La intolerancia en sus diversas manifestaciones ha signado la vida social de nuestro país durante el primer mes del año 2009. Ironía dramática, si advertimos que esto sucede luego del primer cuarto de siglo de concluida la última dictadura militar. Hemos visto en una escasa fracción de tiempo manifestaciones que expresan el odio racial y religioso, persecución a periodistas independientes que cuestionan acciones del poder, utilización de los que sufren la pobreza extrema con fines partidarios. Estos hechos demuestran que no hemos podido lograr en el período histórico transcurrido una convivencia que merezca con justicia el calificativo de “democrática”.
Esta sucesión de atropellos a derechos humanos esenciales es fruto de la fragilidad institucional en la que estamos sumergidos y de la ausencia de un proyecto cultural que aúne conocimiento, información y desarrollo de las artes con hábitos ciudadanos. La práctica constitucional errónea ha impedido que los elementos positivos de la modificación efectuada en la Constitución en 1994 tuvieran efecto y ha exacerbado los vicios que el nuevo texto tiene. Por esa situación, los objetivos proclamados por los hacedores de la reforma quedaron convertidos en una expresión de insatisfechos deseos.
Los hábitos que desde las estructuras del poder o desde la trama social expresan la discriminación por razones raciales, políticas o de situación socioeconómica se producen en un momento de la historia contemporánea en el que acontece el hecho más significativo para la destrucción de las barreras impuestas por las diferencias. La asunción de Obama en Estados Unidos indica una transformación cultural, en un país que en palabras de una de sus más destacadas ciudadanas, Susan Sontag, “… no sólo tuvo el sistema de esclavitud más brutal de los tiempos modernos (comparado con el de otras esclavitudes, por ejemplo, los de Hispanoamérica y las colonias británicas) sino también un sistema jurídico único que no reconocía, en un solo sentido, que los esclavos eran personas…”.
Este contraste indica la gran deuda educativa que nuestro país tiene luego de superado el fenómeno de los golpes militares, pues la modificación más trascendente introducida hace catorce años en nuestra Constitución fue el otorgamiento de jerarquía constitucional a declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos, que amplían y complementan las cláusulas de nuestra Constitución histórica y desarrollan con precisión la defensa del derecho a ser diferente en los múltiples aspectos de nuestra vida, castigándose las conductas que produzcan discriminaciones de cualquier índole. Esta extensión de derechos y las garantías incorporadas para asegurar su goce alentaban la esperanza de la mejora del ejercicio de estas facultades, que habían sido restringidas o brutalmente abrogadas durante prolongados períodos de nuestra historia reciente. En este aspecto, también nos esperaba un guiño mordaz. El notorio deterioro de la calidad de nuestras instituciones fue proporcionalmente acompañado por la caída abrupta del nivel de vida de grandes segmentos de población. Marginalidad y pobreza redujeron a mínima o nula expresión la posibilidad de ejercicio de los derechos humanos de sectores mayoritarios de la ciudadanía, y alejaron así de la realidad cotidiana el estricto cumplimiento de estas nuevas normas. Nada más ajeno al ideal de una sociedad democrática, porque el hambre y la indigencia son la materia con que se forman la discriminación y el autoritarismo.
Queda así una significativa responsabilidad social para construir una cultura creadora de ciudadanía que permita superar las barreras que separan y fragmentan a grupos e individuos y extirpar las segregaciones de nuestra convivencia. Tal vez lo podamos lograr, si como expresó Julio Cortázar asumimos que nada está perdido, si tenemos conciencia de que todo está perdido y hay que volver a empezar.
*Profesor de Derecho Constitucional y Legislación Cultural en UBA, UNC y Flacso.
