Acoso fiscal

Los números de la recaudación fiscal de marzo, en apariencia récord, fueron comunicados como una excelente noticia. No es para menos: además de la buena señal de la tributación en ascenso, el actual esquema de política económica precisa de una buena caja como combustible para su motor, que muestra signos inequívocos de recalentamiento.
La explicación para tal comportamiento (globalmente, 25% más que en marzo del 2006), se basa en la marcha de la economía (más de 8,5% de crecimiento del ingreso), el aumento de la base imponible o la inflación escondida en los aumentos nominales. Quizás un poco de cada cosa en cada impuesto analizado.
Desmenuzando las cifras, la estrella fue la de las cargas sociales, que crecieron casi 60% contra marzo del año pasado, pero que sólo representan 12% de la recaudación total. Seguramente en este alto rendimiento hay una triple combinación convergente en un círculo virtuoso: aumento del empleo, de los salarios formales y más control de la evasión.
En cambio, el que sigue encabezando el ranking de volumen es el IVA: $3.552 millones, 34% más del total y casi 30% más que el año anterior. El segundo fue Ganancias: $1.987 millones (19%), con un crecimiento de casi 15 por ciento. Y aquí las cosas se entremezclan para hallar una explicación.
Está fuera de discusión que creció la actividad económica en ese período (también el impuesto al cheque aumentó casi 25%), pero la diferencia excedería esa causa. Los impuestos al comercio exterior, por ejemplo, que se asientan sobre una base menos influida por el escenario local: en un año de cierta estabilidad en los precios internacionales, tales ingresos aumentaron 5,3% (a $1.022 millones) y son 10% del total.

Precios de recaudación. Efectivamente, la evolución de la inflación es la que ayuda a medir mejor el impacto de la recaudación, especialmente en el IVA.
La evolución de los precios minoristas de marzo, anunciados rápidamente esta semana, muestra ciertas fisuras en la política de control que tanto dio que hablar en el año anterior. El 0,8% del nivel general, esconde más que lo que dice. Si bien el promedio arrojaría un 10% anual (se supone que es la meta tolerable para la task-force de Guillermo Moreno), el índice mostró una tendencia preocupante: aumentos en los rubros más sensibles, y por lo tanto los que más se siguen de cerca mediante acuerdos. Indumentaria (+4,5%), Alimentos (+1,1%) y Educación (+1,6%) se destacan. Si bien la estacionalidad ayudaría a explicar las remarcaciones en ropa y los aumentos en educación, la lógica indica que faltan aumentos por incorporar, por caso, el de las cuotas y materiales escolares.
El hecho de que desde octubre del 2006 la canasta básica necesaria para no caer en la indigencia haya aumentado más que el promedio general, pese a tantos controles, podría ser un indicador para desconfiar de la estadística oficial con razón: si los demás rubros no-básicos subieron menos, es probable que el INDEC esté dejando fuera de sus relevamientos algunos aumentos superiores.

Cuotas. Los últimos reclamos docentes terminarán por impactar, nuevamente, en las cuotas de los colegios privados, en el que una suba de menos del 2% suena a broma de mal gusto. Otro tanto para el subvaluado impacto del turismo y esparcimiento del trimestre enero-marzo.
Otra explicación plausible es que el sistema de control implícito de precios está agotando su vida útil. Las últimas señales enviadas desde la Secretaría de Comercio a los “formadores” que no se alterará hasta las elecciones el actual esquema pero que se empieza a valorar la colaboración para desarmar sin mucho ruido, la bomba de tiempo instalada durante casi dos años.
La pregunta del millón es, ahora, cómo salir del virtual congelamiento sin desembocar en aumentos. Y, peor aún, cómo convencer a los “controlados” de que esa flexibilización no tiene que descontar congelamientos futuros, y por lo tanto aumentar de más... por si acaso. Quizás, ahora se entienda mejor que la credibilidad y confianza también impactan en la cuenta de resultados.

Escaleras y ascensores. Algunos memoriosos recuerdan la frase de Juan D. Perón en su fase de león herbívoro: “los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera”. Es el escenario a evitar por el Gobierno nacional. Y temido por las autoridades provinciales y municipales, que ocupan a tres cuartas partes de los empleados públicos (casi dos millones en total) pero que reciben sólo algún punto más de la cuarta parte de los ingresos tributarios nacionales.
El superávit conseguido desde 2003 (con ingresos fiscales crecientes y salarios congelados) se ha diluido y pasará al color rojo en el próximo año, a medida que la presión sobre la masa salarial local vaya creciendo. ¿Será el momento de que el rico, la Nación, redistribuya al pobre, los locales?