Cada tres horas una nena tiene un bebé en la Argentina. Son niñas de entre 10 y 14 años, que han sido víctimas de abuso sexual y que en la mayoría de los casos acceden al sistema de salud recién en el parto. En 2015 hubo 2.787 nacimientos de menores de 15 años en el país, lo que significó una tasa de fecundidad temprana de 1,6 x 1.000, según datos el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. El problema es mayor en las provincias del Noroeste: las tasas de Chaco, Formosa y Misiones triplicaron y hasta quintuplicaron las de Buenos Aires, Chubut y Córdoba.
Los especialistas remarcan que el embarazo a tan temprana edad pone en riesgo la vida de esas niñas. “La ocurrencia de un embarazo antes de la maduración física, mental y social tiene consecuencias de corto y largo plazo que afectan el derecho a una niñez y adolescencia sana comprometiendo las etapas posteriores del ciclo vital”, advierte el informe “Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas”, que elaboró el Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia del Ministerio con apoyo de Unicef Argentina, OPS/OMS y el FPNU-Argentina.
Estudios señalan que los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto (muerte materna, infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro y mortalidad neonatal) son mayores en las niñas más jóvenes comparadas con mujeres de mayor edad. “El riesgo de muerte materna en menores de 15 años en países de ingresos bajos y medios es dos veces mayor al de las mujeres adultas”, señala el informe. El Comité de los Derechos del Niño también alertó sobre el mayor riesgo que tienen las adolescentes embarazadas y puérperas de experimentar síntomas depresivos y desarrollar pensamientos suicidas.
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Es que la mayoría de los embarazos que ocurren en niñas menores de 15 años son producto de violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o del entorno cercano bajo distintas formas de coerción. “La normativa argentina establece que las relaciones sexuales con niños menores de 13 años constituyen un caso de abuso sexual. Además, se presume abuso cuando la víctima tiene entre 13 y 16 años, bajo el argumento de que sería un aprovechamiento de la inmadurez sexual y de una relación de preeminencia por parte del adulto”, explicaron José Florito y Alejandro Biondi, del Cippec.
En estos casos, aclararon, se habilita el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), contemplado en el Código Penal desde 1921 y validado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL (2012). Los casos de embarazo en niñas menores de 15 años que no son producto de abusos sexuales, por su parte, encuadran en la causa de riesgo para la salud psicofísica, que también habilita el acceso a la ILE según la ley.
Para prevenir la ocurrencia de embarazo adolescente es necesario brindar educación sexual integral desde la escuela primaria, garantizar el derecho a la ILE y prevenir el abuso sexual. En ese sentido, el año pasado el Ministerio puso en marcha el Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia al que adhirieron doce provincias.
Rechazo. “Las niñas que son obligadas a llevar a término un embarazo forzado no son ‘madrazas’: son víctimas de la violencia institucional de un Estado ausente o, aún peor, cómplice con la vulneración de sus derechos”, sostuvieron desde Cippec en repuesta al polémico editorial “Niñas madres con mayúsculas”, publicado por el diario La Nación.
También se pronunciaron en contra organismos como Unicef Argentina, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Fundación Huésped. “El embarazo en la infancia no está vinculado al “instinto materno”, es abuso sexual y por tanto el embarazo es forzado. Los adultos (familia, Estado, instituciones) son responsables de proteger a las niñas y niños frente al abuso sexual”, señaló Unicef.
