En los días posteriores a la terrible muerte del fiscal Alberto Nisman, quedó en evidencia cómo el gobierno de los Kirchner utiliza los recursos públicos para sus objetivos políticos: a las pocas horas de que el periodista Damián Pachter saliera de Argentina, la agencia oficial Télam informó su itinerario gracias a los datos provistos por Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal.
Durante decenios se impulsó la privatización de la enorme cantidad de empresas estatales que se fueron acumulando durante varios gobiernos, civiles y militares, y de distintos signos políticos. En ese debate se expusieron cuestiones económicas, como el abultado déficit que dejaban, su ineficiencia y el hecho de sumar empleados para ocultar la desocupación y “premiar” a la militancia partidaria. Lo cierto es que ese gigantesco entramado de empresas públicas contradecía también uno de los principios rectores de la Constitución, que es la limitación del poder del Estado.
Un Estado que es dueño de empresas de servicios, transportes, correos y medios de comunicación tiene a su disposición una gran masa de datos sobre los ciudadanos, que puede usar para coartar las libertades fundamentales y acallar toda expresión opositora. Trotsky afirmó que “donde no hay propiedad privada, ser opositor significa morir lentamente de hambre”, y sabía bien de qué hablaba por ser uno de los arquitectos del régimen totalitario soviético.
Pero sostener la necesidad de un Estado eficiente y eficaz –restringido al rol que le otorga la Constitución–, de desregulación y privatización de empresas públicas, se ha convertido en un tabú para los políticos desde 2001 en adelante. Si la decisión ampliamente mayoritaria de la ciudadanía, de los partidos políticos y sus candidatos presidenciales es la de mantener empresas como Aerolíneas Argentinas en la órbita estatal, por lo menos debería haber presencia permanente de la oposición en su directorio.
Para dar un ejemplo próximo, esto es lo que ocurre en la República Oriental del Uruguay, donde los partidos opositores con representación parlamentaria integran los directorios de empresas públicas, con el fin de controlar, brindar transparencia y reducir el margen de arbitrariedades. El presidente electo Tabaré Vázquez ha ofrecido 24 sitiales en diferentes servicios descentralizados, entes autónomos, comisiones binacionales y unidades reguladoras a los partidos Nacional, Colorado e Independiente. El ex candidato presidencial Luis Lacalle Pou, expresando la necesidad de estar presentes en esos entes durante el próximo quinquenio, puso como ejemplo a la desaparecida aerolínea Pluna, en la que no había un miembro de la oposición en el directorio. ¿Hubiera sido diferente el precipitado desenlace del cierre de la aerolínea uruguaya? Probablemente no hubiera estado teñido de tantas situaciones que lo ensombrecen y despiertan dudas.
James Madison sostuvo que si los ángeles fueran a gobernar, no serían necesarios los controles internos y externos al poder; Lord Acton advirtió que todo poder corrompe. Si el consenso mayoritario en Argentina es que siga habiendo empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, por lo menos deben crearse nuevos mecanismos de control a su gestión diaria, para impedir su uso político y partidario contra la libertad y privacidad de los ciudadanos.
*Analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).
