Tiempo de restituciones. En una semana sumamente agitada política y judicialmente, el Gobierno logró exhibir como victoria dos hechos de fuerte contenido político: uno de ellos fue el acuerdo con los gobernadores para devolverles a las provincias el 15% de coparticipación que la Nación les retenía para uso de la Anses, a cambio de una carta de intención cuyo objetivo es el fortalecimiento del federalismo; por ese acuerdo, los mandatarios provinciales se comprometieron a contener el gasto y a mejorar los ingresos y la inversión para llegar a 2019 más cerca del equilibrio fiscal. El otro hecho relevante fue la restitución a las obras sociales sindicales de fondos adeudados por el Estado más un conjunto de iniciativas volcadas a la creación de un plan universal de salud. Pero no todo fue alegría. No bien se alza la vista, aparecen cabos sueltos que el Gobierno no debería dejar librados al azar.
La CGT acaba de anunciar su unificación en un triunvirato representado por Juan Carlos Schmidt (Transporte); Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Garajes y Estaciones de Servicio). Desde el interior de esta conformación tripartita, fueron tajantes: “No sé qué se está celebrando. Esto parece la lógica del que te devuelve lo que es tuyo y cree que te está haciendo un favor” –señalaron–. En realidad, el documento que han dado a publicidad y en las charlas puertas adentro resalta la “disconformidad con el tarifazo, la inflación, la apertura de importaciones y la excesiva tendencia a volcar el apoyo a la agroindustria”. El Gobierno no debería descuidar un frente que, de no mediar nuevos acercamientos, en un plazo más corto que largo podría derivar en un paro general.
En ese contexto, las declaraciones de Elisa Carrió no hicieron más que agitar las de por sí revueltas aguas por las que navega la administración de Mauricio Macri.
Tras los fallos judiciales, técnicamente la situación tarifaria está casi en el punto inicial. “La Nación sigue absorbiendo los costos. Pronto llegará el problema de la luz. Hoy hay más subsidios que cuando estaba Cristina, y el Gobierno no deja de poner plata para sostener todo esto. La situación es delicada, ya ni siquiera Bolivia nos da gas porque debe por contrato abastecer a Brasil, lo que le resulta más conveniente por el mayor volumen que compra y por la mayor rigurosidad en el cumplimiento de reciprocidades”.
En este contexto adverso, fue muy importante lo que, puertas adentro, ocurrió en la reunión con los gobernadores. El acuerdo y el mejoramiento de las relaciones con los mandatarios provinciales le dio oxígeno al Gobierno. En el interior de Cambiemos resaltan el gesto hacia la promoción del federalismo real: “En siete meses, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con los gobernadores en seis oportunidades. Al cabo de esos encuentros, los líderes provinciales no fueron a reclamar sino a recibir”.
De todas maneras, hay matices que merecen ser consignados. Varios borradores circularon antes de llegar al feliz desenlace que representó el acuerdo de marras. La fórmula final llegó a manos de algunos gobernadores y sus ministros de Economía la noche anterior a la foto tan promocionada. De inmediato, todos los recipiendarios observaron que en el texto no había demasiadas respuestas a los planteos de las provincias. Esto generó disgusto y preocupación por lo que se firmaría a tal punto que el mismo día de la reunión hubo dos encuentros paralelos previos al cónclave final. El acuerdo se caía. Rápido de reflejos, un gobernador cuyano y al menos dos de sus pares peronistas convocaron a una reunión de urgencia esa misma mañana en el Hotel Savoy. “No queríamos desairar a Rogelio Frigerio, que había estado trabajando en gran sintonía con la mayoría, pero necesitábamos garantías”, dijo un ministro provincial que presenció la discusión.
Casi todos. Esa mañana estuvieron presentes casi todos los gobernadores peronistas menos el salteño, Juan Manuel Urtubey. Hasta Alicia Kirchner fue de la partida. Además, asistieron Adolfo Rodríguez Saá y el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini –todo un gesto de parte del socialismo–. Esta suerte de liga peronista logró negociar e imponer algunas de sus condiciones. Los puntos de la discordia eran al menos dos: una interpretación de los primeros borradores sostenía que, tal como estaba redactado, la Corte podría excluirlos de cualquier reclamo por la coparticipación, llevando la discusión a un acuerdo obligado con la Nación. El otro de los puntos tenía que ver con la carga que implicaría a nivel federal la restitución de los fondos del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. Una avanzada de mandatarios se entrevistó con Rogelio Frigerio luego de la cumbre del Savoy. Una solución casi semántica terminó de acercar las posiciones. Lo que inicialmente era un “acuerdo para el fortalecimiento del federalismo” derivó en una carta de intención. “Los acuerdos requieren de ratificación por ley y después no se puede retroceder, quedando sujetos a acciones judiciales”, explicó el ministro de Economía de uno de los gobernadores de mayor protagonismo. La carta de intención para el fortalecimiento del federalismo que finalmente se consensuó expresa deseo y buena voluntad, algo mucho más flexible y sujeto a revisión según los avatares de la realidad. El peronismo jugó fuerte y encontró su mejor expresión en un momento que, políticamente, favoreció tanto a las provincias como al gobierno nacional. Todo un gesto para sostener la pax política que transita el peronismo, a la espera de tiempos mejores para rearmarse de cara a las legislativas del año próximo.
En ese peronismo, el episodio que protagonizó Hebe de Bonafini el jueves pasado se vivió con espanto. “Las imágenes de todo ese bochorno no hacen más que beneficiar al Gobierno”, reflexionaba una voz que supo ser sostén de la campaña de Daniel Scioli. Escuchar a legisladores nacionales, que deberían ser pilares del respeto a la ley, defendiendo y promoviendo la desobediencia a la citación de un juez, fue patético. Ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner lo hizo frente al comparendo que le ordenó el juez Claudio Bonadio. Más allá de la falta de tino del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien debió haber mensurado las consecuencias de citar a la presidenta de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo el día en que hacen sus rondas habituales, lo ocurrido habla del desprecio profundo del kirchnerismo duro hacia preceptos institucionales básicos de un país democrático, como es el de la igualdad ante la ley. A Hebe de Bonafini no se la está juzgando por su trayectoria de lucha en el campo de los derechos humanos sino por el proyecto Sueños Compartidos, otro hito de la corrupción imperante durante los doce años del kirchnerato.
Producción periodística: Santiago Serra.
