La intervención federal es una atribución que nuestra ley fundamental asignó al gobierno de la Nación para que pueda tomar las riendas de una provincia o de la Ciudad de Buenos Aires cuando en ellas ocurran determinadas circunstancias excepcionales que impidan el normal funcionamiento de sus instituciones.
Las causas constitucionalmente previstas para que las autoridades nacionales puedan intervenir federalmente a una provincia son un ataque exterior, irregularidades en el funcionamiento de los sistemas democrático y republicano que necesariamente deben regir en todas las unidades federativas, o que la estabilidad de las autoridades locales esté en peligro como consecuencia de un alzamiento armado (sedición) y/o del ataque de otra provincia.
Si bien la Constitución Nacional no define el sentido ni el alcance de una intervención federal, ella constituye una medida excepcional en virtud de la cual el gobierno nacional puede desafectar de su cargo al gobernador (procediendo a su reemplazo por un interventor federal designado por el Congreso o el presidente de la Nación), decidir la disolución de la Legislatura provincial y hasta colocar a los jueces locales “en comisión” o estado de provisoriedad.
Por considerar que el gobierno de Jujuy tiene arbitrariamente detenida a Milagro Sala, aun cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha pedido su liberación, algunos legisladores de la oposición han propuesto que el Congreso de la Nación sancione una ley mediante la cual se disponga la intervención federal de los tres órganos de gobierno de dicha provincia. Pues si bien es cierto que la potestad de intervenir federalmente una provincia corresponde al Congreso, no existe ni se configura causa alguna por la cual se pueda tomar semejante medida.
Insólitamente, el motivo por el cual los legisladores del “kirchnerismo” proponen la intervención federal de Jujuy es justamente la contracara de una de las causales previstas en la Constitución Nacional, cual es la afectación del sistema republicano de una provincia, ya que lo que se objeta es precisamente el pleno funcionamiento de ese sistema en Jujuy, provincia en la que un juez tomó la decisión de detener a Milagro Sala y el gobernador no tiene otra alternativa que aceptarlo, más allá de la absurda e inviable petición de la OEA, cuyo titular, Luis Almagro, parece desconocer absolutamente las características de un régimen republicano.
Por su parte, la republicana imposibilidad del gobernador de Jujuy de satisfacer el pedido de liberación de la dirigente social efectuado por el organismo internacional tampoco es causa constitucionalmente contemplada para intervenir federalmente la provincia.
De cualquier manera, no puede sorprender que los legisladores pertenecientes al bloque del Frente para la Victoria propongan intervenir una provincia por existir en ella plena independencia del Poder Judicial, cuando para esos legisladores, durante doce años, dicha “independencia” no era otra cosa que un vicio de la democracia. Al respecto no hay más que recordar los ataques de Cristina Fernández a los jueces cada vez que tenían la “osadía” de declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto de necesidad y urgencia emitido por ella.
El absurdo pedido de intervención federal de Jujuy pone en evidencia que algunos legisladores jamás han leído el texto de nuestra Carta Magna, aunque su art. 67 establezca que, al asumir el cargo, deben prestar juramento “de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución”.
*Profesor de Derecho Constitucional UBA, UAI y UB
