La filosofía política ya se ha planteado que la guerra civil puede ser un paradigma general para la política, pero el paradigma del consenso nos dificulta verlo así. Es necesario plantear si lo que estamos viviendo en la Argentina es una guerra civil simbólica. Nos estamos “eliminando” con la dinámica acusatoria, el principal medio de destrucción que encontró la democracia como alternativa a las balas.
A diferencia de la guerra entre Estados, la guerra civil es parte de la sociedad, del propio sistema social, político y económico. Aunque no es la primera vez que hay bajas simbólicas en la política argentina, es la primera vez que la democracia –sus protagonistas en el Gobierno– ha decidido actuar con semejante dureza y extensión contra sus “enemigos”. Es un peldaño superior al enfrentamiento protagonizado en la etapa política anterior. La eliminación simbólica es un hecho. Las personas físicas y jurídicas (empresas, por ejemplo) serán anuladas como actores sociales, no tendrán capacidad de actuar dentro de sus actividades normales previas.
Hasta ahora, los sucesos de la guerrilla simbólica habían estado marcados por la grieta o las diferencias de cultura política. Sin embargo, la denuncia canalizada por los cuadernos de Centeno marca una bisagra. Estamos ante un proceso diferente y completamente único en la historia reciente de la política argentina.
Como cualquier decisión bélica, la guerra civil simbólica es el resultado de una decisión excepcional, sobre todo en relación con las consecuencias a corto plazo. Para la opinión pública, la aparición de los cuadernos es una operación del gobierno nacional. Cuesta creer que esto haya sucedido casualmente, dentro del actual contexto.
La dinámica acusatoria ha comenzado a funcionar retroalimentando el sistema periodístico con el sistema judicial. Cada vez más, los periodistas solo toman con seriedad las denuncias realizadas ante la Justicia; abogados y fiscales han empezado a tener en cuenta los dichos públicos como evidencias en el proceso judicial. El sistema de denuncia se consolida con elementos diferentes, que ya existían, pero perfeccionados.
¿Cuáles son las principales consecuencias de todo esto?
Primero, las bajas simbólicas: reputaciones destruidas y desactivación de la credibilidad general. Si la mayoría de quienes dirigen empresas y el Estado, los medios y las universidades quedan desprestigiados, se producirá una crisis de credibilidad. Puede ser que el gobierno nacional se encuentre ya afectado por ella. Las reacciones de los mercados y de la propia sociedad que lo acompañó en 2015 parecen mostrar este daño. Los niveles de decepción de la sociedad argentina llegan al 70% y afectan a toda la clase dirigente: políticos, empresarios y funcionarios del Poder Judicial.
Segundo, una crisis de autoridad y de legitimidad para los que quedan con “vida”. ¿A quién podemos seguir, obedecer, escuchar? Quienes se colocaban como autoridad moral para decir algo a otros están cayendo como bajas simbólicas del conflicto mediático-judicial.
Tercero, la necesidad de una negociación final que mejore el sistema. Todo conflicto comienza con un objetivo (por lo menos de una de las partes) y, por lo general, llega a un final cuando es posible una negociación en la que la parte que se ve más afectada cede ante la otra. Sin embargo, además del término del proceso es necesario plantearse cómo finalizar con una mejora de las estructuras sociales institucionales. Este es el desafío para todos.
En definitiva, las guerras civiles son más crueles y violentas que las guerras porque los enemigos son hermanos, ciudadanos del mismo Estado, compañeros, socios o amigos. Esto es lo que sucede entre el Presidente y su primo, Angelo Calcaterra. El comienzo y los efectos evidentes de la guerra civil son previsibles, aunque no es posible prever con certeza los efectos a largo plazo de este proceso.
*Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.
