El ministro de Economía y su gente insisten en que la única alternativa que les ha dejado el fallo del juez Griesa es caer en default, o negociar con los fondos buitre el cumplimiento de su sentencia y que se dispare la cláusula que les otorga a los tenedores de bonos del canje el derecho de exigir el mismo tratamiento de pago que “voluntariamente” la Argentina les ofrezca a otros acreedores, en la medida que dicho ofrecimiento sea mejor a lo que ya han recibido por el canje (cláusula RUFO).
Sin embargo, éste es, a mi modesto juicio, un falso dilema, o al menos un dilema al que no se debió haber llegado. La cláusula RUFO está escrita en los bonos argentinos desde su emisión, y la sentencia del juez Griesa tiene más de dos años de antigüedad. En ese lapso, el gobierno argentino, más de una vez, le expresó al juez su compromiso de cumplir su sentencia, sin hacer mención alguna al problema que significaba cumplirla antes del 31 de diciembre de este año, cuando dicha cláusula vence. En ese contexto, y dado que la Argentina tiene compromisos de deuda por décadas, todavía estamos a tiempo de presentarnos frente al juez y solicitarle seis meses más de plazo para ejecutar su sentencia, ofreciendo algún compromiso para garantizarle que la Argentina no utilizará ese lapso para intentar alguna maniobra que le permita, eventualmente, eludir el cumplimiento de su sentencia. (La Real Academia Española define el engaño, o estafa en un negocio o en el pago de una deuda como pufo).
La alternativa del default, aunque sea “controlado” o “limitado” o “sólo por seis meses”, implica riesgos equivalentes al tema de la RUFO. Que los acreedores que entraron al canje no reciban el pago pleno de la cuota que vence a fin de mes puede disparar, dentro del plazo de los próximos seis meses, acciones que conviertan en obligatorio el pago inmediato de todos los bonos del canje, bajo ley extranjera o, incluso, bajo algunas hipótesis, también los de ley argentina. Es decir, el default también puede tirar abajo toda la reestructuración de la deuda. Dicho sea de paso, la comunidad financiera internacional no se ha dado por aludida frente al “problema” que el fallo Griesa pudiera ocasionar a futuras reestructuraciones de deuda. Las colocaciones que hicieron países como Ecuador, Brasil o Grecia, posteriores al fallo, no registraron ni aumentos en las tasas de interés pagadas, ni acortamiento de los plazos.
Retomando, el gobierno argentino, al menos hasta el momento de escribir estas líneas, parece haber preferido ingresar al dudoso experimento del default “acotado”, en lugar de solicitarle al juez las condiciones en que éste estaría dispuesto a conceder los seis meses de plazo requeridos, para alejar toda duda sobre el efecto del cumplimiento de su sentencia. En lugar de “apretar” al juez, en el buen sentido, obligándolo a pedir “algo” o aparecer como intransigente inútilmente, se ha preferido, al menos hasta ahora, innovar también en materia de default, no pagando, aun pudiendo hacerlo.
Cabe preguntarse, entonces, si estamos frente a una impericia negociadora, cosa que, sinceramente, no creo; ante una genialidad negociadora, cosa que tampoco creo porque, dados los antecedentes de los pagos a Repsol o al Club de París, dentro de seis meses estaremos pagando más caro el arreglo con éstos y el resto de los holdouts; o si estamos frente a una nueva maniobra de marketing político que permita mostrar que se hizo “todo” para defender el interés nacional, mientras lo que se hace es mala política económica.
La destrucción de la oferta agropecuaria fue “la defensa de la mesa de los argentinos”. El esquema de precios que convirtió al sector energético en deficitario por mucho tiempo es el “fomento a la producción industrial y el consumo”. Pasar de una inflación del 2% mensual a una del 4% mensual, por la explosión monetaria de fin de año que obligó a un salto devaluatorio y a la suba de la tasa de interés, fue “un golpe de mercado”. Y volver al de por sí desastroso 2% mensual es “el éxito de los precios cuidados, frente a la perversidad empresarial”. Este paupérrimo fin de fiesta del estatismo populista será “el costo que nos hace pagar la comunidad financiera internacional por el éxito de nuestro modelo”.
Insisto, todavía estamos a tiempo de evitar otro experimento con elevados costos para la gente
