Aunque entre 2006 y 2015 la cantidad total de patentes solicitadas mediante el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) en América Latina aumentó un 27%, las argentinas disminuyeron en un 40%, en base a los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el último informe El Estado de la Ciencia, que elaboró la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología –Iberoamericana e Interamericana– (Ricyt).
“En los países industrializados, los que más patentan son las empresas grandes y algunos institutos de investigación que tienen un buen sistema de vínculos con el sector privado”, afirma el coordinador de la Ricyt, Rodolfo Barrere. Sin embargo, “en América Latina el que más patenta es el sector público y en Argentina, el Conicet, lo cual da cuenta de la debilidad del sector privado”, agrega.
Así, entre 2007 y 2016 Argentina presentó 286 patentes PCT, de las cuales 73 corresponden al Conicet, 55 a INIS Biotech del Instituto Leloir (algunas en conjunto con Conicet); 17 a universidades nacionales y con cinco aparece la empresa que más patentó en ese período. En cambio, en Brasil la tabla la lidera una empresa privada con 321 patentes, seguida por la Universidad Estatal de Campinas con 115, mientras que en Chile son las universidades las que más patentaron (un poco más de 200).
Con el fin de preservar a las instituciones y empresas locales de las patentes extranjeras, Argentina no es miembro activo del convenio PCT –que permite la solicitud simultánea en los distintos Estados miembros– pero puede presentar patentes PCT a través de las oficinas de otros países. En cuanto a las patentes solicitadas en Argentina, en 2006 fueron 5.617 y en 2015 bajaron a 4.125.
Causas. “No existe una explicación única de la disminución de patentes argentinas, tanto las locales como las internacionales, enmarcadas en el convenio PCT. Algunas razones tienen que ver con la cultura de los organismos científicos, otras con la burocracia del sistema de patentes y otras, quizá las más importantes, con la actividad económica”, señala Mario Albornoz, coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.
Si bien los mencionados factores condicionan, Albornoz considera que “la escasez de patentes puede ser un indicador del escaso ímpetu innovador de las empresas argentinas”. En este sentido, la inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas bajó del 30,4% en 2006 al 21,25% en 2015.
Para Dámaso Pardo, presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), “la caída en la presentación de solicitudes de patentes puede obedecer a varios factores: la falta de estímulo, el mal funcionamiento de una oficina de patentes, las trabas a la innovación, la burocracia de la administración pública y la falta de una política de Estado acerca de la relevancia de la propiedad intelectual”. Es por ello que un decreto reciente busca simplificar los trámites y en el INPI se puso en marcha un plan con nuevas herramientas tecnológicas y capacitación de los examinadores de patentes.
“El tipo de industria de Argentina es generalmente de valor agregado bajo, no tenemos industrias donde la innovación juegue un gran papel. El empresario no necesita investigación y desarrollo propio para competir”, analiza Carlos Correa, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la UBA.
Desde la cartera de Ciencia y Tecnología se ofrecen capacitaciones, guías y normativas modelo para quienes deseen proteger la propiedad intelectual. “La vinculación entre empresas, universidades y centros de investigación es un tema difícil en el que falta mucho por hacer”, concluyó Martín Villanueva, a cargo de la Dirección Nacional de Estudios del ministerio.
Conocimiento científico
En América Latina y en Argentina aumentaron el número de investigadores y publicaciones en revistas científicas, en contraposición con el crecimiento lento o el descenso de la cantidad de patentes solicitadas bajo el tratado PCT. Según el informe de 2017 de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), en el país en 2006 había 53.537 investigadores y en 2015, 82.407 y, al comparar las publicaciones en Scopus (que incluyen revistas, libros y actas de congresos), pasaron de 7.440 a 13.187, al comparar esos mismo años.
“Las patentes –aclara Rodolfo Barrere– son más una cuestión de empresas y de abogados que de investigadores. Sólo tiene sentido solicitarlas si hay una expectativa de rédito económico”.
En coincidencia, Carlos Correa, de la UBA, afirma que una mayor actividad científica no lleva necesariamente a un mayor patentamiento. “El avance científico puede abrir nuevos senderos de investigación, incluso tecnológica, pero mucho de lo que se hace no culmina en una patente”.
