El Gobierno de Boris Johnson permitirá que casi tres millones de ciudadanos de Hong Kong se muden al Reino Unido, arriesgándose a una nueva escalada de tensiones con China tras la aplicación de una ley de seguridad general sobre la antigua colonia británica.
Hablando en la Cámara de los Comunes el miércoles, el primer ministro británico dijo que la nueva legislación contraviene el tratado de 1984 entre Londres y Pekín, que estableció el enfoque de “un país, dos sistemas” para proteger la autonomía de Hong Kong cuando volvió al control chino en 1997.
Según el plan del Reino Unido, se actualizará el estado de los titulares de pasaportes nacionales británicos (en el extranjero) para ofrecer un camino hacia la ciudadanía británica. Estos pasaportes, conocidos como BNO, están en poder de 350.000 personas en Hong Kong, y otros 2,5 millones son elegibles.
China acusó al Reino Unido de entrometerse en sus asuntos internos después de presentar la propuesta por primera vez en mayo.
“La promulgación y la imposición de esta ley de seguridad nacional constituye una violación clara y grave de la declaración conjunta chino-británica”, dijo Johnson. “Viola el alto grado de autonomía de Hong Kong y está en conflicto con la Ley Básica de Hong Kong”.
Johnson dijo que había dejado en claro “que si China continuaba por este camino, introduciríamos una nueva ruta para que aquellos con estatus de británico en el extranjero ingresen al Reino Unido, otorgándoles la capacidad de vivir y trabajar en el Reino Unido”, y luego solicitar la ciudadanía, y eso es precisamente lo que haremos ahora”.
El secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, dijo que la nueva “ruta de inmigración personalizada” permitirá a los titulares de BNO llegar al Reino Unido sin el límite actual de seis meses, otorgándoles cinco años de permiso limitado para permanecer en el país, con la capacidad de vivir y trabajar en el Reino Unido. Después de estos cinco años, podrán solicitar el estado de asentamiento y, después de otros doce meses bajo ese estado, la ciudadanía.
Los familiares dependientes también podrán ingresar al Reino Unido y no habrá límite en el número permitido de solicitudes, dijo. Sin embargo, Raab dejó en claro que estima que “un gran número” de aquellos que son elegibles permanecerán en Hong Kong o se mudarán a otra parte de la región.
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El ministro también reiteró sus críticas a HSBC por respaldar la nueva ley a expensas de los derechos de los ciudadanos de Hong Kong.
La disputa sobre los pasaportes es una de una serie de puntos críticos en las relaciones entre el Reino Unido y China, que se han deteriorado en cuestiones que van desde la respuesta británica a las protestas prodemocráticas en Hong Kong hasta el debate en curso sobre si Huawei Technologies Co. puede mantener un papel en la construcción de las redes de telecomunicaciones 5G de próxima generación del Reino Unido.
El Reino Unido no es el único en criticar la nueva ley de seguridad nacional de China, que entró en vigencia justo antes del aniversario del 1 de julio del regreso de Hong Kong al gobierno chino, una ocasión simbólica generalmente marcada por protestas masivas contra Pekín. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, dijo que Hong Kong ya no puede considerarse lo suficientemente autónomo, y el presidente, Donald Trump, está considerando revocar algunos o todos sus privilegios comerciales especiales.
El G7 ha dicho que la ley pondría en peligro un sistema “que ha permitido a Hong Kong convertirse en una de las regiones más prósperas del mundo”.
La ley de seguridad nacional tiene como objetivo castigar los actos de secesión, subversión del poder estatal, terrorismo y “colusión” con fuerzas extranjeras y externas. Por separado, legisladores de Hong Kong aprobaron una legislación el 4 de junio que castigaría a cualquiera que muestre falta de respeto por el himno nacional de China, algo que ya es un delito en el continente.
La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, que cuenta con el apoyo de Pekín, ha defendido el plan, insistiendo en que cuenta con un amplio apoyo público y que se preservarían las libertades de la ciudad.
