Balazos sin raza ni afeites. Cohetazos al tun tun. Palo y a la bolsa. Dame lo que te pido. Si no me lo das, te quemo. Si me lo das, en una de ésas te remato igual, no me importa.
Vidas lúgubres que producen muertes asfixiantes. Los deudos, acribillados por un dolor infinito, deben hacer duelos ciegos. Fusilamientos desconcertantes y brutales. Balas derramadas, existencias truncadas, criaturas asesinas que destruyen sin pestañear ni preguntar.
Hasta sus párpados se han endurecido. Códigos obliterados, todo vale y es funcional. Pasa ahora, de nuevo, con el asesinato de Daniel Capristo, un trabajador de Valentín Alsina, Lanús. A los 45 años, un tipo de 14 le metió seis tiros de una 9 mm. para robarle el auto.
Es fácil y casi incontenible acusar a los familiares de un asesinado porque reaccionan de manera ilegal, como linchadores seriales. Pero esos valores que durante añares nos nutrieron de contención, dignidad y una orgullosa suficiencia moral (“no somos como ellos, nos hagan lo que nos hagan”) se desmoronan cuando la violencia criminal que campea por los insondables circuitos de extramuros del Gran Buenos Aires regurgita sus rituales baños de sangre.
Empezar de nuevo se precisa, redefinir límites, reconsiderar códigos, pensar significados diferentes. Nociones como infancia, adolescencia y juventud suelen conceptualizarse desde planteos obsoletos, totalmente superados por la vida cotidiana, con madres de 13 años y padres de familia de 15.
Este asesino de 14 años es un asesino, joven, pero asesino. ¿Y si la 9 mm. la empuñara y disparara un niño de nueve? No sé, es imposible responder interrogantes que arrancan desde el fondo de la desolación más indescriptible. La maduración llega tarde ahora pero, sin embargo, no deben encontrarse en esos congelados desarrollos personales útiles excusas para impunizar delitos perpetrados por personas inmaduras.
En la última edición de The Atlantic, el le- gendario mensuario norteamericano, me topé con un aviso de página entera (la retiración de la contratapa de la edición de abril), publicado por la empresa de seguros Allstate y titulado “¿Por qué la mayor parte de las personas de 16 años conducen autos como si les faltara una parte de su cerebro?”. La ilustración era un cerebro sostenido por un pedestal basado en una pequeña plataforma en cuyo costado una chapa identificatoria decía: “Cerebro de una persona de 16 años”. Al cerebro le faltaba una parte, como si tuviera un agujero.
El texto del anuncio me estremeció: “Incluso los adolescentes maduros a veces cometen actos estúpidos”. La explicación es casi biológica: “Cuando hacen estupideces, la falta no es de ellos. Es porque su cerebro no se ha terminado de desarrollar. La zona subdesarrollada se llama córtex dorsal lateral prefrontal. Juega un papel decisivo en la toma de decisiones, resolución de problemas y comprensión de las futuras consecuencias de lo que hacen. El problema es que no serán totalmente maduros hasta que tengan más de 20 años. Es una de las razones por las que un automovilista de 16 años choca tres veces más que uno de 17 y cinco veces más que uno de 18”.
Perdón, pero este asesino argentino de 14 años ya no es sólo “un chico”, como repiten en estado de gracia los movileros, y copian los diarios. Estuvo detenido, al menos dos veces en 48 horas, por robos perpetrados en la Capital Federal. ¿Nos hace acaso más progresistas o nuestras almas son más bellas cuando llamamos “chico” a un individuo joven que quema a tiros a una persona para llevarse un Fiat Palio?
¿Por qué es “reaccionario” llamar asesino a un menor de edad, y en cambio es angelical calificarlo como mera víctima de la exclusión social?
Tenía una entrada en la comisaría 32ª y otra en la 30ª, por robos cometidos en enero de 2009, uno de ellos a mano armada. Según el Ministerio de Seguridad bonaerense fue detenido el 26 de enero pasado cuando circulaba en Pompeya en una moto robada el día anterior en Soldati. Como este menor delincuente fue acusado de encubrimiento, el juez de Menores de turno ordenó liberarlo y “entregarlo” a sus padres. Al día siguiente, volvió a ser apresado. Esta vez, dos policías de la 30ª con jurisdicción en Barracas y Patricios lo detuvieron, acusado por un vecino de asaltar un comercio, pero ese mismo día fue liberado por orden del Juzgado de Menores N°1 de la Capital.
Un menor de 16 años no puede ser procesado. Es inimpu- table aunque, por el tamaño del delito, el juez de Menores abocado puede encerrarlo en un centro “de contención” que funciona como sede de prisión preventiva y someterlo a una “medida de seguridad” por su peligrosidad, aunque no lo puede sancionar. Pero estos sitios son insuficientes y no sirven para “reinsertar” a nadie en la sociedad.
Es como todo en la Argentina, las normas están, pero ni el Estado, ni la sociedad cumplen con ellas. Los centros de alojamiento son muy pocos y se les destina escaso personal.
La reacción vecinal (turbulenta, irracional y –si se quiere– injusta) es contra el Estado, los jueces, los políticos, la Policía. Sociedad enemistada con las normas, pide puño de hierro. Carece de Estado y pide autoridad brutal.
Admitir que el delito existe, no va a desaparecer, no tiene edad y debe ser prevenido y efectivamente castigado es una elemental entrada al mundo real. Ni el Estado ni la ley parecen hoy en grado de responder a los ciudadanos por la inseguridad y eso aumenta exponencialmente la pérdida de confianza popular en que el azote del delito sea resuelto en el marco de la ley. Así, la perspectiva del linchamiento efectivo ha llegado para quedarse.
Si las cosas no cambian, siguen así y los dueños del poder político se siguen lavando las manos (¿no se preguntó acaso Néstor Kirchner qué puede hacer un gobernador si un menor roba y la Justicia no lo interna?, justo él, que ha hecho y deshecho lo que ha querido con legisladores, intendentes y gobernadores?), más temprano que tarde tendremos un linchamiento material y veremos por televisión a un delincuente colgado de un árbol por “la gente”. Así como vamos, es inexorable.
Con jueces acorralados, a menudo injustamente, una Policía que zafa del problema endilgándoselo a la Justicia, pretendiendo que los uniformados son actores ajenos al hecho, es casi coherente que el Gobierno justifique todo con la explicación de la exclusión social, posando como partiquino y no responsable primero de las condiciones sociales en las que ha caído la Argentina y en las que proliferan víctimas-victimarios, como este asesino de las 9 mm.
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