La crisis financiera, económica, política e institucional (2008) generó un debate intenso. Los programas de déficit fiscal y de deuda pública adoptados para enfrentar los problemas son catalogados de “locura” por los sectores más alineados con el capital financiero. Como argumento, advierten que los mercados financieros ya están anunciando problemas para los Estados más endeudados. “Las primas de riesgo (peligro de morosidad) de las deudas española, griega e irlandesa son cada día más altas”, se espantan. Los seguros pagados para garantizar a los acreedores del gobierno español subieron en los últimos cuatro meses de 2009 el 75%.
Casi en falsete, el economista Xavier Sala i Martín avisa que eso ha hecho agitar a las tres grandes empresas de rating (firmas “independientes” que evalúan el riesgo de que un gobierno no pueda pagar). “La empresa Fitch Ratings”, subraya Sala i Martín, ha bajado la categoría de los bonos griegos dos veces en pocas semanas. Por su parte, Standard & Poor’s ha rebajado la perspectiva de su valoración del gobierno de España de “estable” a “negativa”. Finalmente, Moody’s predice que España es el país con mayor riesgo económico de Europa para 2010.
Anoticiado de que el déficit de Grecia es cuatro veces superior al máximo tolerado por la Unión Europea (no más del 3% del PBI), el Banco Central de Europa –considerado el más autónomo del mundo– está presionando a Atenas para que adopte un rígido plan de austeridad, una receta briosa pero no novedosa. Jean-Claude Trichet, su presidente, informó que “no solamente Grecia, sino también otros países, por supuesto, deben hacer todo lo posible para poner sus finanzas nacionales en orden”. Pero otras voces existen en el mismo ámbito.
Si algún consenso existe acerca de los orígenes de las fallas geológicas que derrumbaron la economía del mundo, es que se sitúan en el sector financiero. Es razonablemente mayoritaria la opinión de que uno de los problemas que existen con los bancos centrales en Europa es que se ven a sí mismos como defensores del sistema bancario. En consecuencia, en momentos en que Obama acaba de anunciar un plan para limitar el tamaño y las actividades especulativas de los bancos y las entidades financieras, adoptar sin más las recetas que provienen de dicho estamento equivaldría a pedir consejos al zorro sobre cómo cuidar a las gallinas.
Planeta y época de paradojas. El Banco Central norteamericano (Federal Reserve Board), que completó el proceso de reelección de su autoridad, Ben Bernanke, por otros cuatro años, tiene como mandato “conducir la política monetaria del país, a través de influenciar las condiciones crediticias y monetarias de la economía, con el objetivo de alcanzar el máximo empleo posible, además de mantener precios estables”. Esto es, las preeminencias son el pleno empleo y la baja inflación. En cambio, las prioridades de los bancos centrales en Europa (incluyendo el Banco Central Europeo, BCE), son inversas; en el caso del BCE, su función principal “consiste en mantener el poder adquisitivo de la moneda única y, de este modo, la estabilidad de precios en la zona del euro”. Aunque los Estados Unidos son percibidos en Europa como liberales, lo cierto es que, siguiendo los preceptos de Maastricht (tratado de la Unión Europea de 1992), no hubiesen podido ser aceptados en la Unión Europea, pues sus quebrantos durante el período 1989-2007 fueron superiores a lo permitido.
El politólogo y economista español Vicenç Navarro subraya que el sistema bancario y sus bancos centrales niegan toda responsabilidad en la destrucción del empleo, que atribuyen a las “rigideces” del mercado de trabajo y a la excesiva “permisividad” pública hacia sus déficits. Sin solución de continuidad, afirma que las agencias evaluadoras de los bonos e instrumentos bancarios (que no son “independientes” de la banca, como Standard & Poor’s, ya que viven de ella) penalizan a aquellos Estados que consideran tolerantes respecto de su déficit.
Existen estudios econométricos que aseguran que hay una total falta de datos empíricos que avalen la tesis de que a mayor independencia se sigue una mayor credibilidad de los bancos centrales, lo que conduce a mayor crecimiento y desarrollo. El profesor de Economía Aplicada Alberto Montero Soler sostiene que la concesión de un mayor grado de independencia para la banca central constituye un asunto demasiado problemático como para poder ser resuelto con referencias cuestionables acerca de su efecto sobre la credibilidad de la política monetaria.
Es que detrás de toda carta orgánica vive siempre una determinada escuela, y detrás de esa escuela, intereses no excluyentemente académicos. Es lo que festivamente describió Arturo Jauretche, al relatar el episodio en el que el funcionario del Banco de Inglaterra Otto Niemeyer entregó al gobierno argentino su propuesta para la creación del Banco Central (década del 30). Las autoridades argentinas se la devolvieron con “fundamentalísimas modificaciones”. Una le suprimía al gobierno argentino la potestad de rechazar la propuesta para presidente y vicepresidente de la autoridad monetaria hecha por la mayoría que los bancos extranjeros tenían en la Asamblea General de Accionistas; la otra obligaba a que la mitad del capital del Banco Central fuese suscripto por el gobierno en lugar de por los bancos, sin darle injerencia en la Asamblea. Sir Otto jamás habría pensado en volver a Londres en posesión de tamaña maravilla.
En consecuencia, y como los resultados de la política económica son soportados por los gobiernos –que tienen responsabilidad electoral–, aparecen propuestas de modificaciones a las cartas orgánicas según las cuales los bancos centrales deberían estar supervisados “por representantes elegidos por la población (es decir, miembros del Congreso), a los cuales tendrían que rendirles cuentas”, y sus directores debieran poder ser destituidos según el deseo popular. Para que las ideas no sean distorsionadas, es necesario subrayar que esto no equivale ni a la manipulación irresponsable por el Poder Ejecutivo de la autoridad monetaria, ni a la teoría del álter ego, según la cual el banco central de que se trate no es más que “el otro yo” de la administración central.
La república tiene un solo poder contra-mayoritario, que es el Judicial. Esto se debe a que, como los jueces son garantes de la Constitución y de las leyes, es preferible que no estén sometidos a elecciones periódicas, razón por la cual disfrutan de inamovilidad primaria. Con uno, es suficiente.
