La detención de Milagro Sala está lejos de constituir una cruzada contra la corrupción en la asignación de los planes sociales, como intentan presentarla desde el oficialismo de Macri y Morales. Los motivos están claros en el acta de detención, donde se califica el acampe de las organizaciones sociales jujeñas como “instigación al delito y al tumulto”.
Estamos frente a un nítido ataque al derecho a la protesta social, lo que establece un grave precedente contra todo el movimiento obrero y popular, que tiene como tarea hacia adelante enfrentar el ajuste en curso. Por esta cuestión de fondo, el reclamo de libertad a Milagro Sala es una reacción de defensa frente al atropello a las libertades democráticas básicas.
Morales y Macri no eligieron cualquier blanco, se valieron del desprestigio ganado por Sala, que tiene como base un manejo millonario de fondos, provistos por el propio Estado, que tercerizó la obra pública en una red de cooperativas armada por la Tupac Amaru, donde los trabajadores cobran la mitad del convenio de la Uocra, sometidos a la precarización. La cooptación política de la Tupac, luego de los levantamientos de 2001, convirtió al movimiento en un instrumento del Estado para estatizar al movimiento popular de la provincia y en una fuerza de choque paraestatal contra los movimientos populares independientes. Además de tercerizar la obra pública, en la era K, el Estado logró tercerizar la represión en este movimiento. Fueron reiteradas las agresiones patoteras del movimiento de Sala contra huelgas y manifestaciones de sectores de trabajadores como también contra organizaciones de la izquierda. Por eso, el valor que tiene hoy que los organismos de DD.HH. y de izquierda nos estemos movilizando pidiendo la libertad de un adversario político es que esta causa no se trata de un desmantelamiento de la red cuasi paraestatal ni una cruzada contra la corrupción, sino que constituye un ataque y un mensaje para todo el movimiento popular que quiera salir a la calle a protestar contra el ajuste. Lo demuestra la reciente detención del secretario general de ATE-Río Negro, Rodolfo Aguiar, por participar de un piquete contra despidos. Es un acto claro de criminalización de la protesta, encuadrable en la ley antiterrorista, instaurada por los K, hasta ahora sólo aplicada contra periodistas o referentes sociales y populares, mostrando su función reaccionaria.
Gerardo Morales está reproduciendo la misma red de precarización laboral, con el mismo régimen de cooperativas, a través de la cooptación de los punteros de la Tupac, ahora bajo la férula del gobernador radical. Para terminar con el manejo arbitrario, punteril y de precarización laboral de la obra pública, ésta debe organizarse bajo un plan de obras y vivienda única, manejado por el Estado, con trabajadores bajo convenio, bajo control de los trabajadores, los vecinos afectados y las organizaciones populares de la provincia.
Para la izquierda es clave el desarrollo de una pelea contra el ajuste en forma independiente de los partidos del Estado. Por eso, desde el Partido Obrero promovimos una marcha independiente del kirchnerismo, que hoy mismo le reclama a Macri la presencia de la Gendarmería para reprimir a los obreros de Santa Cruz. Enfrentamos la represión y la criminalización de la protesta sin subordinarnos a los responsables del Proyecto X, que gobernaban con los Milani. El 24 de marzo levantaremos estas banderas y la derogación de la ley antiterrorista.
*Diputado Nacional del Partido Obrero en el bloque del FIT.
