Miles de manifestantes cortaron las carreteras y quemaron escombros en Beirut el jueves, mientras la ira por los planes de imponer un gravamen a las llamadas de WhatsApp se convirtió en demandas para que el gobierno renuncie y celebre elecciones anticipadas.
Multitudes de personas convergieron en el centro de Beirut, donde se encuentran los edificios del parlamento y del gobierno, y pidieron a los políticos que actualmente debaten un presupuesto de austeridad propuesto que renuncien.
Los riesgos económicos rara vez han sido mayores para Líbano –un pequeño país que se extiende entre las defectuosas fronteras geopolíticas de Oriente Medio– desde el final de la guerra civil de 15 años en 1990. Uno de los países más endeudados del mundo, está luchando por encontrar nuevas fuentes de financiación a medida que las entradas extranjeras de las que tradicionalmente ha dependido se han agotado.
El Fondo Monetario Internacional proyecta que el déficit en cuenta corriente de Líbano alcanzará casi 30% del producto interno bruto para fines de este año. Predice que el crecimiento económico, estancado en 0,3% en 2018, continuaría siendo débil en medio de la incertidumbre política y económica y una severa contracción en el sector inmobiliario.
Tensión en la frontera de Líbano e Israel
Las manifestaciones esporádicas han estado estallando durante meses, ya que la crisis económica ha provocado la escasez de dólares y ha amenazado las pensiones, incluso de los soldados retirados.
Los planes de imponer un arancel de 20 centavos de dólar estadounidense en la primera llamada de WhatsApp que los usuarios hacen todos los días dominó las ondas aéreas durante todo el día del jueves, en un país donde los costos de las comunicaciones se encuentran entre los menos competitivos del mundo y la gente usa ampliamente las aplicaciones de voz de Internet para ahorrar dinero. WhatsApp, una plataforma de mensajería y voz gratuita, propiedad de Facebook Inc., tiene unos 1.500 millones de usuarios en todo el mundo.
El gobierno está bajo presión para reducir el gasto, aumentar los impuestos y combatir la corrupción, condiciones requeridas por los donantes internacionales para desbloquear unos US$11.000 millones en promesas. Pero las medidas están demostrando ser profundamente impopulares con el público. Los críticos dicen que la corrupción institucional, el nepotismo y la especulación de los políticos están llevando a la bancarrota al gobierno.
Mientras las protestas se extendían a suburbios y provincias, el ministro de telecomunicaciones, Mohamed Choucair, llamó a la televisión LBC para decir que el primer ministro, Saad al-Hariri, le había ordenado cancelar el arancel. Pero la reversión llegó demasiado tarde para apaciguar a la opinión pública.
