Luego de la protesta por el crimen de Brian en Flores y del homicidio de Jonathan Echimborde en Mataderos, en medio de un tiroteo policial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que hay que bajar la edad de punibilidad para los jóvenes que cometen delitos y modificar el régimen penal juvenil. Esto fue confirmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garavano. El Gobierno no presentó ningún proyecto, sólo arrojó la noticia de una futura comisión reformadora para tranquilizar la angustia que generan esos hechos violentos. Todo indica que se buscó aparecer proactivos ante las demandas de seguridad y, de paso, correr otros temas calientes de la agenda nacional. En los hechos, se refuerza el sentido común con propuestas punitivas salvadoras que han sido desmentidas por la realidad.
Las estrategias de demagogia punitiva funcionan así. Se generan propuestas que apelan a lo que “quiere y siente la gente”, ancladas en la idea de que el incremento de la punitividad resuelve el delito, como si existiera una relación causal directa entre la reforma de una ley y la baja de hechos delictivos, y como si más penas y mayor encarcelamiento implicaran menos delito. Sobre los delitos violentos que preocupan, nadie puede mostrar datos fehacientes que den la razón a esas dos premisas. Y en términos estadísticos, la cantidad de delitos graves cometidos por menores de 16 años es ínfima.
Según Garavano, los recursos deben estar destinados a la prevención. ¿De qué manera la reforma de la ley penal juvenil y la baja de la edad de punibilidad transferirían recursos a la prevención del delito? Nadie puede explicar eso. Tampoco cuáles serán las políticas de prevención y las no penales orientadas a la protección.
Al mismo tiempo, sobre otros temas que tienen relación directa con el delito y la circulación de violencia, los ministros decidieron no decir nada. El reclamo de los vecinos de Flores sobre la relación de la comisaría con las redes de ilegalidad y corrupción quedó diluido y tapado por la propuesta de saturación policial, y los hechos graves de uso ilegal de la fuerza como los ocurridos en la CABA no dieron lugar a ningún anuncio.
Claro que es necesario modificar el régimen penal juvenil, que arrastra una ley de la dictadura y un sistema tutelar autoritario. Pero es sintomático que en este debate no haya aparecido la discusión sobre la implementación de la ley de protección integral de la niñez, subejecutada y desfinanciada. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo de cómo un régimen penal juvenil sin un sistema de protección integral fuerte termina por reproducir las mismas respuestas punitivas y discriminatorias sin resolver el problema de la violencia asociado a los jóvenes.
En realidad, si se quiere responder a la demanda de seguridad, el punto central de este debate es que en la zona sur de la CABA se concentra más del 70% de los homicidios y que en Flores se duplicaron en los últimos cinco años. Hay que exigir a las autoridades que produzcan información sobre estos hechos y que los expliquen para luego discutir políticas que disminuyan esas cifras.
De nuevo, el ministro Garavano dijo que se debe sincerar la discusión sobre jóvenes y delito y que muchos hechos delictivos cometidos por jóvenes no están registrados. ¿Cuáles? ¿Los más graves? No dio detalles. Estos mensajes encierran otro caballito de batalla de la demagogia punitiva: la supuesta impunidad de los pibes que delinquen por la “puerta giratoria”. Entonces, la idea que subyace es que con la baja de la edad de punibilidad más chicos serán castigados y quedarán presos. Pero si es cierto que el régimen penal juvenil que quieren impulsar será respetuoso del derecho internacional de los derechos humanos, ello debería implicar que menos jóvenes o niños queden presos y menos aun en prisión preventiva. Entonces, ¿qué tipo de debate político se está proponiendo, en qué momento y para qué contexto?
*Directora del área Justicia y Seguridad del CELS.
