El conflicto entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura por la inhabilitación del Tribunal Oral Criminal Nº 9 para entender en causas federales es parte del que mantiene el Poder Judicial con el Ejecutivo por la depuración de ese fuero. Eso pone al Gobierno frente a la peripecia de concretarlo sin ser sospechado de obrar en beneficio propio. La duda para retacearle autoridad no es original. Se aplicó también al kirchnerismo. La astucia consiste en compararlo con Cambiemos, inclinado a reconstruir un peculiar recuerdo de aquel período. En el que ni Comodoro Py ni el Máximo Tribunal habrían sido tan celosos para cuidar su independencia.
Argumentos políticos en contra y a favor de la injerencia del Senado. Para Cambiemos, el traspaso de magistrados del fuero criminal al federal ya tiene su aval. Con la última acordada, la Corte insiste en que los designe esa Cámara. El proyecto oficialista de elevar de 12 a 24 los juzgados federales para diluir su influencia está en el centro de esa puja.
Al designar jueces, el Senado cierra el proceso iniciado por el Consejo de la Magistratura: responsable también de los traslados que motivaron controversia pero con el respaldo de la Ley 27.307 de 2016. El Consejo y la Corte están atravesados por otra cuestión sensible. Los mandatos de los consejeros vencen en noviembre. Igual que el de Ricardo Lorenzetti en la presidencia del Supremo Tribunal.
Hay otra. La Corte debe resolver la apelación del Ministerio de Justicia al fallo de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 de 2006, dictado por la Cámara Nacional en lo Contencioso. Impugna la reducción de 20 a 13 miembros del Consejo de la Magistratura y la supresión del cargo de presidente para el titular de la Corte.
Oficialismo y oposición eluden hablar de la supuesta amenaza de Lorenzetti. Confirmar ese fallo y volver a la composición original, incluida la tutela de la Corte a la selección de jueces, si en 2018 no hay una nueva ley para regular al Consejo. Nadie cree que sea el destino del proyecto de Pablo Tonelli (PRO) en Diputados.
Pero el artículo 3º da indicios de una iniciativa que cautiva incluso a los que se desentienden de su existencia. La prórroga de un año al actual Consejo por un DNU. Dependería de dos condiciones. Que la Corte deje en el limbo la inconstitucionalidad de la ley vigente y de un acuerdo con la oposición. Al oficialismo le conviene este Consejo más que cualquier otro. Tiene 9 de 13 miembros.
Angelici. Quizás por eso Miguel Piedecasas pidió audiencia a Lorenzetti después de solicitar precisiones del alcance de la acordada. Son mayoría los miembros del Consejo para los que la salida al conflicto es una negociación política. De la que no tomaría parte su presidente ni su mentor, Daniel Angelici, sin rango en la mesa judicial que define esos temas: Pablo Clusellas, José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Pero a Angelici se le atribuye influencia en el funcionamiento del Consejo. Tal vez porque el oficialismo recuerda a los K el paso de Jorge “Pati” Ballestero en el Tribunal de Disciplina de la AFA por medio de Julio Grondona.
Con Eduardo Farah, Ballestero falló a favor de la libertad de Cristóbal López. La Corte solicitó al Consejo que investigue el procedimiento de Ballestero para elegir a Farah y desempatar con Leopoldo Bruglia, uno de los traslados de fuero por ese cuerpo. La mención a Ballestero es correspondida con la de Juan Bautista Mahiques, autorizado por el Consejo a integrar la Comisión de Disputas en la FIFA. Aunque representa al Ejecutivo, el subsecretario de Justicia carga con el aparente padrinazgo de Angelici.
Para aceptar ese puesto ad honorem, precisó la dispensa del Consejo que impide desarrollar cualquier otra tarea remunerada. Lo logró por unanimidad, pero con una fórmula curiosa. El Consejo se convenció de que la FIFA no persigue fines de lucro.
Mahiques se reveló solvente para lidiar con esa sombra. Tiene relación propia con la mesa judicial de Cambiemos pero también con Mauricio Macri: comparte el deseo del Presidente de mantener al actual Consejo, al que imprimió un sello propio. Capturó para el oficialismo el voto de Jorge Candis, representante de los académicos en el Consejo. Docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la gestión de Candis fue debatida por los rectores que eligieron a Diego Molea para sucederlo en noviembre. El de la UNLZ los sedujo con un argumento irresistible. Intervenir desde el Consejo si la Justicia Federal avanza en investigar 52 casas de estudios.
En julio de 2017, el fiscal Guillermo Marijuan allanó las universidades Arturo Jauretche (Florencio Varela), Unicen (Olavarría), Undav (Avellaneda) y Chilecito (La Rioja), por supuesta malversación de caudales públicos. Pese a que la designación de Candis fue impuesta por Julián Alvarez sin que nadie la objetara por temor a represalias del entonces viceministro de Justicia, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acusan a Candis de no proveer auxilio en esa situación.
Los rectores aceptan “errores” de gestión que aprovecharían jueces y fiscales para condicionarlos y favorecerse con una carrera académica. Silvio Carzoglio invertiría el teorema: docente en la UNLZ y juez de Garantías en Avellaneda, allanó el Colegio de Abogados de Lanús con la intención de suspender la elección de autoridades donde interviene Gabriel Di Pascale, asesor de Piedecasas y autoridad del Colegio de Abogados de Lomas. Piedecasas dirige en la UNLZ el posgrado de Administración de Justicia. Carzoglio está a punto de ser suspendido. Paso previo a ser enjuiciado.
El Ministerio de Educación desmiente que Alejandro Finocchiaro esté relacionado con Angelici, pero asume que se respaldó la elección para el Consejo de “un peronista, moderado y racional”. Puede que los reparos con la Justicia Federal sean una coincidencia circunstancial entre el Gobierno y los rectores, que el 5 de abril se reunirán con la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General. El CIN especula con que le pedirán designar los auditores que hasta ahora eligen las universidades. ¿De qué lado quedará Molea?
Si se impone la prórroga de un año en los mandatos del Consejo por la vía de un decreto presidencial, quedará liberado de esa disyuntiva que, de modo paradójico, zanjaría Candis. Eso sí. La elección de Molea pasaría a ser lo que el peronismo llama con sarcasmo “chupetín de lata”. Un insulso premio consuelo.
