Las excepcionales condiciones externas, que hubieran permitido financiar obras de largo plazo a un costo relativamente bajo, no se hicieron, a pesar de que con ellas no se sacrificaba el alto crecimiento.
Frente a catástrofes naturales como las vividas estos días en las ciudades de Buenos Aires, La Plata y alrededores, siempre resulta difícil identificar qué pudo haberse evitado con obras de infraestructura adecuadas. Qué cosas, con un buen sistema de alerta temprana. Cuáles con un equipo de emergencias mayor o mejor capacitado y equipado. Cuáles, con otro marco de educación e información de la gente. Cuáles con una buena planificación urbana.
Pero lo cierto es que, aun cuando la cantidad de agua caída haya sido excepcional e imprevisible, y aun cuando nada se hubiera podido hacer ante semejante fenómeno, las obras que se necesitan no están hechas. Ni existe un sistema de alerta temprana. Ni tenemos equipos de emergencia que, más allá de su extraordinaria buena voluntad y profesionalidad, cuenten con todos los medios necesarios en calidad y cantidad. Ni tenemos educación e información en la población más vulnerable a estos acontecimientos. Ni existe un correcto planeamiento urbano.
Es decir, más allá de si el hecho fue o no excepcional y, esperemos, irrepetible, si algo se pudo haber minimizado, o acotado, en sus trágicos resultados, eso no fue posible, porque nada, o muy poco se había hecho para lograrlo.
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Hay que reconocer, sin embargo, que el fenómeno del cortoplacismo y la ausencia de obras públicas de infraestructura adecuadas son imputables no sólo a este gobierno en particular, sino también a una larga historia que caracteriza a la mayoría de los gobiernos y, por lo tanto, a la sociedad argentina como un todo.
Lo que se destaca, en estos años, en todo caso, han sido las excepcionales condiciones externas e internas que hubieran permitido, con las prioridades adecuadas, financiar obras de largo plazo a costo relativamente bajo, sin sacrificar crecimiento económico, ni bienestar de corto plazo de los sectores más necesitados.
Basta contrastar las condiciones de financiamiento que consiguen nuestros vecinos, o el absurdo sistema de “subsidios al consumo de clase media y alta” que se lleva casi 4% del PBI, local, como dos ejemplos, para comprobar que, en ese sentido, estamos claramente frente a una “década perdida”. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es aún más injustificable, porque estando disponible la financiación para las obras que faltan y que, al menos, hubieran podido minimizar el problema, cuestiones estrictamente políticas hicieron que el Gobierno nacional le negara autorización al local, para acceder a préstamos de organismos multilaterales de crédito. Igual, la Legislatura porteña hubiera podido reasignar partidas y prioridades, y concentrar recursos en algunas obras y no en otras.
Pero aun en un contexto cortoplacista de aliento al consumo privado y al gasto público populista, por sobre la inversión, bien pudieron armarse sistemas que atendieran las emergencias de manera más eficiente. Cuestiones que no requieren demasiados fondos, ni créditos de largo plazo. Pero sí calidad de gestión. Y esto es lo que ha quedado más en evidencia en estos días. La pésima, salvo honrosas excepciones, calidad de gestión, aun con fondos, que tiene el omnipresente Estado argentino.
Y esta falta de calidad de gestión se asocia con la débil institucionalidad que hoy nos caracteriza. En efecto, en todas partes los políticos tienen la tentación de priorizar el corto plazo y mostrar resultados inmediatos. Simplemente, porque todos están sometidos al escrutinio y a la competencia electoral sistemática y periódica. Pero existen marcos institucionales, burocracias profesionales, sistemas de control y, sobre todo, jueces independientes capaces de hacer cumplir las leyes y castigar a quienes no la cumplen.
En ese contexto, quien se equivoca paga y paga caro. De allí que, aun a su pesar, los funcionarios se ven obligados a hacer, mínimamente, lo que hay que hacer. Además, esa misma ausencia de controles institucionales lleva a una creciente corrupción. Y la corrupción no es sólo “más cara”, sino que afecta la gestión. Porque los corruptos tienen que ser “amigos” y ser “de los nuestros”. Y no necesariamente los amigos son buenos gestionando.
Pero a no engañarnos. Una mayoría de la sociedad argentina ha sido “partícipe necesaria” de todo lo descripto. Espero, con esperanza, que la muerte de tanta gente ponga fin a esta absurda ruleta rusa que hemos elegido jugar desde hace décadas.
