Entre 1902 y 1995 estuvo vigente en la Argentina el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Se trata de una ley, la 17.531, que fue “suspendida” pero no “derogada” como consecuencia del asesinato del soldado Omar Carrasco en la provincia de Neuquén, mientras estaba bajo bandera. El SMO fue concebido no sólo como una medida de defensa, sino también como un instrumento de disciplinamiento y cohesión social. En tándem con la educación pública, fueron dos herramientas fundamentales para darle forma a la Argentina moderna. No es llamativo, entonces, que frente a situaciones de crisis y ausencia de políticas, se agite la idea de volver a implementarlo. Esto también se debe a que la visión sobre su utilidad y las experiencias acerca de la “colimba” no son monocordes. En muchos lugares del país, durante décadas, el SMO cumplió un importante papel incluyente: escolarizó y llevó la salud a miles de jóvenes.
Sin embargo, una mirada estructural y de largo plazo es necesaria, porque discutir el SMO es una forma de ver el estado de nuestras imaginaciones como país. El asesinato del joven Carrasco fue el hito que llevó a la suspensión del SMO: mostró el punto al que había llegado su degradación. Pero llamativamente, hubo que “esperar” trece años desde la derrota en Malvinas, que entre otras cosas fue una prueba palmaria del fracaso del sistema de la conscripción.
Los protagonistas de ese conflicto bélico fueron, abrumadoramente, conscriptos (salvo en el caso de la Fuerza Aérea). Alrededor del 80% de las fuerzas de Ejército fueron conscriptos (de las clases 1962 y 1963 sobre todo), así como 130 de las 323 víctimas del crucero Belgrano. La derrota mostró graves falencias de las Fuerzas Armadas, que por supuesto se extendían también a su lógica de reclutamiento e instrucción (el SMO). Hubo numerosas críticas de oficiales que habían servido en las islas a este sistema, así como denuncias acerca de las diferencias entre los regimientos. Por ejemplo: había un corte clasista y racista en muchos de ellos, evidente durante la guerra en graves fallas, delitos y malos tratos por parte de oficiales y suboficiales. Hubo también unidades con oficiales competentes y bien instruidas, que respetaron y cuidaron de sus hombres. No se puede generalizar pero lo más fácil sigue siendo hacerlo, ante la ausencia de investigaciones sistemáticas. Pero claramente, el Informe Rattenbach muestra que más allá de casos aislados, las instituciones militares habían fracaso en su conjunto, y en consecuencia, el SMO también.
A finales de 1982 surgió el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (Fosmo). Esta iniciativa, que impugnaba a la institución, no puede pensarse sin tener en cuenta el contexto de movilización de los organismos de derechos humanos, y la derrota militar en las Malvinas. El Fosmo se basaba en el ejercicio de la patria potestad, ya que la ley de SMO “obligaba al hijo, pero no al padre”, así como en cuestiones morales y políticas.
Al igual que otras luchas de la época, se trataba de padres –adultos– hablando en nombre de sus hijos. Por eso es llamativo el contraste con la política de las organizaciones de ex combatientes. En sus primeros documentos, impulsaron el reemplazo del SMO por una Ley de Servicio de la Defensa Nacional. Denunciaban los malos tratos y abusos en Malvinas, pero planteaban la necesidad de un SMO “donde se nos respete como ciudadanos y, ya como parte del pueblo, estamos dispuestos a luchar por el país”.
Este contrapunto entre “padres” e “hijos”, alumbrado por la catástrofe de Malvinas, es interesante para poner en contexto las actuales discusiones sobre la reinstalación del SMO. En primer lugar, cualquier discusión al respecto implica un proyecto de país y, dentro de él, el lugar asignado a las Fuerzas Armadas. Pero, más importante, alerta acerca de la urgencia de pensar qué lugar les damos a los jóvenes, cómo los representamos en tales proyectos.
*Historiador.
