En el juego por equipos de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay es, valga la obviedad, el ministro de Hacienda y Finanzas, el que consigue y administra el dinero y la caja. La semana pasada fue ungido, de hecho, como primus inter pares. Los ministerios políticos, los que contraen compromisos de gasto, miran con recelo su dinero y su caja. En momentos en que el malhumor social empieza a cercar al Gobierno, Prat-Gay y su caja avanzaron varios casilleros con el cierre del capítulo del default. Esta credencial técnica permite al Gobierno ratificar un rumbo, el del gradualismo fiscal que encarna el titular de Hacienda.
Es probable que haya crecido la importancia de la voz de Alfonso en la discusión interna del Gobierno. Sobre todo en la elección de estrategias de caja y financieras. Como se informa en la página 24, el debate por las tasas de interés que define el Banco Central podría entrar en terreno de revisión tras empujar la necesidad de su reducción en un debate con el titular del BCRA, Federico Sturzenegger. Dicho sea de paso, este lungo economista acaba de anotarse un poroto político –a pesar de que a menudo le endilgan su carencia de tacto– luego de haber clausurado el capítulo de la protesta por la reincorporación de 47 cesanteados de la entidad. El viernes, se cerró el conflicto tras tomar nuevamente sólo a 15, los que ostentaban el cargo de asistentes, y lograr dejar afuera a los jerárquicos y familiares de las autoridades de la conducción kirchnerista de Alejandro Vanoli. En la interna bancaria y del Gobierno, y en medio de una paritaria como la de los bancarios.
Pero la semana que pasó, a la par del cierre de las negociaciones y el pago a los bonistas defaulteados, también se puso en tensión por las secuelas cada vez más visibles del acomodamiento de los precios relativos plasmados en la economía con una disparada inflacionaria que potenció las secuelas sociales del parate productivo de cuatro años.
Para compensar el ajuste, después de más de tres meses fue anunciado el subsidio extraordinario de $ 500 a beneficiarios de planes sociales, la reducción del IVA a la canasta básica, la extensión de asignaciones familiares para trabajadores temporarios, la incorporación de los monotributistas a la AUH, más fondos para microemprendimientos sociales, la ampliación del tope del monotributo social y la actualización del subsidio al desempleo, y la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Se trata de medidas que se toparán en el escarpado camino burocrático de la instrumentación, en algunos casos previo paso por el Congreso, que contrastará con la extrema urgencia popular y los tiros a mansalva del kirchnerismo en plan de reconstrucción de fuerza propia. ¿Podrá la gestión Macri atravesar indemne ese campo minado rumbo a las legislativas 2017?
Desde la gestión económica, el mayor ajuste del gasto público, una contribución a la reducción de la inflación, recayó en la reducción abrupta de los subsidios a la energía. Por lo demás, las erogaciones del Estado no se han achicado como lo piden los halcones del shock. Los ahorros serían destinados a financiar el aumento del gasto social para paliar el ajuste en curso. Economía & Regiones cree que esta opción implicará, paradójicamente, “menos probabilidades de una reducción impositiva, lo cual reafirma –dice– nuestro pronóstico de crecimiento negativo al condicionar el comportamiento del consumo, la única variable con espacio para traccionar la demanda en el corto plazo”.
Ayer, Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete que siguió más de cerca desde la Casa Rosada la gestión de Hacienda y Finanzas, reconoció que en diciembre y enero hubo “destrucción del empleo”. Por eso, todo el Gobierno está pendiente de lo que podría convertirse en otro obstáculo mayúsculo para la actividad: la avanzada sindical-legislativa para prohibir los despidos o establecer una doble indemnización.
Reflejos de contradicciones de clase típicas del peronismo, el Frente Renovador de Sergio Massa se había dividido frente al intento. Quedó paralizado por un momento entre el impulso de seguir construyendo fuerza opositora avalando un proyecto políticamente rentable, mientras que otro sector advertía del peligro para las pymes de esa medida. José Ignacio de Mendiguren logró convocar a empresarios potencialmente afectados y a sindicalistas. Empuja acuerdos con Cambiemos para discutir un proyecto alternativo de fomento del empleo y de las pyme, con beneficios de Repro, pero también un procedimiento especial para que las empresas grandes puedan producir despidos. ¿Lo verá con malos ojos un gobierno que se siente decepcionado con la velocidad de respuesta de las firmas por invertir, parar la pelota inflacionaria y crear puestos de trabajo en quienes pensaba que podría apoyarse, sin lograr que se cumplan los compromisos, con pocos códigos?
