receptores de migrantes y está trabajando para eliminar a los funcionarios corruptos.
Además, cuando América Latina mira hacia el norte en busca de ayuda y consejo, hay poco apoyo. EE.UU. no solo se alejó de las políticas de larga data, socavando el objetivo de un hemisferio occidental estable, próspero y democrático. A medida que su resonancia moral en el continente se desvanece, lo mismo ocurrirá con el apoyo hacia el liderazgo del país del norte, en formas que serán difíciles de recuperar.
